El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido imputado este miércoles por corrupción y tráfico de influencias tras pasar a disposición judicial después de ser interrogado durante alrededor de 15 horas.

El arresto de Sarkozy supone un hecho inédito para un antiguo jefe de Estado en Francia. Según la legislación francesa, una persona puede permanecer bajo arresto para su interrogatorio durante 24 horas, prorrogables otras 24 horas, tras lo cual debe ser puesto en libertad o imputado. Sarkozy ha estado quince.

Su abogado, Thierry Herzog, y Gilbert Azibert, abogado general del Tribunal de Casación, que estaban también bajo arresto provisional desde el lunes por este mismo caso, comparecieron este martes ante dos jueces de instrucción con vistas a su probable imputación, según fuentes judiciales. Los medios franceses aseguran ya que ambos han sido imputados.

Otro protagonista, Patrick Sassoust, también abogado general del Tribunal de Casación, se encuentra igualmente bajo detención provisional desde el lunes.

Sarkozy llegó poco antes de las 8:00 horas del martes a la sede de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF), en Nanterre, cerca de París, donde se le notificó su arresto provisional.

El expresidente, que se ha dado hasta otoño para decidir si intenta volver a la política, es objeto de una investigación judicial abierta el pasado 26 de febrero por tráfico de influencia y violación del secreto de instrucción sobre la base de las escuchas telefónicas de las que han sido objeto tanto él como su entorno.

Los investigadores sospechan que una red de informantes dentro de la justicia y la Policía le puso al tanto de procedimientos judiciales en su contra.

Las sospechas aparecieron al margen de una investigación sobre las acusaciones de financiación por parte del exdirigente libio Muamar Gadafi de su campaña electoral en 2007, empujando a la justicia a realizar escuchas en dos teléfonos usados por el exmandatario el 3 y el 19 de septiembre de 2013.

El expresidente ve peligrar su posible regreso a la política

Estas escuchas revelaron que Sarkozy y su abogado estaban al tanto de los procedimientos en curso entonces en el Tribunal de Casación sobre el asunto de las sospechas de abuso de debilidad de la multimillonaria Liliane Bettencourt.

Los jueces tratan de aclarar si Sarkozy ha tratado de facilitar una promoción en Mónaco de Gilbert Azibert a cambio de recibir información por anticipado sobre los avances en este caso.

El portavoz del Gobierno, Stéphane le Foll, defendió que la justicia "debe llegar hasta el fondo", ya que Sarkozy, que perdió su inmunidad tras su derrota en 2012 frente al socialista François Hollande, "es ahora mismo un justiciable como los demás".

Las reacciones al caso han sido moderadas en la derecha, aunque algunas personas del entorno del expresidente han denunciado una instrumentalización política del asunto. Para la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, el asunto "contribuye a desacreditar totalmente la mínima intención de retorno de Sarkozy a la escena política y principalmente a la escena política presidencial".