Expulsar, demoler, construir y anexionar: el ciclo de la violencia en Cisjordania bate récords en 2025
Desde 2023, se han promocionado alrededor de 50.000 viviendas para israelíes y han establecido 147 puestos de avanzada en Cisjordania.
Paralelamente, al menos 32.000 palestinos han sido desplazados forzosamente de tres campamentos de refugiados, según Human Rights Watch.
Madrid--Actualizado a
Primero llegan los colonos. Hostigan a los habitantes palestinos, roban su ganado y queman los olivares bajo la mirada indolente de los militares israelíes. Después llegan los puestos avanzados -outposts-, las órdenes de demolición y, por último, la conversión de las tierras palestinas en campos de entrenamiento militar. Este es el esquema básico de la colonización de la Cisjordania palestina por parte de Israel, tal y como la han descrito numerosas investigaciones de organizaciones gubernamentales -ONU- o no -Human Rights Watch-.
La colaboración entre los colonos israelíes y de las fuerzas de defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) no es oficial, pero sí habitual y necesaria para la progresiva anexión de Cisjordania. Gracias a ella, desde el 7 de octubre de 2023 han sido desplazadas forzosamente de sus tierras alrededor de 7.257 personas palestinas, según los datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). A ellas se suman otros 32.000 refugiados que, según las pesquisas de HRW, fueron expulsados de tres campamentos en los que residían. Además, Israel ha demolido, como mínimo, unas 1.964 infraestructuras, dejando sin hogar a unos 1.999 palestinos, de los que 1.302 son menores de edad, según ha recogido la ONG israelí Peace Now. La OCHA eleva la cifra de demoliciones a 3.667.
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Mientras se producía esta destrucción del ecosistema palestino, entre octubre de 2023 y noviembre de 2025, los colonos israelíes se establecieron en 147 nuevos puestos avanzados -outpost-. Estos son pequeños núcleos poblacionales construidos por israelíes y que incluso son considerados ilegales por Tel Aviv. Aún así, el Gobierno del ultraderechista Benjamín Netanyahu no ha hecho nada por desalojarlos.
Pero esto es solo una cuestión administrativa. En la segunda mitad de 2024, las autoridades israelíes iniciaron la regularización de otros diez puestos avanzados, siempre de acuerdo a los datos recopilados por Peace Now. A ello se le suma la existencia de otros 141 asentamientos israelíes en Cisjordania. Es decir, considerados legales para Israel y territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel por la comunidad internacional.
A su vez, desde el 7-O hasta el 1 de septiembre de 2025, ha declarado estatales otros 25,96 kilómetros cuadrados de tierras palestinas. Este eufemismo jurídico significa la anexión, de facto, de dichas tierras palestinas. Estos casi 26 kilómetros cuadrados, al igual que la mayoría de los que Israel se ha anexionado a lo largo de su historia reciente, pertenecían a la Zona C de Cisjordania.
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Para entender esta subdivisión del territorio palestino es necesario retrotraerse a 1995, cuando el Gobierno sionista de Isaac Rabin (Partido Laborista) y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, firmaron la segunda parte de los Acuerdos de Oslo. En ellos se aprobó la creación de la Autoridad Palestina (AP) que actualmente gobierna en Cisjordania y se segmentó el territorio en tres áreas: la zona A, zona B y la zona C.
Zonas A, B y C
Los Acuerdos de Oslo establecieron como Zona A al 19% de Cisjordania. Unos 1.101 kilómetros cuadrados, cuya administración civil y seguridad corre a cuenta de la Autoridad Palestina (AP). La zona B, de mayor tamaño, está conformada por otros 1.257 kilómetros cuadrados de territorio palestino administrados civilmente por la AP pero militarmente por Israel. La zona C es la más extensa de las tres. Abarca 3.317 kilómetros cuadrados que están completamente administrados por Tel Aviv.
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Desde estos asentamientos, habitados por los colonos más extremistas, se llevan a cabo las razzias contra otras aldeas palestinas, perpetuando este ciclo de anexión. La primera parte de los Acuerdos de Oslo estableció un plazo de cinco años para que los israelíes cedieran el control total de la zona B y C a la Autoridad Palestina. Dicho plazo vencía el 4 de mayo de 1999. El Acuerdo llegó agonizando a dicha fecha y murió, oficialmente, al año siguiente.
Durante el genocidio, el Knéset -Parlamento israelí- ha dado pasos para consolidar el apartheid de los palestinos en Cisjordania, especialmente en la Zona C. En mayo de este año el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó asumir la responsabilidad exclusiva del registro de tierras de esta área. En julio, la mayoría del parlamento israelí votó a favor de una resolución no vinculante para anexionarse toda Cisjordania y, en octubre, aprobó la tramitación de un proyecto de ley para aplicar la soberanía israelí en toda Cisjordania.
EEUU y sus aliados árabes en Oriente Medio, como Emiratos Árabes Unidos, se han mostrado contrarios a la anexión de Cisjordania, pese a que no han hecho nada para impedir el avance de Israel en esta dirección. Es más, según Peace Now, entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Tel Aviv ha promovido sin mayor impedimento la construcción de 37.321 nuevas viviendas en asentamientos israelíes en Cisjordania.
Violencia colonial
El avance colonial sólo es posible mediante la violencia. En este escenario, las fuerzas armadas israelíes tienen dos opciones: ejercerla o hacer la vista gorda ante los abusos de los colonos. Desde el 7-O han hecho uso de ambas estrategias. Desde los ataques de Hamás de aquel día contra militares y civiles, han sido asesinados en Cisjordania 1.075 palestinos, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés). De ellos, 222 eran menores de edad y otros 19, ancianos. Además, 10.760 personas resultaron heridas.
Antes incluso de los ataques de Hamás de octubre de 2023, las autoridades israelíes ya hacían la vista gorda ante las hostilidades de los colonos. Ahora, la situación es considerablemente más grave. Por un lado, porque la impunidad con la que operan los colonos es cada vez mayor. Ejemplo de ello fue el levantamiento de las sanciones interpuestas contra quienes habían cometido actos violentos contra la población palestina por parte de EEUU.
Entre las primeras medidas tomadas por la nueva Administración de Donald Trump en relación a Israel se destacaron la eliminación dichas sanciones y la invitación de Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca. Uno de los colonos que quedó libre de dichas sanciones fue Yinon Levi, princial sospechoso del asesinato de Odeh Hadalin, ocurrido el pasado 28 de julio. Hadalin era un activista palestino colaborador del documental No Other Land, ganador del Óscar en 2024.
Otro fenómeno que ha agravado la violencia colonial en Cisjordania han sido las declaraciones y propuestas incendiarias del propio Gobierno israelí. Especialmente, de los ministros de Finanzas y de Seguridad, Bazalel Smotrish e Itamar Ben Gvir, quienes han azuzado a sus votantes -que componen el sector más extremista de la población israelí- para que expulsen a los palestinos de las tierras que consideran suyas por mandato divino. La estrategia parece haber surtido efecto. Según OCHA, desde el 7-O unos 7.257 palestinos han sido desplazados de sus tierras por la hostilidad de los colonos o la presión militar.
Sin embargo, no ha sido la violencia colonial la que más desplazamientos forzados ha generado, sino las FDI. La organización Human Rights Watch (HRW) ha realizado una investigación en la que ha estimado que, al menos, 32.000 personas fueron desplazadas de los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams -todos ellos en la zona C y al norte de Cisjordania- entre enero y febrero de 2025.
Esta operación militar, llamada Muro de Hierro, se produjo durante el breve alto el fuego alcanzado por Israel y Hamás tras la llegada de Trump al poder. Así, según las pesquisas de HRW, mientras el mundo observaba tenso el desarrollo de los acontecimientos en la Franja de Gaza, en Cisjordania las IDF provocaron el mayor volumen de desplazados en una sola operación desde la Guerra de los Seis Días de 1967.
Operación Muro de Hierro
El objetivo de las intervenciones militares contra estos tres campos de refugiados en Cisjordania era acabar con los "elementos terroristas" que residían en ellos, según anunció Benjamín Netanyahu. Dicha operación contó con la colaboración de las IDF, el Shin Bet -la agencia de inteligencia israelí- y la policía fronteriza. El 21 de enero, los soldados entraron en Jenin destruyendo casas y expulsando a sus habitantes. Seis días después hicieron lo propio en Tulkarem y el 9 de febrero en Nur Shams.
Estos campamentos de refugiados fueron creados en los años cincuenta como consecuencia de los desplazamientos de población que provocó la creación del Estado de Israel en 1948. La Asamblea de la ONU afirmó en su resolución 194 que los refugiados palestinos tenían derecho de volver a los hogares de los que habían sido desplazados. Esto nunca ocurrió. A principios de este año, aquellos refugiados y su descendencia volvieron a ser expulsados del lugar que habitaban.
"Los soldados llegaron y nos dijeron que nos fuéramos. Temo que lo que ocurrió en 1948 vuelva a ocurrir aquí. Presiento que no podremos regresar jamás" afirmó un residente del campo de refugiados de Tulkarem a los investigadores de HRW. La expulsión de los palestinos refugiados de estos campamentos no sólo fue inesperada sino explícitamente agresiva. Al menos cinco personas, entre las que se hallaba una mujer embarazada, fueron asesinadas por las fuerzas israelíes durante las incursiones contra los campamentos.
Pocos días después de que se produjeran estos desalojos llegaron las grúas y las órdenes de demolición. De acuerdo al estudio satelital realizado por HRW, al menos 850 viviendas fueron derruidas, si bien no pesaba sobre todas ellas una orden de demolición. Milena Ansaria, investigadora de Human Rights Watch y coautora del informe ha explicado a Público que "los campos de refugiados están atestados y las casas se encuentran muy cerca las unas de las otras", de manera que "la demolición de una vivienda impacta definitivamente en la casa contigua".
Subraya también que el hecho de que exista una orden de demolición del Ejército de Israel no significa que esta sea legal a ojos del derecho internacional humanitario. Para empezar, porque si el objetivo de las incursiones es acabar con "el terrorismo", no es necesario cambiar "permanentemente la estructura de los campamentos". A no ser que, como evidencia Ansaria, el objetivo de estas incursiones fuera otro. En este punto, la investigadora repasa las declaraciones de los altos cargos del Gabinete de Seguridad.
En primer lugar, el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las IDF que se preparasen para "una larga estancia en los campamentos desalojados durante el próximo año" y que no permitiesen "el regreso de los residentes". Tal y como recoge en el informe de HRW, el ministro Smotrich también se pronunció sobre la operación en los campamentos y advirtió que si sus residentes continuaban con "sus actos de terrorismo", sus antiguas vivienas se convertirían en "ruinas inhabitables" y sus residentes se verían obligados "a emigrar y buscar una nueva vida en otros países".
Estas y otras declaraciones similares forman parte de las pruebas recopiladas por los investigadores de la ONG y que apuntalan la hipótesis de que el objetivo de la operación Muro de Hierro fue, simple y llanamente, la expulsión de los palestinos de sus tierras. En palabras de Ansari, de "desplazar forzosamente a la población de manera intencional".
Los responsables de los crímenes
El artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra (1949) estableció que el desplazamiento forzado de una población ocupada por parte de la ocupante es una violación del derecho internacional. Si además, como recuerda el informe de HRW, se lleva a cabo con intenciones criminales, es considerado un crimen de guerra, y si se hace de manera sistemática contra una población, es un crimen de lesa humanidad.
Solo existen dos casos en los que, excepcionalmente, está permitido el desplazamiento de la población ocupada: por razones militares imperativas o para asegurar la seguridad de la población desplazada. En cualquiera de las dos excepciones, esta población debe ser trasladada de forma segura, con acceso a agua, alimento y a un alojamiento alternativo adecuado. Además, debe tener la posibilidad de volver a su territorio.
Pero ni estas excepciones se dieron en Muro de Hierro, ni a los palestinos fueron trasladados de forma segura durante esta operación. Diez meses después de los desalojos, las autoridades israelíes tampoco han mostrado ningún interés porque los 32.000 palestinos expulsados puedan volver a sus hogares.
De acuerdo a la investigación de HRW, los responsables últimos de estos desplazamientos no sólo han sido los miembros del Gabinete de Netanyahu que idearon e impulsaron la operación. También lo son el general de división Abraham "Avi" Bluth, por firmar las órdenes de demolición y ordenar la expulsión de los residentes de los tres campamentos de refugiados. Human Rights Watch también considera que ha cometido estos crímenes el entonces jefe del Estado Mayor de las IDF, Herzi Halevi, en virtud de su responsabilidad de mando.
La organización pide a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional "que mire también lo que ocurre en Cisjordania" y que, "si procede, ordenen arrestar a estos oficiales". A la vez, piden a los Gobiernos nacionales "que impulsen sanciones contra ellos" y que la Unión Europea "prohiba el comercio y los acuerdos con los asentamientos ilegales de Cisjordania".
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