Se cumplen casi tres años (noviembre de 2016) de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto colombiano y la paz está muy lejos de ser real. Casi tres años y la ausencia del Estado en los territorios es un hecho. Casi tres años y la muerte, violencia, amenazas y desapariciones siguen siendo el pan nuestro de cada día en ese rincón de América terriblemente acostumbrado a ver muertos flotando por sus ríos.

Casi tres años de paz teórica y el país no deja de sangrar. Casi tres años desde que  las FARC se desarmó (era parte del acuerdo), para evidenciar el abandono de la violencia, pero el conflicto sigue allí. También la desigualdad, que se entiende fácilmente con una cifra: el 1% de los propietarios posee el 80% del territorio. Y en este aspecto, las mujeres -esenciales en la firma de un acuerdo histórico por su perspectiva de género-, por quienes la guerra pasó de forma atroz convirtiéndolas en botín de guerra, sufren con mayor fuerza esa desproporción. “Una vaca tiene más derechos que una mujer. Ellas tienen derecho a una hectárea de tierra mientras que nosotras, no. Una vaca tiene derecho a vacunación y eso es sagrado acá, tiene un veterinario. Las mujeres rurales no tienen ni un centro de salud”, declara una campesina que no da su nombre por miedo a ser perseguida. Es una de las declaraciones que recoge el informe Defensoras de Derechos agrarios, territoriales y medioambientales de Colombia, presentado por Intermón Oxfam en estos días.

Porque las están matando y Colombia es ya el segundo país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En este sentido, el grado de violencia es tal que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresaba hace unos meses su alarma por la cantidad de civiles asesinados, hostigados y amenazados. A fecha de julio de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ, entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en la que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP) y el 20 de julio de 2019, 627 personas líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados.

En tan solo los primeros cuatro meses de este año, se contabilizaban al menos 51 asesinatos de líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. Y de nuevo aquí ellas, las mujeres que deciden defender su territorio, sufren con fuerza el estigma de género y el hecho de ser indígenas, afros o campesinas. En este sentido, Oxfam Intermón alerta de que en el primer trimestre del año, los ataques contra las defensoras se han incrementado en un 97% respecto al mismo periodo del año anterior. 55 defensoras han sido asesinadas desde 2016.

Pero mientras, van pasando días, casi 1.000 desde aquella esperanzadora jornada..., y muertos. Porque la realidad, en estos casi tres años, parece estar matando la esperanza. Porque ante la ausencia del Estado, esas tierras anteriormente ocupadas por los guerrilleros de las FARC, han sido tomadas por el ELN (todavía alzado en armas), las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares y las llamadas “bacrins” (bandas criminales).

Tampoco han llegado las promesas de hace casi tres años. La reforma rural no se ha acometido y no han llegado ni los recursos y ni planes prometidos. “Hasta la fecha, solo el 3% de las disposiciones incluidas en el capítulo de la Reforma Rural se ha completado y casi la mitad ni se han iniciado”, recoge el documento de la ONG.

Han pasado más cosas en el país andino con la guerra interna más larga de Latinoamérica: 50 años. Desde hace casi tres años el cultivo de coca crece anualmente. Casi tres años en los que las empresas extractivistas aumentan su negocio. Casi tres años en los que las gentes del campo denuncian unas políticas extractivistas que va en contravía de sus intereses y que además contaminan sus ríos y bosques.

“El país se raja en materia de Derechos Humanos. Nos están matando en un contexto de conflicto y con total impunidad”, afirma Jaqueline Rivera, una activista indígena traída a Europa por la ONG para denunciar la vulnerabilidad de sus vidas y del acuerdo de paz. Ella pide que se haga un “ejercicio de escucha” hacia sus comunidades, históricamente olvidadas. “La pobreza está nosotras”, denuncia gráficamente Luz Amparo Vázquez, también defensora y parte de la misma campaña, Todas somos Victoria. Ambas subrayan que las matan por defender el territorio. También dicen hablar en nombre de todos y todas. Piden acompañamiento internacional y ser reconocidas como sujetos de derecho. Y en estos casi tres años, y con tantas compañeras y compañeros asesinados, amenazas a sus familias, y amistades forzadas al desplazamiento, reconocen que tienen miedo, pero también que han aprendido a tragárselo, a veces, confiesan conscientes de que su activismo las sitúa en el centro de la diana.