"El gobierno de Ortega ha bloqueado totalmente la vía pacífica que le hemos tendido desde el pueblo"

Jessica Cisneros y Yerling Aguilera llegan exhaustas a Madrid. Las dos jóvenes son activistas nicaragüenses y parte muy implicada en las movilizaciones estudiantiles que se mantienen en Nicaragua desde finales de abril. Durante el último mes, las dos han recorrido distintos países de Europa como parte de la Caravana Informativa en Solidaridad Internacional con Nicaragua. Público habla con ellas, poco antes de comenzar una charla abarrotada de gente, especialmente mujeres y muchas compatriotas que, junto a banderas azul y blanco, portan carteles. Entre otras muchas cosas, se escuchan los gritos en mayúsculas: “eran estudiantes, no eran delincuentes”.

Cuando se cumplen dos meses del inicio de la represión más violenta por parte del gobierno de Nicaragua a unas protestas sociales, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) contabilizaba en más de 200 las personas muertas. Así mismo, Amnistía Internacional está denunciando la estrategia letal de represión por parte del gobierno caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas.

Las movilizaciones, encabezadas por los estudiantes, con un importante protagonismo de las mujeres, y a las que se han ido uniendo los distintos colectivos de la sociedad civil, se iniciaron el pasado 18 de abril después de que el gobierno anunciase una reforma del seguro social sin ningún tipo de consulta previa. Unos días antes, se había producido un primer episodio de movilizaciones para protestar por la mala gestión del gobierno en un incendio que se había producido en la selva. “El 18 de abril, un grupo de docentes, jóvenes y estudiantes nos manifestábamos pacíficamente a las afueras de la Universidad Centroamericana de Managua y fuimos testigos de como el gobierno empezaba a desplegar fuerzas parapoliciales para reprimirnos. Tuvimos que huir y resguardarnos en la Universidad”, apunta Aguilera, que es docente e investigadora social en la Universidad Politécnica en Managua y activista por los derechos de las mujeres y la izquierda política.

La sorpresa fue cuando, al día siguiente, estudiantes y docentes de otras universidades, comenzaron a sumarse a las protestas. “Cuando nosotras presenciamos esto de alguna forma tomamos consciencia de que estábamos frente a un acontecimiento histórico por el solo hecho de que estas universidades se levantaran”.

Violencia para reprimir unas protestas pacíficas

La respuesta gubernamental a lo que estaba siendo el inicio de una movilización social estudiantil pacífica desde las universidades, fue la violencia. Y precisamente esa violencia desproporcionada fue lo que generó el efecto dominó de solidaridad entre toda la población. “El gobierno, frente a su incapacidad de dialogar y de gestionar el conflicto social desplegó a fuerzas parapoliciales para que reprimiesen a los estudiantes levantados. La gente, como un acto de solidaridad frente a estos acontecimientos, precisamente la solidaridad heredada del sandinismo, empiezan a levantar barricadas, o tranques, en los barrios. Estoy hablando de barrios de corte popular en Managua y también en lugares que representan las bases históricas del sandinismo. Frente a la ola represiva del Gobierno, hay más levantamientos y la gente también se va resguardando a través de barricadas. Muchos lugares del país están paralizados desde entonces”.

En los primeros días de movilizaciones, Alvaro Conrado, un joven de apenas 15 años, recibió un disparo de las fuerzas parapoliciales mientras llevaba agua a los universitarios. Se convertía en la víctima más joven en las protestas. “La violencia se recrudeció cuando el gobierno da la orden de que no se atienda a ningún joven estudiante o persona cercana a las movilizaciones. El niño Alvaro Conrado, después de recibir un disparo, fue llevado a dos instituciones públicas y se le negó la atención y así como él, muchos de los jóvenes murieron en el camino”, puntualiza Jessica Cisneros, feministas y activista por el derecho a la participación ciudadana de los jóvenes.

Descrédito, criminalización y persecución de los manifestantes

El descrédito y la criminalización de las movilizaciones por parte del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, es constante y ha insistido desde el principio en relacionar las protestas con corrientes imperialistas desde el extranjero y con grupos de la derecha política en el país. “Iniciamos esta caravana informativa precisamente porque percibíamos que había una gran polarización en torno a la información que estaba fluyendo hacia fuera, también porque en Nicaragua existe un auténtico monopolio de los medios de comunicación y del cual son propietarios los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El segundo motivo por el cual estamos aquí es porque queremos desenmascarar definitivamente a este gobierno fascista”.

“Yo quiero que quede muy claro que no hay, ni el tutelaje de ningún partido político ni ningún grupo de la derecha, entre otras cosas, porque los partidos políticos de derecha y, en general, los partidos políticos en Nicaragua no son más que un satélite del partido que ha secuestrado el orteguismo. Además, los partidos de derecha en Nicaragua no tienen ninguna credibilidad ni seguimiento en el país porque han sido parte de esa luna de miel con el gobierno, no podemos olvidar que Daniel Ortega llegó al gobierno gracias a un pacto de repartición de cotas de poder con la derecha”.

“Se ha llegado a hablar de un golpe de Estado en Nicaragua, lo que demuestra un desconocimiento total de la teoría política, entre otras cosas, porque no existe una acción de toma rápida del poder; tampoco las fuerzas militares ni policiales están del lado del pueblo en este momento. Hablar de un golpe de Estado es hablar de lo que pasó en Honduras y en el cual, por cierto, el gobierno de Nicaragua también ha sido cómplice y ha legitimado”, puntualiza Aguilera.

La crimininalización de los manifestantes no solo se materializa en el discurso, o la represión en las calles, sino también en la persecución selectiva. “Van a los barrios y las casas de la gente más implicada para amenazarlos, se están produciendo secuestros, torturas y aparecen cuerpos en las calles”, añade Aguilera. “Nosotras mismas, a partir de la visibilidad que está teniendo la Caravana Informativa, estamos sufriendo una campaña mediática de descrédito. Somos conscientes de que, a nuestra vuelta a Nicaragua, nos pueden secuestrar o llevar a la cárcel del Chipote, donde se están denunciando torturas sistemáticas”.

Además de la campaña informativa, con la Caravana las jóvenes activistas también están tratando de exponer a los grupos políticos europeos la situación por la que está pasando su país. “En Madrid, nos hemos reunido con representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos y les hemos pedido que investiguen el uso que se está dando a las armas que se han vendido desde España”, explica Aguilera.

Pocos avances en las mesas de diálogo

Un mes después del inicio de las protestas en la calle se inició la mesa de diálogo nacional, un esfuerzo guiado por la conferencia episcopal, la sociedad civil y los empresarios para calmar la crisis. El 16 de mayo logró que gobierno, estudiantes y empresarios se sentasen a hablar y establecieron el plazo de un mes para presentar acuerdos que pusieran el fin a la crisis. Daniel Ortega, en una reunión retransmitida en todo el país, negó las víctimas.

El 23 de mayo se suspendió el diálogo por falta de consenso para llegar a un acuerdo pacífico. Unos días después, el 30 de mayo, Día de la madre en Nicaragua, se producía la movilización que lograba la mayor participación pero también, la represión más sangrienta: el saldo al final del día fue de 11 muertos y 79 heridos.

Tras una jornada de paro, convocada por el sector privado y ampliamente secundada en todo el país, en la tarde del viernes 15 de junio se abría de nuevo la mesa de diálogo sin la presencia de Daniel Ortega. Tras horas de reunión a puerta cerrada, el gobierno aceptaba invitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue las más de 200 muertes por la violencia desatada desde el pasado 18 de abril. Sin embargo, apenas dos días después, la mesa de diálogo volvía a romperse ante la inacción del gobierno para invitar a los organismos internacionales.

Tanto Cisneros como Aguilera muestran una absoluta desconfianza a que el gobierno responda a cualquier tipo de diálogo. “El diálogo está bloqueado básicamente porque el gobierno de Ortega se niega a aceptar nuestra máxima condición: el cese de la represión y la justicia frente a los crímenes cometidos”, añade Aguilera. “El gobierno ha bloquedo totalmente la vía pacífica que hemos tendido desde el pueblo. Siempre ha sido así, Ortega ha ido anulando todos los canales que permitían el diálogo y la participación del pueblo”.

El “secuestro” del sandinismo

Daniel Ortega es presidente de Nicaragua desde el año 2007. Tras tres derrotas en las urnas, Ortega y el sandinismo que representa volvían así al gobierno 16 años después de haber perdido el poder, el 25 de febrero de 1990.

“Yo soy una mujer de izquierdas, vengo de una clase popular, de madre soltera, de una zona rural, tuve que emigrar a Managua para poder acceder a una carrera”, explica Aguilera. “Yo soy parte de ese grupo de personas que también se han decepcionado por todo este viraje dictatorial y fascista que ha tenido el gobierno orteguista, sobre todo porque en algún momento creímos que bajo la bandera del frente sanidinista que fue secuestrada por el gobierno podíamos construir una sociedad nicaraguense más justa. El sandinismo del gobierno de Ortega está muerto porque ellos mismos lo han matado y por eso también las movilizaciones están suponiendo una reapropiación por parte del pueblo de los símbolos de la revolución sandinista”.

Ambas activistas insisten, así mismo, en desvincular lo que está sucediendo en su país con lo que sucede en otros países de Latinoamérica. “No entiendo porque se insiste en comparar Nicaragua y Venezuela, porque son procesos políticos muy diferentes, el ascenso de Chávez no es el mismo que el ascenso de Ortega que, entre otras muchas cosas, negoció cotas de poder con los partidos de derecha. Pero es que además la propia dinámica con la que se ha movilizado la gente en las calles es absolutamente diferente”, explica Aguilera.

“Este gobierno siempre presumió de que era un partido de base y de organización popular, mi pregunta es, en estos momentos, ¿donde están esas bases, donde está esa organización popular? La gente se ha movilizado precisamente por el cansancio de 11 años de acumulación, por sentirse excluida de todos los canales de participación, por el alejamiento absoluto del gobierno de la clase trabajadora. Los campesinos llevan años movilizados por su oposición a la Ley 840 que concede total propiedad durante 100 años a empresas de capital chino la construcción y explotación de un canal interoceánico ”.

“Es importante evidenciar el desinterés por parte del gobierno de atender la crisis por la que está pasando Nicaragua”, apunta Cisneros. “Insisten en anunciar el crecimiento del PIB, pero no explican que se debe a que el 80% del empleo es informal; ¿cómo es posible que haya desarrollo si la gente tiene que migrar para buscarse una mejor vida? Son esos mismos nicaraguenses que están en todas las partes del mundo los que están apoyando realmente la economía a través de las remesas”.

Nicaragua más allá de Ortega y Murillo

Nadie sabe qué pasaría si Ortega aceptase abandonar el poder, un escenario todavía complicado. Sin embargo, el mero hecho de que la movilización se haya mantenido durante dos meses, es una clara muestra de que el pueblo de Nicaragua busca un cambio. “Ha quedado demostrado que el pueblo está unido frente a Ortega y el pueblo, salvará al pueblo”, apunta Cisneros. En la ciudad de Masaya, histórico bastión del sandinismo, el lunes pasado se proclamaba “libre de dictadores” y empezaba a organizar un autogobierno, razón por la que al día siguiente sufría un duro golpe de las fuerzas paramilitares que se saldaron con varios muertos.

“En un escenario en el que domina el esfuerzo por la supervivencia diaria frente a la represión, el proceso de construcción de una agenda de transición es obviamente más complicado”, explica Aguilera. “Yo no represento a todos los sectores que se están movilizando y cada sector tiene demandas y condiciones particulares, pero en términos de inmediatez, frente a un escenario poco probable pero posible de que Daniel Ortega abandone el poder, yo partiría de habilitar un proceso de lo que sería una Comisión de Transición a través de la cual se pueda dar salida a la demanda de democratización del pueblo nicaraguense, lo que implica también toda una limpieza de toda esa corrupción que ha marcado todas las institucioens del estado”.

“Todo esto implica un proceso de construcción porque ahora mismo no existe un partido político que esté al frente, y deberíamos articular también la posibilidad de que la gente pueda participar de alguna manera sin necesidad de estar adscrita a ningún partido político, un tema debatido antes incluso de las movilizaciones. Antes de crear algún tipo de coalición es importante mantener y fortalecer el trabajo desde las bases, desde abajo, que ya lleva tiempo organizado. Obviamente esto suena muy bonito en el discurso y todos sabemos que en la realidad median otros procesos, pero es cierto que tenemos que hacer todo lo posible para reconsturir el sistema y evitar que las fuerzas oportunistas y los partidos tradicionales puedan aprovecharse de todo este contexto”.

“Este también es un proceso para repensar como se ha tratado y se ha abordado la situación de las mujeres más allá del rol ofrecido desde el gobierno, y que es practicamente ornamental, solo para cumplir una cuota pero siempre apartadas de la toma de decisiones”.