Caracas.- La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ), Gladys Gutiérrez, reiteró hoy que el expresidente del Gobierno español Felipe González no podrá sumarse a la defensa de los opositores presos, porque él no puede ejercer como abogado en Venezuela.

El político español "no podrá ejercer como profesional del Derecho en una causa penal dentro del territorio nacional, ya que se vulneraría la Ley de Abogados y la certificación de título profesional que exige la Carta Magna para ejercer dicha profesión en nuestro país", señala un comunicado del TSJ con declaraciones atribuidas a Gutiérrez.

El expresidente español llegó este domingo a Caracas con la intención de incorporarse, en calidad de "asesor técnico externo", al equipo legal que se encarga de defender a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.

El abogado que encabeza el equipo legal de López, Juan Carlos Gutiérrez, ha dicho que, la defensa apeló la decisión sobre González y que, si no como defensor, el político y abogado español tiene "plenas facultades de asistir a la sesión como público".

La próxima audiencia de juicio del opositor, encarcelado hace más de un año, se celebrará el próximo 10 de junio.

La magistrada, además, rechazó la injerencia en los asuntos judiciales internos cuando el Gobierno de EEUU manifestó su preocupación por la salud de los opositores López y Daniel Ceballos, que comenzaron una huelga de hambre en sus respectivas prisiones.

"Estas prácticas inadmisibles en nada desviarán el curso de la Justicia venezolana en su ineludible misión de cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de sus competencias, la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela", dijo la magistrada citada en un comunicado difundido por el órgano judicial.

Gutiérrez, según el escrito, hace alusión a una declaración de un portavoz de la Casa Blanca que manifestó el pasado 4 de junio su "profunda" preocupación por el presunto deterioro de la salud de Ceballos y urgió al Gobierno de Venezuela a garantizar su bienestar y el de Leopoldo López.

La máxima autoridad del Poder Judicial venezolano exigió "respeto a las decisiones soberanas emanadas de las instituciones que conforman el Poder Público venezolano", señala la comunicación.

La magistrada aclaró que López y Ceballos, "no son prisioneros políticos, sino procesados judiciales por la presunta comisión de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano, cuya responsabilidad o no, será determinada por los tribunales penales que conocen sus respectivas causas".

A ambos detenidos se les "han respetado las garantías y los derechos humanos (...), entre ellos el derecho a la defensa y al debido proceso, premisa que siempre ha sido garantizada a todo ciudadano o ciudadana a quien se le siga un proceso judicial en el territorio nacional", dijo.

La autoridad judicial se refirió también a la huelga de hambre iniciada por López y Ceballos hace dos semanas, indicando que tras la decisión personal de los detenidos las instituciones del Estado venezolano se mantienen "alerta" para garantizar su evaluación médica.