Los continuos escándalos y fantasmas que arrastra desde hace años la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) obligaron a las instituciones europeas a tomar algún tipo de acción. El Parlamento Europeo puso en marcha una comisión de Investigación y Escrutinio al organismo que dirige Fabrice Leggeri desde 2015 para determinar su implicación en los supuestos pushbacks de solicitantes de asilo en las fronteras europeas y en las violaciones de derechos humanos y fundamentales.

Cinco reuniones después, el grupo ha concluido su informe, que será sometido a debate el jueves en la comisión de Libertades Civiles (LIBE) de la Eurocámara. Sin embargo, sus conclusiones han decepcionado a la Izquierda Europea, que suma meses de batalla para que la agencia con más personal y recursos de la UE rinda cuentas. Las eurodiputadas Cornelia Ernst, de Die Linke alemán, y Sira Rego, de Izquierda Unida, han denunciado en una rueda de prensa que Populares, Liberales y extrema derecha han bloqueado cualquier intento de incluir testimonios de las ONG sobre el terreno con el objetivo de recabar pruebas concluyentes. Los Verdes sí apoyaban esta iniciativa, que ha contado con más fracturas entre los Socialdemócratas.

Con estos vetos, el informe final deja en el aire la responsabilidad de Frontex en la vulneración de derechos fundamentales. El borrador del documento, al que ha tenido acceso Público, constata que han existido devoluciones en caliente en la frontera turco-greca, pero reduce a "poco clara" la implicación directa de la agencia. Sí que se limita a asumir que el organismo contaba con información de que las fuerzas de seguridad nacionales, como las griegas, incurrieron en violaciones de derechos fundamentales bajo la mirada e inacción del equipo de Leggeri.

Tampoco aparece de forma explícita el nombre de Leggeri. A pesar de los intentos de la Izquierda y el amago en ocasiones previas de los Socialdemócratas, la Eurocámara no pide la dimisión del director ejecutivo, envuelto desde hace meses en fuertes críticas por su gestión y falta de transparencia. "Es alarmante cómo el informe se refiere a Leggeri. Él mismo mintió a la Comisión y al Parlamento Europeo diciendo que no sabía nada de las devoluciones en caliente cuando había gente de la agencia documentando que habían existido. Leggeri no es amigo de la verdad", ha sentenciado la eurodiputada germana.

El documento de trabajo que emana de la Eurcocámara excluye a la agencia de fronteras de cualquier responsabilidad. "A pesar de que se asume la evidencia de que Frontex tiene conocimientos y a pesar de que se bordea que ha sido un cooperador necesario para los pushbacks, el grupo de trabajo no ha querido profundizar para determinar su grado de implicación total", lamenta Rego, que denuncia un fallo de fondo en el método de elaboración y en la producción de la pesquisa.

De momento, la agencia ya cuenta con un caso abierto en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por posibles colaboraciones en devoluciones en caliente, quebrantando el Derecho Internacional y su propio código. Sin embargo, estos procesos son largos y complejos. Pueden prolongarse durante años. Entretanto, "Frontex está siendo claramente cómplice de los pushbacks", denuncia la germana, que advierte de que "hay que evitar blanquearlo". "De alguna forma, las conclusiones del informe hacen cómplice al Parlamento Europeo de Frontex en su vulneración de derechos humanos", apunta española.

El horror en los campos de Grecia

Ernst y Rego acaban de llegar una misión a los campos de refugiados griegos de cinco días. Narran los testimonios de solicitantes de asilo que han sufrido hasta 12 pushbacks y de decenas de retenciones a personas "enjauladas" sine die y aisladas de cualquier contacto con la realidad. Este limbo administrativo y existencial nos les permite atisbar ninguna esperanza de futuro, lo que ha disparado la depresión y la ansiedad entre las cientos de personas que aguardan en los campos helenos durante años.

Las ONG sobre el terreno llevan mucho tiempo documentando el deterioro salud y mental de los refugiados hacinados en las islas griegas en "condiciones lamentables" y "extremas". En su último informe, Médicos Sin Fronteras advertía de que solo durante el pasado enero tres niños intentaron suicidarse. El año anterior, MSF trató hasta 50 casos de menores con ideaciones suicidas en Lesbos. Entre 2019 y 2020, la ONG atendió a 1.369 refugiados en las islas griegas por problemas asociados a la salud mental.

"Ha sido una experiencia dolorosa. Debería hacernos reflexionar a todos", describe Rego. "He visto muchos campos y centros de refugiados en todo el mundo. Pero, sinceramente, no he visto nunca a tanta gente, tantos jóvenes, quebrados. Sin comida o algo de beber Se les encierra como a criminales. Y Frontex es un síntoma de este sistema", converge Ernst.

Seis años después de la llegada masiva de refugiados –que huían mayoritariamente de la guerra en Siria– a las islas griegas, son muchos los que todavía siguen hacinados en los campos helenos. El cierre de la ruta Oriental a través del acuerdo con Turquía en 2016 dio lugar a la implosión de llegadas por el Mediterráneo Central, que conecta principalmente Libia con Italia y es mucho más peligrosa y mortífera.

Aquí de nuevo, la UE, incapaz de consensuar una política migratoria y de asilo común, cedió parte de su responsabilidad a los guardacostas libios, bajo los que constan numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos. La parálisis y el parcheo en el drama migratorio es una de las grandes sombras que acarrea la UE. Y la huella y presión de la extrema derecha y las fuerzas anti-inmigración ya está dejando su seña en las nuevas políticas. Dinamarca, gobernada por los Socialdemócratas, acaba de convertirse en el primer país en aprobar una legislación para externalizar los centros de asilo y enviar a refugiados a países como Ruanda.