BRUSELAS.- Desde 2012 a 2014, y durante tres años consecutivos, los españoles han ocupado un lugar de privilegio en la clasificación de expulsados que ha hecho infaustamente famosa a Bélgica gracias a la ex secretaria belga de Asilo y Migración, Maggie de Block, una de esas liberales de nuevo cuño tan populares hoy en Europa. El principal discurso político de esta flamenca consiste en satanizar a las clases de trabajadores extranjeros pobres y en convertirlas a ojos de la ciudadanía en una legión de parásitos que minan en la sombra el sistema de protección social construido por los “laboriosos” belgas.

En lo esencial, nada nuevo bajo el sol de esta nueva Europa neoliberal que ha emergido de la recesión global. Pero si descendemos al detalle, de Block puede arrogarse el mérito de haber cogido por los pelos una directiva europea de 2004 para reinterpretarla en su favor y vulnerar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos europeos. Paradójicamente, la ley fue en su día promulgada para reforzar ese derecho, pero de Block ha tenido la habilidad de reinterpretarla a su manera para expulsar o condenar a la muerte administrativa a la friolera de 7.161 europeos, entre 2012 y 2014, con un controvertido pero efectivo sostén legal que consiste en afirmar que son una carga irracional para el sistema o que incumplen ciertos requisitos legales como poseer un permiso de trabajo. En realidad, lo de “carga irracional” es un eufemismo sibilino tras el que se ocultan situaciones dramáticas de desempleo, pobreza y precariedad.

La diáspora española

En el caso específico de los españoles, parece obvio que el ritmo de expulsiones guarda también relación con el número creciente de migrantes que han viajado a la desesperada a Bélgica con la esperanza de hallar un empleo o algo que merezca ser llamado “vida”. Según Izquierda Unida, la comunidad de compatriotas residentes en Bélgica supera holgadamente ya las 60.000 personas, 18.000 más de las que aparecían inscritas en el censo oficial de compatriotas en Bélgica. Con arreglo a los datos del Ministerio, el número de españoles inscritos en Bruselas a finales de diciembre era de 42.228, alrededor de 1.500 más de los que figuraban en enero de ese mismo año. Claro que en opinión de un representante de Izquierda Unida, Miguel de Porras, la diáspora de Bélgica ha crecido y continúa creciendo muy por encima de las cifras oficiales facilitadas por el consulado de Bruselas. “De acuerdo a nuestros datos, ese número no refleja ni de lejos la presencia real de españoles en el país”, asegura de Porras. “Hay que tener en cuenta que registrarse en las legaciones diplomáticas no proporciona ventaja alguna. Más al contrario, inscribirse en la lista de residentes ausentes dificulta el ejercicio de algunos derechos básicos como el voto. Por otra parte, hay mucha gente que se desplaza temporalmente, pero que, en vistas de que España sigue igual [de hundida en la miseria], alarga su estancia. Súmale a ello toda la migración circulante que pasa parte del año en Bélgica. Ese es el caso, por ejemplo, de muchos albañiles que vienen aquí a realizar trabajos temporales”.

Al decir de Izquierda Unida, la situación de todos estos españoles que se han echado la vida a las espaldas desde que comenzó la recesión es especialmente precaria debido a la total dejación de funciones de la que ha hecho gala el Gobierno y la lamentable precariedad nuestras legaciones diplomáticas. Mientras algunos países como Francia trataron de alcanzar un acuerdo bilateral amistoso con los vecinos belgas para evitar las expulsiones, el Gobierno de Rajoy permaneció completamente al margen. “En el peor de los casos, otros estados como Italia ofrecen información y ayuda a través de sus consulados. Los españoles, sin embargo, apenas son capaces de cumplir sus funciones más básicas debido a los sucesivos recortes presupuestarios”, asegura de Porras.

Total abandono institucional

En su opinión, los españoles que llegan a los Países Bajos “están siendo víctima de un total abandono institucional” cuyas lagunas deben cubrir los propios ciudadanos mediante los partidos políticos de izquierda o ciertas organizaciones como la Plataforma 15M o la Asociación Hispano-Belga. Dicho de otro modo, los propios expatriados están reconstruyendo y reforzando el tejido asociativo para hacer frente a las dificultades e injusticias, visto que el Estado español se halla prácticamente ausente y devorado por las prioridades que le fija la Troika y que gustosamente asume en comunión con sus propios postulados ideológicos. Claro que lamentablemente, muchos de los recién llegados ignoran la existencia de estas asociaciones y partidos que defienden sus derechos.

Si hay una causa común que conecta a todos ellos, ésa ha sido justamente la de las expulsiones. “El Gobierno belga ha justificado su política refiriéndose a los abusos de los inmigrantes y ésa no es la cuestión”, asegura de Porras. Lo que está pasando en esta Europa de los mercaderes es que “se está condicionando el acceso a los servicios públicos a la nacionalidad del beneficiario. O si lo quiere de otra forma, mientras Bélgica no para de dar la bienvenida a las multinacionales y a los millonarios que acuden a beneficiarse de su paraíso fiscal, culpa a unos pocos miles de personas de poner en riesgo sus sistemas de protección social. Hay casos lamentables y paradigmáticos. Las expulsiones no pueden justificarse bajo ningún concepto”.

Uno de los casos a los que de Porras se refiere es el de Fátima Donaire, una licenciada en Bellas Artes jiennense (1984) que terminó acaparando portadas de periódico hace algo más de un año tras recibir una carta del Gobierno belga en el que se la invitaba a poner tierra de por medio. Donaire llegó a Bélgica en 2010 con una beca estudiantil. Cinco meses después, decidió quedarse y buscar un empleo, y solicitó una ayuda de 525 euros mensuales para pagar su alojamiento. La andaluza no logró un empleo reglado, pero trabajo en negro de camarera durante alrededor de un año, mientras seguía percibiendo el subsidio mencionado. La carta de expulsión le daba treinta días para regresar a España y, de ese modo, liberar a Bélgica de uno de sus “pesados fardos humanos”.

Cerrando el grifo de las ayudas

Evidentemente, Donaire no fue embutida por la fuerza en un avión y trasladada a Benidorm bajo custodia policial. El protocolo oficial para echar a un europeo consiste en emitir una orden de expulsión y en cerrar al afectado cualquier grifo de acceso a una ayuda pública. En la práctica, viene a ser lo mismo, dado que en el momento en el que el ciudadano es eliminado de los registros, pasa a vivir en la trastienda del sistema y es automáticamente privado de cualquier derecho básico. Ello incluye, además de los subsidios, la educación y la sanidad. Por supuesto, si uno tiene los arrestos de quedarse en las alcantarillas del sistema, nadie le impedirá que siga allí viviendo o que se vaya a Berlín o a Honolulu. Las deportaciones y los centros de confinamiento se reservan para los extracomunitarios, auténticos épsilon sociales del nuevo orden distópico europeo.

Aunque a diferente escala, al menos una docena más de países de la Unión han expulsado a ciudadanos. Curiosamente, entre ellos, se halla Italia, uno de los Estados más afectados por este nuevo sistema de protección de la Seguridad Social implantado por los belgas a las bravas. Italiana es también una de las asociaciones que más han combatido las expulsiones y que más han peleado para facilitar la integración en el país de los migrantes. La comune del Belgio ha documentado hasta la fecha decenas de casos de expulsados en situaciones casi inverosímiles.

Especial transcendencia mediática adquirió el de Marie, una profesora de francés que tuvo que abandonar su empleo temporalmente y solicitar un subsidio después de que se le diagnosticara un cáncer de mama. Al igual que Donaire, la profesora recibió una carta en la que se la invitaba a abandonar el país, aduciendo con cuatro adornos retóricos que era una extranjera que estaba vampirizando a la Seguridad Social belga. Gracias a la transcendencia pública que cobró su caso, la orden de deportación fue revocada y Marie recuperó el derecho a residir en Bélgica. Claro que en primera instancia, quedó bien de manifiesto que los funcionarios belgas que tramitaron su expulsión no le reconocen al resto de europeos el derecho a enfermar.

¿Qué clase de circunstancias han conducido al Gobierno belga a articular políticas flagrantemente sostenidas sobre la xenofobia y la cicatería insolidaria? Las expulsiones son la directa consecuencia de un acuerdo suscrito en 2011 para la creación de un gobierno nacional que dio cabida a los neoliberales socialistas y al resto de formaciones tradicionales de derechas. Fue en diciembre de ese año cuando se hizo con la secretaría de Asilo y Migración la mencionada Maggie de Block, miembro del Partido Liberal Flamenco. Que los belgas hayan convertido este mes de febrero a la hoy ministra de Asuntos Sociales y Sanidad en la política más popular y bien valorada de su país viene a dar la medida del clima social de hostilidad al extranjero pobre que se respira en Bélgica y explica, por otra parte, el apoyo creciente que vienen recibiendo algunas formaciones ultranacionalistas, racistas e islamófobas como el Vlaams Belang. En palabras de Miguel de Porras, “los atentados de París han producido una situación de histeria colectiva que todavía da más alas a estos discursos racistas e islamófobos”.

También hay crisis en Bélgica

A lo dicho hay que añadir también el hecho de que los belgas están sufriendo, mucho más que sus vecinos holandeses, franceses o, por supuesto, alemanes, las consecuencias de la recesión global. Y tan cierto es que los fascistas y los ultranacionalistas están pescando numerosas adhesiones en el río revuelto de la recesión, como que ésta ha dado nuevos bríos y capacidad de contestación a los movimientos sociales y de izquierda belgas. El pasado 6 de noviembre, los tres grandes sindicatos del país consiguieron reunir en Bruselas a más de 200.000 personas en una marcha contra los recortes patrocinados por el Gobierno conservador. Desde primeras horas de la mañana, las calles de Bruselas se llenaron de trabajadores portuarios, inmigrantes, empleados de las industrias farmacéutica y siderúrgica… No se había visto una protesta semejante desde las huelgas generales de principios de los sesenta, lo que da una idea de la capacidad de movilización de todas estas fuerzas sociales que están plantando cara a los neoliberales socialistas y conservadores.

Por otra parte, y entre tanto, el flujo de españoles hacia Bélgica se sigue incrementando gracias a las ventajas que, a pesar de todo, ofrece este país. Entre otras, los derechos sociales conquistados por sus sindicatos; la multiculturalidad; sus bajos precios; las oportunidades laborales que brindan las instituciones europeas y, sobre todo, la histórica presencia de trabajadores españoles. A todos los efectos, los migrantes se sienten más seguros en Bélgica que en otros estados europeos donde las comunidades de compatriotas no son tan numerosas.

En ausencia del Gobierno, han sido justamente estas redes sociales y los partidos de izquierda que las han urdido o apoyado las que han permitido responder a diferentes niveles a la política de expulsiones apadrinada por Bruselas. Especialmente destacada ha sido la lucha llevada a cabo por el 15M y por la ya mencionada Asociación Hispano-Belga. En colaboración con otras organizaciones europeas, acaban de crear una nueva plataforma denominada EU4People (Unión Europea para las personas), desde la que han anunciado que llevaran a cabo acciones a lo largo de este año para denunciar las expulsiones y la vulneración de los derechos de los ciudadanos.

Tal y como precisaba el 15M en una queja formal elevada a las instituciones europeas en abril del pasado año, “las leyes belgas sobre extranjería están incumpliendo la directiva europea en la que supuestamente se amparan” y están fomentando “la discriminación de los migrantes europeos. En particular, la de aquellos provenientes del sur y del este de Europa”, los entornos geopolíticos más afectados por la recesión. Tres meses antes, el diputado de Izquierda Unida Willy Meyer formuló una pregunta parlamentaria a la Comisión en la que pedía información acerca de los procedimientos existentes para recurrir las expulsiones y ponía en duda que Bélgica estuviera garantizando la igualdad de trato a las víctimas de sus nuevas políticas migratorias. Durante los años 2012, 2013 y 2014, se han expulsado a un total de 7.169 ciudadanos europeos.

No hay cruzada antiespañola

Los medios de comunicación de los países afectados han tendido hasta la fecha a realizar lecturas en clave chovinista de todas estas expulsiones, como si en realidad Bélgica apadrinara alguna cruzada sectorial basada en los prejuicios hacia unos u otros. En honor a la verdad hay que decir que el listado de expulsados por estados no delata preferencia nacional alguna, ni aparentes subterfugios para cargar contra “objetivos específicos”. Italianos, franceses u holandeses, se encuentran también a la cabeza de esta clasificación de europeos expulsados, junto a los rumanos, los búlgaros y los españoles. De hecho, la primera víctima visible cuyo caso recogió la prensa fue una ciudadana francesa, madre de cuatro hijos.

Durante los tres últimos años, la Prensa digital y los diarios de papel han mezclado a menudo en unas cifras confusas los expulsados bajo el “supuesto de carga irracional” con los afectados por otros supuestos. Un porcentaje significativo de las víctimas han sido invitados a dejar Bélgica porque carecían de un contrato laboral, habían dejado de estudiar o no desarrollaban actividad alguna como trabajadores autónomos. El total de expulsados españoles en 2012, fue de 336. En 2013, la cifra se redujo a 323, de los cuales 178 ‘pasaron al lado oscuro” bajo el supuesto de “carga irracional”. Bajo este mismo supuesto, en 2014 fueron expulsados 112 españoles. Se desconoce hasta la fecha cuántos más lo fueron por otras cuestiones. Probablemente, la propia secretaría belga para la migración se ha ocupado este año de ocultarlo para evitar la reacción de hostilidad que sus políticas han suscitado entre los países afectados. En términos absolutos, el número total de expulsiones ha pasado de los 2.712 de 2013 a los 2.042 de 2014.

Considerando que hace cinco años, la media anual apenas superaba los trescientos, es obvio que soplan nuevos vientos políticos en el Gobierno belga. De hecho, lo único que en verdad resulta irrefutable es que esta decisión de la secretaria belga de Asilo y Migración se halla claramente inspirada por una indisimulada xenofobia, la misma que está impregnando el discurso de buena parte de las formaciones conservadoras europeas. Gracias, justamente, a su demagogia populista y a sus diatribas contra los inmigrantes, de Block se ha convertido en la política más popular de su país.