Augusto Pinochet no sólo ordenó miles de asesinatos y torturas atroces; no sólo traicionó a Salvador Allende y no sólo pisoteó los derechos de los chilenos durante lustros: también metió la mano en las arcas del Estado. Y no precisamente para sisar un poco de su asignación como jefe de una dictadura. El expolio del dinero de los chilenos fue mucho mayor: ascendió al menos al equivalente de 19 millones de euros que se apropió para él y su familia.

Ahora, su mujer, sus cinco hijos y 17 de sus colaboradores más próximos aseguran que no saben apenas nada de las más de 125 cuentas bancarias en el extranjero en las que el dictador atesoraba el fruto de su rapiña.

Difícil de sostener, porque tanto Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet, como sus cinco hijos figuran como titulares o autorizados en algunas de esas cuentas, de las que además cobraron cheques y recibieron transferencias.

Los colaboradores del general, entre ellos, su secretaria personal y los jefes de la Casa Militar -una de las instituciones de las que salió el dinero malversado-, lo tienen también difícil para mirar hacia otro lado.

Delitos probados

Las acusaciones contra el entorno del general quedan sobradamente documentadas en la causa del caso Riggs, conocido así por el nombre del banco estadounidense en el que Pinochet abrió algunas de las cuentas a lo largo de más de veinte años. No fue el único; también tenía dinero en bancos suizos y en otras entidades de varios países.

El instructor de este caso es el juez chileno Carlos Cerda. Este magistrado ha aportado cientos de documentos probatorios, entre los que se hallan el detalle de los movimientos bancarios, correspondencia militar de la época e información lograda gracias a comisiones rogatorias a Estados Unidos, Suiza, Venezuela, Panamá, Alemania y las Islas Caimán.

En los 3.000 folios en los que expone los cargos contra Pinochet que salpican a sus familiares, se describe cómo entre 1973, fecha de inicio de la dictadura chilena, y 2003, el dictador y su esposa percibieron unos 20 millones de dólares (19 millones de euros) para los que el magistrado no encuentra justificación razonable.

De ahí su presunción, según recoge el auto judicial citado por el diario chileno La Nación, de que este dinero procede de "los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile".

Para ocultar el dinero que había malversado con la complicidad de su entorno, el dictador no reparó en medios: utilizó nombres y pasaportes falsos, evadió impuestos, firmó con rúbricas diferentes a la suya habitual y utilizó empresas fantasmas que operaban en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas.

En la cárcel
El ex dictador chileno murió en diciembre de 2006 impune de éste y otros muchos delitos para desesperación de sus miles de víctimas. A éstas les quedará al menos el magro consuelo de que sus familiares no parece que vayan a tener la misma fortuna: los cinco hijos del general -dos varones y tres mujeres- ya duermen en la cárcel.

La viuda ha escapado de momento a la prisión; el miércoles tuvo que ser ingresada en un hospital donde permanece en calidad de detenida. Lucía Hiriart, de 83 años, tuvo un susto mayúsculo cuando vio que venían a detenerla y sufrió una brusca subida de la tensión arterial.

Este caso entierra definitivamente las veleidades políticas de su hija mayor, que acariciaba la idea de proseguir el camino del sátrapa.Ya antes lo tenía difícil porque los Pinochet estaban cada vez más solos. 

Buena parte de sus seguidores de la derecha chilena pinochetista había vuelto la espalda a la familia, pero sólo cuando supieron que el piadoso general había robado.

Para su prole, no habrá privilegios. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha subrayado que la Justicia chilena debe seguir su curso.

EL JUEZ QUE ENTRÓ EN LAS CUENTAS DE LA DICTADURA 

El juez Carlos Cerda ha sorteado decenas de obstáculos para atar los intrincados cabos que forman este proceso. Su primera medida, nada más hacerse cargo de la instrucción judicial del caso Riggs, fue ampliar la investigación fiscal del dictador a 1995.

Poco después, ordenó al Servicio de Impuestos Internos la remisión de todos los movimientos tributarios de las empresas vinculadas a la empresa pública Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae), relacionada con un presunto delito de tráfico ilegal de armas. Ahí encontró una pista fundamental para desentrañar una trama que no sólo salpicaba al dictador y su extensa familia sino también a altos cargos de su Ejército.

La obstinación mostrada por Cerda en este caso provocó el enfado de la familia Pinochet en más de una ocasión. El magistrado, que fue propuesto por el presidente Ricardo Lagos para integrar la Corte Suprema, recibió duras acusaciones por investigar la trama económica de la dictadura.

Sin embargo, Cerda no sólo ha contado con el apoyo político del Gobierno sino de la propia judicatura. Conocido por una capacidad de trabajo infatigable, el juez del caso Riggs acaba de recibir un premio de Derechos Humanos en EEUU.

CLAVES DEL PROCESO  

 1980 Cuenta en Riggs Bank
El auto considera probado que Augusto Pinochet abrió dos cuentas en este banco de Miami , una por valor de 24.000 dólares y otra de 26.000 dólares bajo el nombre falso de José R. Ugarte.

1993 Paraíso fiscal

El Espirito Santo Bank International Limited, con sede en las Islas Cayman, recibe dos giros de Augusto Pinochet,uno por valor de 1.900.000 dólares y otro de 2.300.000 .

1999 Sociedad fantasma

Da orden de transferir estos depósitos a dos cuentas abiertas por la empresa fantasma Coutts & Co. Miami en las Islas Vírgenes que dirige su abogado Óscar Aitken.