La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó este viernes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que este asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora representa una "ruptura del orden constitucional" en el país.

"En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que constituye una ruptura del orden constitucional", dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

Luisa Ortega se refirió al asunto como, dijo, su "obligación" de manifestar ante el país su "alta preocupación por tal evento".

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el miércoles asumir las competencias del Parlamento por persistir en el "desacato", una decisión que ha sido recibida por los opositores como un "golpe de estado".

Como máxima representante del Ministerio Público, "llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando al Carta Magna propiciemos un ambiente de respetó y pluralidad", invitó Ortega tras referirse a la Constitución venezolana, elaborada hace 18 años en un proceso constituyente, como el "contrato social" de que participaron todos venezolanos.

La fiscal convocó a todos los actores políticos a conseguir "caminos institucionales que garanticen la paz, y que supere los obstáculos que impiden actualmente la calidad de vida que reclama nuestra población", dijo.

Asimismo Ortega rechazó cualquier acción de injerencia en los asuntos internos del país caribeño, señalando que estos deben ser resueltos por las instituciones venezolanas y los actores políticos.

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro desde el 5 de enero de 2016, fue declarado en desacato seis días después de asumir el poder por desconocer una decisión expresa del Supremo que ordenaba no investir a tres de los 112 opositores que obtuvieron la victoria en las legislativas.

La directiva que asumió el Legislativo entonces decidió juramentar a los tres parlamentarios indígenas alegando su investidura es un mandato popular alcanzado en las urnas, y que el máximo tribunal carece de legalidad por ser designado en una sesión "exprés hecha por el chavismo a última hora después de saber que había perdido la mayoría parlamentaria".

La ONU insta al Supremo a dar marcha atrás

El principal funcionario de derechos humanos de Naciones Unidas pidió el viernes al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que reconsidere su decisión de asumir el poder legislativo e instó al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que proteja el derecho de reunión pacífica.

"La separación de poderes es esencial para que funcione la democracia y es esencial mantener abiertos los espacios democráticos para asegurar la protección de los derechos humanos", dijo en un comunicado el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein.