El Departamento de Justicia de EEUU está realizando una investigación en secreto de Wikileaks, cuyos primeros pasos han sido conocidos gracias a Twitter y a la diputada islandesa Brigitta Jonsdottir. El Gobierno consiguió que un gran jurado convocado en Alexandria, Virginia, aprobara una citación con la que obtener información confidencial de la actividad en Twitter de cinco personas relacionadas con Wikileaks, incluido su editor, Julian Assange.

Twitter entregó esos datos, pero no podía contarlo por impedírselo la decisión judicial. Un posterior recurso le permitió alertar a Jonsdottir de que había tenido que entregar sus datos personales por orden de un juez de EEUU. Lo que le interesa a Washington no son los mensajes públicos en Twitter, fácilmente accesibles para cualquiera, sino la información personal: direcciones de email, números de teléfono, mensajes privados a otros usuarios o la dirección IP desde la que opera el ordenador de cada investigado, lo que permite conocer su localización.

Se trata de un intento de intimidar a la gente que ha apoyado a Wikileaks", dijo Mark Stephens, abogado de Assange. El fundador de Wikileaks fue más explícito: "Si el Gobierno de Irán intentara sacar esta información por la fuerza a periodistas o activistas extranjeros, veríamos que los grupos de derechos humanos dirían algo al respecto".

EEUU intenta obtener pruebas de que Assange colaboró activamente en la filtración

La existencia del gran jurado de Virginia hace sospechar que la citación a Twitter no es la primera que se produce. El Departamento de Justicia podría haber conseguido que se aprobara el procesamiento de Assange y que permaneciera en secreto hasta que surja la posibilidad de solicitar su extradición. Es una estratagema que se ha utilizado en el pasado en el caso de líderes de organizaciones terroristas.

Wikileaks reclamó que otras empresas como Google y Facebook confirmen si han recibido órdenes judiciales similares a la de Twitter. De momento, no han respondido. El abogado de Assange sospecha que también puede ser el caso de Skype, que ofrece llamadas telefónicas vía internet.

La actuación del Departamento de Justicia revela que la Administración de Obama está decidida a atacar a Wikileaks en todos los frentes jurídicos, sin importarle las inevitables comparaciones que se harán con los tiempos de George Bush.

El fiscal general, Eric Holder, ha dicho que Assange puede ser procesado por vulnerar la Ley de Espionaje de 1917, a pesar de que muchos expertos jurídicos han citado las dificultades jurídicas del caso. Si Assange se limitó a recibir del soldado Bradley Manning los documentos secretos, podría estar en condiciones de argumentar que su labor es similar a la de un medio de comunicación.

Por eso, el Gobierno intenta obtener pruebas de que Assange colaboró activamente en la filtración facilitando a Manning los medios necesarios para llevarla a cabo.