España no notificó a Bruselas la baliza V-16, pero la Comisión no aclara si era obligatorio hacerlo

La Comisión Europea confirmó este viernes que España no notificó a Bruselas la introducción de la baliza V-16 —destinada a sustituir a los triángulos de emergencia—, aunque precisó que corresponde a cada Estado miembro determinar si esa notificación era obligatoria, sin aclarar si en este caso debía haberse realizado, según informa EFE. 

En una respuesta parlamentaria a la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, el vicepresidente comunitario de Industria, Stéphane Séjourné, señaló que España tampoco comunicó el decreto que impone el uso obligatorio del dispositivo ni el requisito de que la baliza transmita su geolocalización a la Dirección General de Tráfico (DGT).

No obstante, Séjourné subrayó que son los propios países los que deben evaluar si sus proyectos están sujetos a la obligación de notificación. Recordó además que, si un Estado incumple este deber, Bruselas puede iniciar un procedimiento de infracción.

La consulta también planteaba si exigir un único modelo nacional de baliza podría restringir la libre circulación de productos en la UE. El vicepresidente indicó que los dispositivos de señalización de peligro no están armonizados a nivel europeo y se rigen por normas nacionales, aunque advirtió de que imponer requisitos técnicos específicos podría equivaler a una restricción comercial que España tendría que justificar conforme al derecho europeo y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión, sin embargo, no precisó si considera que la normativa española sobre la baliza V-16 constituye efectivamente una barrera al comercio ni si estaría justificada. Según el derecho comunitario, las restricciones al mercado interior solo pueden admitirse por motivos como la seguridad o la protección de la vida, siempre que no supongan discriminación ni obstáculos encubiertos entre Estados miembros.

El PP exige al Gobierno explicaciones inmediatas

Tras la respuesta de la Comisión Europea, Montserrat ha advertido que el pronunciamiento de Bruselas "pone en cuestión la seguridad jurídica" de la obligatoriedad de la baliza V16 y ha instado al Gobierno a "aclarar de inmediato" si la norma se ajusta plenamente al Derecho de la Unión, según informa Europa Press.

Montserrat ha señalado además que el propio Ejecutivo comunitario recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos no notificados, lo que, a su juicio, confirma "la enorme inseguridad jurídica" generada tanto para los conductores como para el sector.

Asimismo, ha subrayado que la Comisión advierte de que este tipo de exigencias nacionales puede suponer una restricción al mercado interior y ha reprochado al Gobierno que actúe "por libre", reclamando que garantice el respeto al Derecho europeo y que proceda con "transparencia y responsabilidad".

Grande-Marlaska comparecerá a petición del PP

Según el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá para explicar el "caótico proceso" de implantación de esta norma, que afecta a unos 28 millones de conductores, así como las campañas informativas realizadas por la DGT sobre la nueva regulación. 

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La comparecencia fue solicitada por el Partido Popular, que pidió que el titular de Interior acudiera a la Cámara Baja antes de que terminara enero. Marlaska debía intervenir el 29 de enero, pero una "indisposición" obligó a suspender la sesión prevista.

Posteriormente, el pasado 11 de febrero, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro volvió a defender la obligatoriedad de la baliza V16 para los vehículos que circulan por las carreteras españolas. Desde el PP, en cambio, quisieron relacionar esta medida con un supuesto caso de corrupción que afectaría al PSOE, según informa Europa Press.