Este artículo se publicó hace 14 años.
Grecia vuelve a paralizarse por los recortes
Los sindicatos convocan un parón de tres horas y exigen al Gobierno que mantenga el salario mínimo
Y tras Portugal, Reino Unido e Italia, los sindicatos griegos vuelven a protagonizar una jornada de huelga para este jueves contra las medidas de austeridad del Gobierno.
La Confederación General de Trabajadores (GSEE), que representa a unos dos millones de sindicados, y la Unión de Funcionarios Públicos (Adedy), con unos 750.000 afiliados, han instado a sus miembros a ausentarse de sus puestos de trabajo entre las 12.00 y las 15.00 hora local (10.00-13.00 GMT). Además han convocado dos manifestaciones en el centro de Atenas.
Los autobuses empezaron a funcionar con dos horas de retraso esta mañana, lo que ha afectado a la llegada de los ciudadanos a sus puestos de trabajo. Esta noche pueden repetirse los problemas puesto que dejarán de prestar servicio a partir de las 22.00 horas, dos horas antes de lo habitual.
En el servicio ferroviario el paro ha causado cerca de una decena de cancelaciones y modificaciones. El tren de cercanías hacia el aeropuerto internacional y los trolebuses dejarán de funcionar entre las 12.00 y las 15.00 hora local, y el metro y los tranvías no circularán durante cuatro horas a partir del mediodía.
Mientras los trabajadores en los puertos continúan desde el martes sus protestas por reivindicaciones laborales, que han dejado sin transbordadores a las islas del mar Egeo.
Los vuelos se llevan a cabo con normalidad porque los controladores aéreos no participan en el paro.
Salario mínimoTambién se verán afectados numerosos servicios, como escuelas, jardines infantiles, bancos, oficinas de hacienda, ministerios, cajas de seguro social y la atención en los hospitales públicos, donde se han cancelado operaciones y sólo se atenderán casos de urgencia.
El Gobierno no se ha comprometido a mantener los 740 euros del sueldo mínimo Los trabajadores griegos protestan contra las intenciones del Gobierno de reducir el sector público, de forma que a partir de 2011 por cada cinco funcionarios que se jubilen solo entrará en la administración un nuevo empleado. Se oponen también al plan de cierre de algunos organismos estatales y a que no se renueven los contratos temporales.
Además exigen que el Gobierno proteja el sueldo mínimo de 740 euros al mes en los nuevos acuerdos laborales entre los empleados y la patronal.
En los próximos cien días el Ejecutivo socialista deberá implemntar nuevas medidas como las destinadas a mejorar la recaudación de impuestos, con el fin de poder cumplir con las metas económicas de 2010, o las que pretenden reducir el déficit fiscal al 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB), desde el 15,4% con el que cerró hace un año.
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