La Fiscalía ucraniana pide la detención de su ex primera ministra

El fiscal ucraniano, Alexandr Mikitenko, pidió este miércoles la detención preventiva de la ex primera ministra, Yulia Timoshenko, a la que acusó de intentar entorpecer y dilatar el proceso judicial abierto en su contra por abuso de poder.

Timoshenko, que ya estuvo a punto de ser detenida al inicio del proceso en mayo, renunció ayer al derecho a la defensa,porque según ella el juez no le había dado tiempo suficiente a sus abogados para leerse el sumario, que consta de unas cinco mil páginas."Este es el último paso en la eliminación de la oposición. Si esto se lleva a cabo, entonces será interesante", dijo la exmandataria.

El juez Rodión Kiréyev, que rechazó la solicitud de Timoshenko de un receso de tres días para encontrar nuevos abogados, interrumpió hoy la vista judicial para deliberar sobre la petición de detención preventiva de la fiscalía.

Otra fiscal que participa en el caso, Lilia Frolova, aseguró que la líder de la Revolución Naranja de 2004 "entorpece con sus actos el establecimiento de la verdad". En su opinión, Timoshenko ya ha violado el procedimiento judicial al impedir, entre otras cosas, que los testigos presten testimonio, además de faltar al respeto al juez, a los fiscales y a los dirigentes del país.

Timoshenko se enfrenta a una pena de entre 5 y 10 años de cárcel si se confirma la acusación Timoshenko ha tachado de "farsa" el juicio, que ha estado salpicado por numerosas protestas, agresiones de diputados a la policía en la sala y manifestaciones de sus partidarios frente a la corte, y ha pedido la revocación del juez. Además, ha acusado al presidente, Víctor Yanukóvich, que le derrotó en las elecciones presidenciales de 2010, de orquestar una caza de brujas contra la oposición.

Los diputados del partido Batkívschina (Patria) de Timoshenko, consideran probable que su líder sea detenida y adelantaron que "lucharán hasta el final" para defender el buen nombre de la ex primera ministra.

La carismática política podría ser condenada a una pena de entre 5 y 10 años de prisión si es declarada culpable de los delitos de los que se la acusa: abuso de poder al firmar un acuerdo de gas con Rusia y malversación de fondos públicos.