Tras la segunda vuelta electoral celebrada el 6 de junio del año pasado, Pedro Castillo, el candidato izquierdista de Perú Libre, se declaró ganador. Consiguió imponerse a la derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular, que aspiraba a ser reelegida por tercera vez consecutiva a la presidencia del país. El período para el que asume la toma de posesión es de cinco años, hasta 2026, y el ambiente en el que ascendió al poder era de máxima crispación por los altos niveles de corrupción. El lema de su campaña fue: "Que la riqueza del país sea para los peruanos".

Desde el pasado 29 de marzo, Perú enfrenta un nuevo capítulo de inestabilidad política y social. A pesar de las propuestas de Castillo por reformar el país y de la esperanza de la población en que se hiciera realidad el cambio, ésta se ha ido debilitando por la guerra abierta que la ultraderecha ha declarado desde el primer día de su mandato. Tras ocho meses del cambio presidencial, el Gobierno se enfrenta a una crisis social marcada por la subida en los precios de los combustibles, peajes, alimentos de primera necesidad y los recursos agrícolas. El Gobierno, por su parte, lidia problemas internos por nombramientos cuestionados (a dedo), denuncias de corrupción y un notorio alejamiento de su programa original de cambios.

Todo ello desencadenó en protestas en diversos puntos del país, con bloqueos en carreteras, saqueos a comercios locales y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. La movilización fue convocada por diversos gremios de transportistas y agricultores contra el incremento desmesurado de los precios, lo que provocó que otros sectores ciudadanos se unieran a la causa. A pesar de que las manifestaciones se iniciaron en la región andina de Junín, cuna del partido del gobierno de Perú Libre, el descontento por el elevado precio de la vida se ha extendido por toda la nación.

El resultado de la primera semana de revueltas ha desembocado en una escalada de tensión y violencia durante el fin de semana. El detonante fue la declaración del presidente Castillo el viernes, en la que señalaba a ciertos dirigentes opositores "malintencionados y pagados" de estar detrás de los bloqueos y los piquetes. Hasta la fecha, se han reportado cuatro muertos, pero el Gobierno ha aclarado que no han sido consecuencia de la acción policial. La primera víctima es un niño que murió ahogado al caer a un río cuando corría para alejarse de disturbios entre manifestantes y policías; otras dos personas murieron atropelladas en medio del caos y una última, al no poder llegar a recibir atención médica de urgencia por uno de los piquetes que bloqueaban una vía.

El sábado, el Gobierno envió a la ciudad de Huancayo, capital de la región de Junín, a siete ministros para dialogar con los huelguistas. En medio del caos, la vivienda del secretario general de PL, Vladimir Cerrón, fue tomada por la fuerza. Ministros y manifestantes se reunieron, en medio de un gran desorden, mientras en la calle continuaban los enfrentamientos. El encuentro, marcado por un clima de tensión, comenzó con las disculpas que los representantes del Gobierno ofrecieron por el cuestionamiento de Castillo a los dirigentes de la protesta. "Si en algunas de esas declaraciones hubo un malentendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, lo haré mil veces", dijo el presidente.

Para atender los reclamos por el alza general en los precios, el gobierno anunció una reducción de impuestos a los combustibles para rebajar el precio, que entró en vigencia desde este lunes; así como la eliminación del Impuesto General a las Ventas (equivalente al IVA) para alimentos básicos de la cesta de la compra; tales como el pollo, huevos, harina, azúcar, fideos. Esto último debe ser aprobado por el Congreso.

Por otro lado, se anunció el incremento del sueldo mínimo de 930 a 1.025 soles peruanos (de 232 a 256 euros) a partir de mayo. También se acordó la revisión de los contratos de concesión de los peajes para enfrentar el reciente incremento y la adopción de medidas para reducir el coste de los fertilizantes en el sector agrícola. Por último, se firmó un acta que anunciaba el levantamiento de los bloqueos y movilizaciones.

No obstante, el desconocimiento por la falta de información entre los manifestantes unido a que no todos los dirigentes aceptaron lo acordado, las protestas se mantienen hoy. De hecho, el lunes se agravó la convulsión social, los bloqueos, la violencia y los saqueos se extendieron a diferentes regiones del país.

Este lunes, la carretera transversal Panamericana Norte y Sur, y la Carretera Central que comunica Lima con la zona andina, las tres principales vías de comunicación del país, permanecían bloqueadas por piquetes de manifestantes. En Lima, mercados y tiendas cerraron por temor a los saqueos. Con la violencia y el caos en las calles y carreteras, representantes del gobierno se reunieron nuevamente con dirigentes de los huelguistas, esta vez en la capital. El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, uno de los negociadores, dijo que el gobierno reconocía y respetaba las demandas sociales y que se encontraban dispuestos a seguir dialogando, pero advirtió que "no se van a tolerar los bloqueos". El ministro anunció que a lo acordado el fin de semana se sumarán otras medidas para atender las demandas de los gremios en protesta, pero no anunció cuáles serían.

La subida generalizada de los precios del combustible y alimentos, impulsadas por la crisis producida por la guerra en Ucrania y que afecta internacionalmente, ha agudizado hasta el límite la resistencia social por la precaria situación de un importante sector de la población peruana que ya estaba muy golpeado por la pandemia. Esa desesperación estalló en rabia contra el Gobierno, lo que aprovechó la derecha, quien previamente criminalizó las protestas sociales, para unirse a ellas y responsabilizar del aumento de precios al Gobierno.