Evo Morales carga contra una protesta de indígenas

El apoyo indígena al presidente boliviano, Evo Morales, ha comenzado a erosionarse. Nunca, desde que llegara al poder en enero de 2006, había sido tan evidente el desencanto de los pueblos nativos con el mandatario aymara, el primero en llegar a la presidencia desde la independencia del país en 1825. La indignación se ha desbordado desde el pasado domingo, cuando la Policía reprimió una marcha que, desde hace 43 días, trata de avanzar hacia La Paz para protestar por la construcción de una carretera en una reserva natural de la Amazonia.

El malestar se ha cobrado ya su primera víctima política con la renuncia de la ministra de Defensa Cecilia Chacón. Además, dos huelgas de hambre comenzaron este lunes en Cochabamba y Santa Cruz (centro del país), mientras que grupos indígenas mantienen vigilias en al menos cuatro ciudades del país desde hace más de una semana.

Los indígenas se oponen a una carretera que cruzará la Amazonia

En las acampadas se ha declarado la alerta por la represión policial, después de que unos 500 policías intervinieran con gases lacrimógenos en el campamento que los manifestantes indígenas, en su camino hacia la capital del país, habían levantado cerca de Yucumo, a 320 kilómetros al noreste de La Paz. Este fue el motivo por el que dimitió la ministra, a favor del diálogo.

La comisión de la marcha denunció la desaparición de 37 personas y la muerte de un bebé de tres meses, aunque la Policía lo niega. "Lo que se ha hecho es evacuar a la gente de la forma más ordenada posible, sacarlos y embarcarlos en vehículos a sus comunidades", justificó por su parte el ministro de la Presidencia, Carlos Romero. "Se está haciendo la clasificación de la gente para enviarla a sus regiones".

La ONU, en cambio, ha pedido una investigación y el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que dijo estar sorprendido por lo ocurrido, anunció que impulsará una demanda legal contra el Gobierno.

Denuncian 37 desapariciones y la muerte de un bebé; la Policía lo niega

Horas antes de la represión, tras reunirse con 16 comunidades a favor de su proyecto, Morales había anunciado la convocatoria de un referéndum en los departamentos de Cochabamba y Beni, las dos regiones que comunicará la carretera, y había prometido una ley contra los asentamientos ilegales en la reserva forestal por donde pasará la autopista.

Según los organizadores, unos 1.500 manifestantes comenzaron el pasado 15 de agosto una marcha desde Trinidad, capital de Beni, en dirección a La Paz, a 600 kilómetros de distancia. Con el respaldo de indígenas de otras regiones, se oponen al proyecto vial que partiría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

"Bolivia es el país con más reservas probadas y probables de gas, y todas están debajo de parques naturales, donde viven comunidades indígenas", explicó la activista Marielle Cauthin. "Esto puede llevar a un etnocidio, porque los indígenas viven de la silvicultura, de la caza y de la pesca. Necesitamos caminos, pero no a costa de un sacrificio tan fuerte".

Nunca había sido tan evidente el desencanto de los pueblos con Morales

La construcción de la carretera, de 306 kilómetros, ha sido adjudicada a la empresa brasileña OAS por 420 millones de dólares. El Gobierno ha insistido en la necesidad de esta ruta, que se convertiría en un corredor bioceánico al atravesar toda la Amazonia y comunicar regiones de Perú con otras de Brasil a través de Bolivia.

Los indígenas, en cambio, consideran este proyecto un atropello a sus derechos y exigen que se convoque una consulta popular como establece la Constitución impulsada por el mismo Morales y aprobada por el pueblo en 2009. Los nativos, que han recurrido a la Organización de Estados Americanos, han denunciado la invasión del Tipnis por parte de productores de hoja de coca de Cochabamba, que han ido usurpando terreno del parque con sus cultivos.