@Alopezdemiguel

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy lleva en funciones desde el 21 de diciembre, un día después de las elecciones generales, pero eso no le impide presionar para lograr la ratificación de un acuerdo comercial que afectará a la vida diaria de los europeos, ni tampoco para abogar por una implemetación provisional, dejando algunos aspectos por cerrar para que el CETA entre en vigor en 2017. Y lo hace sin que el Congreso de los diputados se pronuncie al respecto.

Público ha accedido en exclusiva al documento que recoge la posición de la Representación Permanente de España ante Bruselas, el apéndice del gobierno español y su enlace principal ante las instituciones europeas, sobre el acuerdo comercial entre la UE y Canadá; el CETA. El texto, presentado esta semana en una reunión del Comité de Política Comercial de la UE, en el que tienen representación cada uno de los estados miembros, se deshace en elogios hacia el criticado tratado de libre comercio: "El primer acuerdo amplio y ambicioso con un país desarrollado del G8"; "Un excelente precedente para futuros acuerdos con países como Estados Unidos o Japón", según la representación española ante la UE.

"El primer acuerdo amplio y ambicioso con un país desarrollado del G8"; "Un excelente precedente para futuros acuerdos con países como EEUU", afirma el texto

El Ejecutivo en funciones pide que se firme "con la mayor rapidez" la "aplicación provisional del acuerdo", para que "pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente a principios de 2017), lo cual redundará en amplios beneficios económicos y comerciales para ambos socios", siempre según el texto.

Sin embargo, cientos de organizaciones sociales y partidos políticos son menos optimistas que el Gobierno en funciones o la Comisión Europea, y llevan meses advirtiendo de que una "aplicación provisional", como pide el Ejecutivo de Rajoy, no tendría vuelta atrás.

"La implantación provisional dura tres años", explica a este diario Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No al TTIP, que asegura que esta implementación tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población". "Sería un golpe contra la democracia representativa", sostiene.

Por otro lado, desde la Campaña contra el TTIP cuestionan también que un ejecutivo en funciones pueda estar legitimado para presionar y, llegado el caso, ratificar un acuerdo con las repercusiones del 'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA). "Es inaceptable que un gobierno en funciones decida sobre algo así. Incluso aunque fuera legal es ilegítimo, porque va a tocar cuestiones de política pública que afectan a las vidas de todos", apostilla Kucharz, que pide al resto de partidos políticos que presionen para que el Ejecutivo en funciones del PP cambie de rumbo.

"La implantación provisional dura tres años", explican desde Ecologistas en Acción, y tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población"

Entre otros temas, la reunión en la que la representación permanente ha presentado la posición del Ejecutivo en funciones, que según la web se celebró este miércoles, pero según otras fuentes tuvo lugar el jueves, tenía cierto carácter preparatorio de cara al Consejo de Ministros de Comercio del próximo 13 de mayo, en el que el TTIP y el CETA tendrán un papel protagonista.. Sus actas son secretas y generalmente se reúne una vez al mes. Entre otros temas, la reunión en la que la representación permanente ha presentado la posición del Ejecutivo en funciones tenía cierto carácter preparatorio de cara al Consejo de Ministros de Comercio del próximo 13 de mayo, en el que el TTIP y el CETA tendrán un papel protagonista.

No está previsto que se adopten nuevas decisiones sobre la fecha de ratificación del acuerdo con Ottawa -prevista para finales de año-, pero sí servirá como toma de contacto a la Comisión, que ve cómo el rechazo de los europeos a estos acuerdos comerciales sigue creciendo.

A pesar del silencio de la mayoría de grandes medios de comunicación españoles al respecto, el TTIP comienza a ser conocido, pero no así el CETA. Activistas, sindicatos y partidos políticos advierten que ambos forman parte de una misma lógica, y que el CETA es una suerte de caballo de Troya del polémico acuerdo transatlántico.

El documento también celebra el "éxito" que a su juicio suponen los cambios ejecutados en el mecanismo de resolución de disputas entre empresas inversoras y estados (ISDS), que permite a las multinacionales demandar a estos países por cifras millonarias de considerar afectados sus beneficios por los cambios normativos decretados por los respectivos gobiernos.

Para el Gobierno en funciones, el mecanismo de blindaje de las multinacionales que incorpora el CETA, y que cuenta con aspectos del sistema ICS -la versión 'mejorada' elaborada por Bruselas-, es "más imparcial y garantista para las partes". "Es igual del peligroso que el antiguo, y esencialmente reconoce los mismos privilegios para los inversores", rebate Kucharz.

El activista asegura que existe todo un debate jurídico sobre si una implementación provisional del acuerdo permitiría aplicar el apartado de inversiones del CETA, y recuerda que el nuevo modelo abre la puerta a las demandas por "expectativas de beneficios". También que la ratificación del CETA permitirá a "46.000 transnacionales con filiales en Canadá" hacer uso de estos mecanismos para demandar a estados europeos.

"El enfoque de la Comisión no pone fin al ISDS, sino que amenaza con encerrar a los estados de la UE en el ISDS para siempre. Será prácticamente imposible eliminar los privilegios de los inversores una vez que el TTIP y el CETA sean aprobados. De hecho, los países tendrían que salir de la UE de darse el caso", alerta.