Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado que este miércoles iniciarán el recuento y la entrega de armas, como parte del acuerdo de paz firmado el año pasado, y, como contrapartida, han exigido al Gobierno que acelere la aplicación de la Ley de Amnistía.

Las FARC han explicado en un comunicado que, junto a Naciones Unidas, a quien los acuerdos de paz conceden este papel, iniciará "el registro de armas en todos los campamentos" y reajustará el plan de destrucción de armas inestables o explosivos que ya había empezado el año pasado".

"Anunciamos hoy (este miércoles) también que, como inicio en firme del proceso de dejación de armas, y como muestra de nuestro irrestricto compromiso con la paz, las armas de los integrantes 'farianos' del Mecanismo de Monitoreo y Verificación pasarán a custodia de Naciones Unidas", han añadido.

La guerrilla ha enfatizado su deseo de comenzar el desarme, "a pesar de los evidentes retrasos en la adecuación logística de las zonas y puntos transitorios de normalización", donde se han concentrado los insurgentes para completar su paso a la vida civil.

Según los acuerdos de paz, durante la marcha hacia estos lugares las FARC y la ONU debían haber destruido el armamento inestable y, una vez allí, debe comenzar la entrega y destrucción del restante, sin embargo, tanto el grupo armado como la organización internacional han denunciado que las condiciones en los nuevos campamentos no son las adecuadas.

Aunque se han mostrado conscientes de que "se debe dar tiempo al Gobierno para que pueda cumplir sus compromisos", las FARC han urgido a implementar cuanto antes los textos de La Habana para garantizar "de manera diáfana y tangible la seguridad jurídica para los guerrilleros".

"Esta tiene que ver con la excarcelación de los indultables y la aplicación de la Ley de Amnistía sin más retrasos", han indicado, considerando que es una petición razonable "luego del exterminio triste de alternativas opositoras en Colombia", más cuando las FARC se preparan para convertirse en partido político.

"Es también comprensible que se deben proveer las garantías socioeconómicas, los proyectos productivos que aseguren el transito digno de los guerrilleros a la vida civil" para "no fracasar en el intento, como ha ocurrido en el desarrollo e implementación de otros procesos" de paz, han apuntado.

Mayores esfuerzos

Las FARC han confiado en que Juan Manuel Santos, "el Nobel de Paz que hoy preside los destinos de Colombia en el tramo final de su Gobierno, dedique sus mayores esfuerzos a la implementación de los acuerdos, porque de ello depende la construcción de la paz con la que hemos soñado toda la vida".

"Llegó la hora de dejar atrás definitivamente la violencia (...) para que la guerra quede relegada en la nueva historia que habremos de escribir, como un lejano recuerdo acorralado por una potente voz colectiva que dice NUNCA MÁS", han concluido.

El acuerdo de paz, firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá, da un plazo máximo de 180 días, contados a partir del 1 de diciembre, cuando fue ratificado por el Congreso colombiano, para que las FARC entreguen y destruyan todas sus armas.

El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha admitido el retraso en el calendario pactado pero aún así ha asegurado que el 1 de junio, tal y como estaba previsto, se habrá completado el desarme de la primera guerrilla de Colombia.

Dos vertientes

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha anunciado este martes que en los próximos días su oficina firmará las resoluciones para amnistiar a 1.200 guerrilleros con el fin de garantizar su "seguridad física y jurídica".

Fuentes gubernamentales consultadas por el diario colombiano El Tiempo han explicado que, si bien la orden partirá del Alto Comisionado, cada una de las amnistías cursadas deberá ser revisada por un juez para que las ratifique.

La Ley de Amnistía, aprobada el 30 de diciembre, tiene dos vertientes: una destinada a dar "las más amplias amnistías" a los guerrilleros implicados en delitos políticos o conexos y un tratamiento penal especial para garantizar un trato equitativo a los agentes del Estado.

En ambos casos se excluyen los "crímenes más graves" y los que recaen en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) -crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio-, que, conforme a la normativa internacional, no pueden ser amnistiados.