Gomorra, obra social: El pulso del Estado contra la criminalidad

Caminar por el barrio español de Nápoles significa llevar clavado en el cogote un sinfín de miradas ajenas. En un área en que todos se conocen las caras nuevas no son bienvenidas y los saludos que se intercambian los vecinos se tornan hielo cuando se trata de escudriñar a un recién llegado. Lo saben bien Samantha y Marco, voluntarios de Agesci, una asociación católica de scouts que desde 2004 gestiona un local confiscado a la Camorra. El camino hasta él está poblado de atrios con vírgenes y, de nuevo, de incómodas miradas.

"A la gente le ha costado acostumbrarse a nuestra presencia. Al principio no se nos veía con buenos ojos; hay quien nos lanzaba cubos de agua y huevos", admite Samantha. Tampoco ahora se diría que despierten simpatía. En todo el recorrido sólo les saluda un joven, y lo hace de pasada. Levanta la mano y devuelve la mirada a la calzada, no vaya a incomodar a alguien. "Al final comprendes que tienes que ir a lo tuyo sin molestar demasiado", concluye Samantha.

El sistema garantista y la falta de medios dilatan la concesión de estos bienes

El ex refugio del capo procesado, antiguo propietario del local, se levanta sobre dos fincas. Es un ático con terraza que domina el golfo de Nápoles, del puerto al mismísimo Vesubio. Y siguiendo la tradición de casi todas las azoteas de la ciudad, es abusiva. Hoy es patrimonio del Estado en virtud de la ley aprobada en 1996, que regula los bienes secuestrados a la criminalidad organizada.

El local que gestiona Agesci es una ventana al corazón de Nápoles. Cada año es habitado por delegaciones de scouts que proceden de otras provincias y por los propios niños del barrio, "a quien se invita para que jueguen y se eduquen en la legalidad".

Nada más entrar, un cúmulo de artículos periodísticos documenta las operaciones policiales que han desembocado en el secuestro de alguna propiedad: Forcella, Donnaregina, Posillipo, Quartieri Spagnoli Pocos barrios salen bien parados. Pero la actividad de Agesci no siempre puede hacerse en un contexto de respeto. "La ex mujer del propietario sigue repitiéndonos que algún día el apartamento será suyo", dice Samantha, corroborando que el teatro de Eduardo de Filippo sigue más vivo que nunca.

"La confiscación es una humillación para el mafioso", dice un voluntario

Como Marco y Samantha, otros jóvenes tienen acceso a las antiguas entrañas del crimen organizado. Muchos se apuntan a los campamentos de verano que organiza la asociación Libera, que gestiona nueve fincas en siete regiones diferentes. "La confiscación es una humillación para el mafioso", opina Niccolò Loreggian, de 18 años, que el pasado julio trabajó en un campo confiscado a la mafia siciliana.

Productos agrícolas

A medio camino entre Palermo y Corleone, este terreno, antes un centro hípico propiedad de la familia Brusca, se utiliza ahora para cultivar productos agrícolas que se comercializan a través de una cooperativa con puntos de venta en todo el país. Como muchos otros bienes confiscados, la finca bautizada Giuseppe di Matteo debe su nombre a una víctima de la mafia: el hijo del arrepentido Santino Di Matteo, asesinado por orden de Giovanni Brusca en 1996 tras un brutal secuestro, por la colaboración del padre con la Justicia.

El sistema garantista de Italia y la falta de medios humanos y técnicos del Demanio (agencia fiscal del Ministerio de Economía) dilatan los procesos de concesión de estos bienes. Por ello su reapertura suele comportar pequeñas reformas que son llevadas a cabo por las asociaciones encargadas de gestionarlos. "Al llegar tuvimos que ocuparnos de la instalación eléctrica", reconoce Samantha; mientras que el grupo de Niccolò preparó el terreno de Sicilia para que fuera fértil, porque hacía años que no había sido explotado. Además, construyeron dos mesas para que los 30 voluntarios que trabajaban la finca pudieran comer juntos.

Francesca Passaretti, de 41 años, también ha sido voluntaria en los terrenos confiscados en Sicilia, y afirma que las dificultades de estas cooperativas no cesan: "A veces les han quemado colinas de olivos o han hecho desaparecer los tractores". Aunque reconoce que su estancia en la isla fue como una balsa de aceite, fruto quizás de una omertà (ley del silencio) interiorizada durante siglos.

Anonimato

Con todo, la creciente presencia de los bienes reconvertidos se antoja silenciada. Si bien es cierto que el número de confiscaciones no deja de crecer actualmente la región campana cuenta con más de 2.000 bienes secuestrados los locales reutilizados se mantienen en el anonimato. Las webs de las asociaciones que los gestionan nunca revelan dónde se encuentran y para acceder a ellos hay que pasar por una extensa cadena de mediadores.

Un hecho que pone de manifiesto dos realidades: la voluntad de quienes los gestionan por protegerlos y el rechazo que provocan en quienes los ven como una amenaza a su propia subsistencia.