Meloni desafía de nuevo a los jueces y deporta a Albania a 40 migrantes que ya estaban en Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha desafiado de nuevo las leyes y a los jueces de su país para intentar trasladar a extranjeros que ya estaban en suelo italiano a centros de internamiento construidos y sufragados por su Gobierno en Albania. 

Este viernes, el buque Libra de la Marina militar italiana partió del puerto de Brindisi, en el sur del país, con 40 personas a bordo y con destino al de Shengjin, en Albania, al que llegó pasadas las tres de la tarde y desde el que los migrantes serán trasladados al centro de Gjader, a 80 kilómetros al norte de Tirana, la capital, donde deberán esperar su expulsión.

Se trata del cuarto intento de Meloni de enviar migrantes a Albania. En esta ocasión son un grupo de 40 personas de diversas nacionalidades, entre ellos argelinos, tunecinos y bangladesíes, llegados en los últimos días al centro de espera de Brindisi y que ya han visto rechazada su petición de asilo en Italia.

Su deportación había sido anunciada el jueves por el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, quien aseguró que los citados centros se utilizarán para la repatriación de migrantes que ya cuentan con una orden de expulsión en espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Dos centros en Albania

El Gobierno de ultraderecha de Meloni abrió el pasado octubre dos centros en Albania, tras alcanzar un acuerdo con ese país, para expulsar desde allí a los migrantes interceptados en el Mediterráneo central sin derecho a asilo. Tras semanas inutilizados por las trabas de la Justicia italiana a las deportaciones, Roma decidió reconvertirlos en centros de espera para la repatriación.

La idea inicial era internar en ellos a los migrantes rescatados en el mar que no tuvieran derecho al asilo –varones sanos y procedentes de países considerados seguros–, pero los tribunales italianos se negaron a convalidar las retenciones en Albania y recurrieron al TJUE, cuya sentencia se espera para el próximo junio.

La posición de los jueces suscitó un sonado encontronazo con el Gobierno de Meloni y también hizo que, desde entonces, los centros en Albania hayan quedado inutilizados. Su coste se estima en unos 800 millones de euros, y el Ejecutivo italiano decidió cambiar su función por decreto el pasado 28 de marzo.

De este modo, ha ampliado las funciones de estos recintos para considerarlos centros de permanencia para la repatriación, donde los migrantes que ya estén en suelo italiano pero a los que se les haya denegado el asilo deben esperar su expulsión definitiva. Con la normativa vigente, podrán permanecer encerrados en ellos hasta 18 meses.