PARÍS.- La Asamblea Nacional francesa decidió este jueves de forma casi unánime prolongar durante tres meses la duración del estado de emergencia en el país y reforzar ese régimen de excepción.

El proyecto de ley, que modifica el texto en vigor desde 1955 y refuerza la eficacia de sus disposiciones, fue respaldado por 551 diputados a favor, seis en contra y una abstención.

Los seis votos en contra fueron de tres diputados socialistas y otros tres ecologistas, y la abstención partió también del bando socialista (en el Gobierno), precisaron a EFE fuentes de la Asamblea.

La iniciativa aprobada prolonga el estado de emergencia durante tres meses a partir del próximo 26 de noviembre, fecha en la que expira el decreto suscrito el pasado sábado, tras los atentados terroristas en París que provocaron al menos 129 muertos y más de 300 heridos.

El trámite en el Senado está programado para mañana y, dado que se espera también un respaldo mayoritario, no parece probable que tenga que ser revisado en ambas cámaras en segunda lectura.

El actual estado de emergencia se decretó en un primer momento el pasado sábado a las 00.00 hora local (23.00 GMT del viernes) para "el territorio metropolitano y Córcega". Durante el sábado, se amplió a territorios de ultramar "por una necesidad de coherencia y de refuerzo del dispositivo de seguridad".

Desde su aplicación, las fuerzas del orden francesas han llevado a cabo más de 400 registros administrativos (sin orden judicial) que han permitido requisar 87 armas, entre las que había 11 armas de guerra, y se ha dictado la residencia vigilada para 118 personas.

En la discusión que precedió a la ampliación del estado de emergencia, de dos horas y media, oradores de todos los grupos, incluido el comunista, se mostraron pese a todo conformes con la modificación de una ley vigente desde 1955.

Los franceses están dispuestos a que haya más controles

"Los franceses están preparados, creo, para una restricción de las libertades relativa, enmarcada, controlada y limitada en el tiempo"

"Los franceses están preparados, creo, para una restricción de las libertades relativa, enmarcada, controlada y limitada en el tiempo. Esperan que se ponga todo en marcha para erradicar esa amenaza", afirmó el presidente del grupo socialista en el hemiciclo, Bruno Le Roux.


Ocho de cada diez franceses, según un sondeo efectuado el lunes, aseguran estar dispuestos a que haya más controles y una cierta limitación de sus libertades a cambio de un incremento de la seguridad.

Francia, según dijo al conocerse el resultado el primer ministro, Manuel Valls, envía a los terroristas el mensaje "muy claro" de que el país está "en pie", "los combatirá en esta guerra" y los destruirá. Sin la intención de ser alarmista y "con todas las precauciones que se imponen", Valls advirtió de que incluso no se pueden descartar que el país sufra atentados terroristas con "armas químicas y bacteriológicas".

El texto aprobado, que recibió el voto en contra de tres socialistas y de tres ecologistas, además de una abstención socialista, amplía la asignación del régimen de residencia vigilada a personas cuyo comportamiento, compañías o declaraciones se presenten como una amenaza para la seguridad u orden público. Algunos de esos individuos podrían ser obligados a llevar un brazalete electrónico, según una reforma que valida también el eventual bloqueo de páginas web y redes sociales que hagan apología del terrorismo.

El texto, que mañana será sometido a la votación del Senado, donde no se prevén obstáculos a su luz verde, posibilita igualmente la disolución de organizaciones vinculadas con personas a las que se les haya asignado ese tipo de arresto domiciliario.

Este proyecto constituye una primera etapa hacia una reforma constitucional que derive a corto plazo en la instauración de un "régimen civil de crisis" que permita la adopción de medidas excepcionales.

Diputados como el socialista Jean-Jacques Urvoas, relator de la ley, destacaron hoy que aunque "se sale radicalmente de lo normal", no pretende ceder "a la tentación de lo arbitrario" que pudo prevalecer en Estados Unidos tras los atentados del 11-S con la Patriot Act, de la que todavía se mantienen algunas disposiciones.

Pero ese respaldo masivo no ha sido capaz de apagar algunas dudas. "Avanzamos por una cuerda floja" entre seguridad y libertades, señaló la ecologista Cécile Duflot, mientras que el izquierdista André Chassaigne vio "preocupantes" algunas de sus evoluciones.