PerúEl Gobierno de Perú convoca elecciones legislativas en medio de su mayor crisis política en lo que va de siglo

El gobierno de Perú ha anunciado el lunes, mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, tras la disolución del Parlamento.

El decreto supremo cita el artículo 134 de la Constitución, que establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, y que debe convocar elecciones legislativas a celebrarse en los cuatro meses siguientes a la disolución.

La norma establece la convocatoria a "elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 26 de enero de 2020 para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto, incluida la Comisión Permanente".

El actual Congreso fue elegido en los comicios del 2016 para un periodo que terminaba en 2021, quinquenio que debía cumplir el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el año pasado por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

El decreto fue firmado por Vizcarra y Zeballos

El decreto fue firmado por el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos, quien juró este lunes en reemplazo del saliente Salvador del Solar.

Vizcarra, anunció este lunes la disolución "constitucional" del Congreso peruano con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo.

"He decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas", ha señalado Vizcarra

"He decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas. Esto es un acto constitucional", señaló Vizcarra en un mensaje televisado después de que el Congreso decidiera votar por la elección del Tribunal Constitucional a pesar de un pedido en contra del Ejecutivo.

No obstante, una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución y ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, como "presidenta en funciones" del país, después de que ese grupo votara la suspensión del gobernante Martín Vizcarra por un periodo de 12 meses.

Choque de poderes entre Vizcarra y Aráoz

La larga, tensa y convulsa jornada que vivió el país ha dejado un montón de heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron.

Solo quedó clara y patente la alegría y la sensación de alivio que la gran mayoría población peruana expresó espontáneamente en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, un organismo cuyos representantes son odiados y despreciados a partes iguales por la mayoría de la población.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, que dejaron un parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular y la presidencia en manos de Pedro Pablo Kuczynski. Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al Gobierno y para intentar "gobernar desde el Legislativo", lo que suscitó el rechazo de la población.

Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que terminará en el Tribunal Constitucional

El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.

Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la lacra de la corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.

Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas.

De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

¿Qué puede pasar ahora?

La incertidumbre es muy amplia. Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que terminará en las manos Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar en último término si Vizcarra hizo bien en interpretar como denegado el pedido de confianza dadas las acciones tomadas por el Congreso.

Mientras, no parece que haya interés en desalojar a los congresistas que permanecen en el Congreso. Tampoco hay sensación de inseguridad ciudadana, ni temor a una intervención militar. Los medios de comunicación han actuado toda la jornada con total libertad y lo siguen haciendo y nadie ha sido detenido.