SAO PAULO. -Dos semanas después de ganar las elecciones, su principal opositor, Aécio Neves (PSDB) que había perdido por apenas un 1,3% de los votos, advirtió que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no acabaría su mandato. Cuatro gobiernos consecutivos del Partido de los Trabajadores (PT) y la amenaza del retorno de Lula en 2018 no era un plato fácil de digerir para el principal partido de la oposición, que lleva más de una década sin tomar el Ejecutivo. Lo que parecía una pataleta política se convirtió en un objetivo preciso: terminar con el mandato Dilma a cualquier coste. “No vamos a acabar con Dilma, vamos hacerla sangrar”, decía el senador Alysio Nunes (PSDB), recién iniciado el segundo mandato.

Al revanchismo del principal partido de la oposición se sumaron diversos factores para que el Congreso haya conseguido quitarse de en medio a una presidenta elegida legítimamente por 54 millones de brasileños. El primero tuvo que ver con la propia mandataria que a pesar de ganar los comicios con la promesa de retomar políticas de izquierda, aplicó el programa que defendía el opositor Neves. Con un ministro de Economía amigo de los mercados financieros se promovieron una serie de recortes sociales que provocaron la desbandada general de la izquierda y de los movimientos sociales.

A su vez el Congreso que surgió de las elecciones fue el más conservador desde la redemocratización del país. El peso evangélico, de las élites del campo y pro militar se sintió desde el primer día en ambas Cámaras, mientras que el PT perdió un importante número de asientos. El PMDB que funcionaba como partido aliado se hizo dueño del Legislativo y Eduardo Cunha (PMDB), uno de los diputados más conservadores, consiguió la presidencia de la Cámara y comenzó a tejer alianzas para imponer su programa y chantajear a la presidenta con abrirle un impeachment. La gobernabilidad del país dependía entonces de un Congreso en el que los aliados con el paso de los meses se convirtieron en oposición.

El paso de socios a enemigos no se produjo de un día para el otro. La investigación Lava Jato, considerado el mayor escándalo de corrupción del país, basado en los desvíos millonarios de dinero de la estatal Petrobras a políticos de casi todas las siglas, fue la guinda del pastel del segundo mandato de Rousseff. La mandataria vio como grandes figuras de su partido comenzaban a ser acusadas. Lo mismo sucedió con políticos del PMDB, PP o PR, todas siglas aliadas del Gobierno. Los grandes medios concentraron sus denuncias en los petistas y crearon una narrativa en la que el PT parecía el único culpable de los males del país.

La popularidad de la presidenta bajó estrepitosamente y en el mes de julio sólo un 7% de la población aprobaba su Gobierno. El desempleo aumentaba y la inflación crecía. El ambiente cada vez era más propicio para llevar a cabo el impeachment y los motivos para cumplirlo menos importantes.

El pasado diciembre, Eduardo Cunha tras ver cómo dos diputados petistas votaban en la Comisión de Ética de la Cámara a favor de que le apartaran de su cargo, cumplió su amenaza y aceptó el pedido de impeachment. Desde entonces, como cuenta gotas, los partidos aliados comenzaron a abandonar el barco que ya comenzaba a ser comandado en la sombra por el vicepresidente Michel Temer, hoy nuevo mandatario de Brasil.

En la tarde de este jueves está previsto que Michel Temer haga un discurso para la población de “pacificación y esperanza” como él mismo ya había anunciado semanas antes. El programa económico de su partido, Ponte para um Futuro, que presentó antes los empresarios paulistas el pasado mes de diciembre, resume los planes que tiene para el país.

Un giro más drástico en el ámbito económico con recortes en la Bolsa Familia que podrían dejar sin subvención a 14 millones de brasileños y volverían a colocar al país en el Mapa del Hambre; modificaciones en las leyes laborales de modo que los pactos entre patrón y empleado tengan más valor ante la Ley que los convenios sindicales; y obviar la Constitución de 1988 de modo que los gastos en Sanidad y Educación dejen de ser obligatorios.

Temer anunció que reduciría 10 ministerios y por ahora la única opción segura sería la de Henrique Meirelles para la cartera de Hacienda, la que más preocupa a los inversores del país. Meirelles, que fue presidente del Banco Central en los gobiernos de Lula, aseguró estos días que los recortes “serán muy duros”. Las privatizaciones también tendrán protagonismo, se facilitarán las normas para la compras de tierras para extranjeros y Petrobras podría ser una de las joyas en venta. El profesor de Comunicación Política, Wilson Gomes, lo resumía: “Volvemos a los años 90”.

Los movimientos sociales han advertido que no darán tregua a las movilizaciones y aseguran que lucharán contra “los retrocesos sociales” que se esperan. Por ahora Temer tiene garantizada la gobernabilidad en el Congreso, pero las calles pueden ponérselo difícil y la amenaza de unas elecciones anticipadas está sobre la mesa.