Tras seis años de moratoria el parlamento guatemalteco decidió el martes restablecer la pena capital a petición de uno de los partidos más conservadores del país como medida para reducir los altos niveles de violencia en Guatemala.

Según datos oficiales la violencia de las pandillas juveniles o maras genera16 víctimas diarias.

La iniciativa del partido opositor derechista Partido Patriota (PP), recibió el voto a favor de la mayoría de los 112 diputados presentes –excepto los izquierdistas de Encuentro por Guatemala (3) y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (1)– que aprobaron la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte.

Con esta ley el presidente del país recobra la potestad de conceder o no “el recurso de gracia” a los condenados a pena de muerte. Actualmente hay 34 reos guatemaltecos en esta situación.

La diputada del PP Roxanna Baldetti declaró a la prensa que los altos niveles de violencia que padece la sociedad guatemalteca justifican la aplicación de la pena de muerte “para castigar a los delincuentes que cometen delitos contra la sociedad”.

Amnistía Internacional ha enviado una carta al presidente Álvaro Colom para recordarle que “hace dos meses Guatemala votó en las Naciones Unidas a favor de una suspensión mundial de las ejecuciones”.

La organización insta a Colom a que “busque soluciones más eficaces y duraderas para la crisis de seguridad pública que afecta a Guatemala”.

Sin embargo el socialdemócrata Colom ya ha anunciado que no otorgará el indulto a los reos condenados a muerte en su país.