¿Qué información pudo recoger usted sobre la autoría de los asesinatos contra hombres y mujeres líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz? Es un asunto que viene desde hace décadas.

Yo no verifico autorías. No es mi función, para responder concretamente la pregunta. Pero sí he verificado que hubo unos 400 asesinatos de líderes y lideresas sociales, personas excombatientes, etc. Y que esto, por supuesto, es algo que el Estado debe atender. Es muy preocupante, porque da muestra de una generalidad de violaciones.

No estamos hablando de casos aislados, sino de un número muy, muy importante; entonces, es necesario que el Estado tome todas las medidas de protección de las personas.

Yo hice hincapié en la necesidad de hacer lugar a las Alertas Tempranas [el sistema nacional SAT] porque muchas veces se conoce que hay un fuerte riesgo de que pasen estas cosas. La Defensoría del Pueblo emite las Alertas Tempranas, pero luego las instituciones que tienen que implementarlas no lo hacen con la celeridad requerida, o no lo hacen. Y después, viene la "crónica de una muerte anunciada".

Usted estuvo 10 días en Bogotá, Cali y Valledupar. ¿Oyó algún análisis de por qué se sigue dando esa omisión de funciones en un Gobierno del que se puede afirmar que tiene voluntad política de ponerle fin a la matanza de líderes sociales y de firmantes de paz?

Lo que pasa es que la voluntad política, por sí sola, no alcanza. Sin la voluntad, por supuesto que alcanza menos. Debe haber presencia territorial, fuerte, del Estado. Que dé la señal clara a estas bandas criminales inaceptables de que sus hechos no pueden continuar y que van a ser perseguidas penalmente y van a ser sancionadas como corresponde. Porque esa es la manera bajo la cual luego la sociedad recupera la confianza.

Sobre la Paz Total, a excepción del ELN y Segunda Marquetalia, los demás parecen interesados no en la insurgencia política, sino en el narcotráfico, la minería clandestina y el tráfico de personas. ¿Usted le ve perspectivas a la Paz Total?

Hacer futurología es impropio de la actividad humana. Imaginamos el futuro como una acentuación del presente. Y siempre nos puede sorprender el futuro con algo que no estaba previsto. Lo que yo creo es que hay buena voluntad y esa es la base.

Ahora bien, ninguna negociación va a generar buenos resultados si no se lleva adelante sobre los estándares de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Si esos estándares no se cumplen, aunque se acuerde, la negociación va a fracasar.

Las víctimas se molestan con las penas reducidas que se pactan en la Justicia transicional. Pero, en el caso de la insurgencia, no se puede negociar la paz con penas altas para una guerrilla que no ha sido derrotada. La existencia de la insurgencia es una derrota continuada para el Estado. ¿Cómo lograr un balance?

Mire, yo lo que creo es que no se debe ver todo como blanco o negro. Y, entonces, quizás el marco que se podía haber acordado es un poco más satisfactorio para las víctimas. Lamentablemente, eso no sucedió. Entonces, que las víctimas sientan insatisfacción es lógico. Es absolutamente lógico. No hay que explicarles a las víctimas. Mas bien debemos entenderlas en sus críticas.

¿La memoria es sanadora?

La memoria es sanadora y es imprescindible para el futuro. La memoria no es un problema del pasado. Es fundamentalmente un hecho para el futuro.