La guerra sucia de Uribe

Neutralizar las "acciones desestabilizadoras" de las ONG en Colombia y en el mundo estableciendo vínculos entre estas y organizaciones narcoterroristas. Hacer presión, mediante amenazas y chantaje. Llevar a cabo acciones de sabotaje, a través de actos de terrorismo con explosivos. Desinformar a la población que se encuentra a favor de los "detractores del Gobierno".

Esos han sido, entre muchos otros, los objetivos perseguidos por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano, el organismo de inteligencia dependiente directamente de la Presidencia de la República y que hoy está siendo investigado por sus actos criminales.

Los llamados "blancos legítimos" en la terminología empleada por el DAS han sido políticos de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos críticos con las políticas del Gobierno, los jueces que investigan los vínculos entre los paramilitares con miembros del partido del presidente Álvaro Uribe, o los que se opusieron a su tercer mandato, y hasta el Parlamento Europeo.

Los documentos incautados por la fiscalía, que Público reproduce por primera vez en España, muestran que este organismo de la seguridad estatal no sólo no obró "con pleno respeto de los derechos y las garantías constitucionales", como le exige la ley, sino que se convirtió en un instrumento del Gobierno para atacar y llevar a cabo hostigamientos, escuchas ilegales, seguimientos, amenazas, extorsiones y todo tipo de operaciones al margen de la ley.

"Un auténtico programa de aniquilación política y psicológica de toda persona non grata para los intereses del Gobierno". Así ha definido las actividades de la inteligencia colombiana la Federación Internacional de Derechos Humanos, una de cuyas organizaciones miembros, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que se ha constituido en parte civil en el proceso contra el DAS, es una de las entidades más espiadas, acosadas y amenazadas.

Los agentes siguieron y amanezaron a niños y niñas, hijos de los blancos del operativo

Al presidente de dicho colectivo, el abogado Alirio Uribe, se le hizo un seguimiento exhaustivo de su correo, tal y como constata el fiscal a lo largo de 16 páginas dedicadas sólo a enumerar acciones contra esa víctima. El DAS compiló más de mil folios de inteligencia sobre el letrado, le hizo un perfil psicológico y registró su casa sin autorización.

"No tartamudear"

Otra colaboradora del colectivo José Alvear Restrepo es la periodista Claudia Julieta Duque, que fue objeto de amenazas que la forzaron a exiliarse con su hija de 10 años, María Alejandra. El DAS elaboró un Manual para amenazar con ins-trucciones para sus agentes, como asegurarse de que no hay cámaras de seguridad alrededor, "no tartamudear" y colgar en menos de 49 segundos tras dejar claro que van a ir a por lo que más quiere: su hija.

Cuando escuchó la llamada, Duque se rompió. "El desespero se apoderó de mí, y yo, que había logrado conservar un mínimo equilibrio durante los últimos dos años, en los que era usual encontrar en mi contestador mensajes con gritos desgarradores que sólo podían ser de gente torturada, algunos en los que me insultaban Yo, que había sabido mantenerme lúcida a pesar de los ocho meses de insomnio, de los seguimientos, del secuestro de 2001, del intento de desaparición de 2004, de las burlas del Ministerio del Interior y del DAS ante mis denuncias... me quebré", cuenta Duque a la revista Gente Colombia en su número de mayo.

Uribe ha sido citado como testigo en la investigación administrativa

La periodista supo de la existencia del Manual para amenazar por la prestigiosa revista colombiana Semana. "Lloré durante varios días y noches y recapitulé los dolores de tres exilios y ocho años de persecución y terror, de ver crecer a mi hija con el temor que nos impuso la agencia de seguridad del presidente", relata.

La lista de víctimas, individuales o colectivas, supera el centenar. Más de 120 de ellas han pedido a los candidatos de las presidenciales de este domingo que rechacen lo que consideran "acciones de terrorismo de Estado, propias de las peores dictaduras". "En su afán por asegurar resultados, los agentes de seguridad del Estado siguieron, intimidaron y amenazaron niños y niñas, hijos de los denominados blancos de las operaciones de inteligencia", señalan.

Cuatro ex directores generales del organismo y 18 agentes están siendo investigados. Se les acusa de concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones, entre otros delitos.

El ex director del DAS Jorge Noguera Cotes está siendo juzgado desde el pasado febrero por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El caso de Noguera es especialmente grave porque la fiscalía lo acusa de usar su cargo para establecer listas (de sindicalistas, defensores de derechos humanos y opositores) que acababan en manos de los paramilitares para su persecución. Se cree que Noguera contribuyó así al asesinato en 2004 por paramilitares de al menos tres personas: la periodista Zully Esther Codina, el ex parlamentario Fernando Pisciotti y el profesor Alfredo Correa.

Paralelamente al proceso penal, hay en marcha una investigación administrativa disciplinaria, llevada a cabo por la Procuraduría General (el ministerio público que representa a los ciudadanos ante el Estado). Esta ha llamado a declarar en calidad de testigo al presidente Uribe, de quien depende directamente el DAS, para establecer cómo era el manejo de la información y cómo se coordinaba el trabajo del DAS.

Uribe defiende a los funcionarios

El ministerio público vinculó recientemente en la investigación disciplinaria al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.

"Esta actividad ilícita obedecía a una estrategia y a unos fines previamente acordados"

De momento, Uribe ha negado que ordenara escuchas o seguimientos ilegales y se ha dedicado a arremeter contra las investigaciones que acosan a sus funcionarios. El pasado 1 de junio calificó de "injusticia" la orden de detención contra el ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) Mario Aranguren, a quien se persigue por haber proporcionado datos financieros de los espiados. Según Uribe, Aranguren cumplía con su deber.

"[La detención] muestra que lo que hay es un ánimo de perseguir a gente honesta que no roba, que cuida al Estado y la meten a la cárcel por cumplir el deber", declaró Uribe.

Según la web del DAS, su objetivo es "producir información privilegiada, conocimiento que produzca acción y proveer insumos al Presidente de la República para la toma de decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado".

Las carpetas que fueron incautadas en una inspección del DAS revelan los insumos que fueron elaborados para la toma de decisiones presidencial. "Carpeta AZ.No. 1.9.2.-2005. Folios 69 a 77: se solicita el control técnico de correos electrónicos. Carpeta AZ. No 1.10-2005: se trata de una serie de peticiones e informes donde se solicita y da a conocer datos financieros de miembros de ONG", enumera la instrucción.

"Esta actividad ilícita obedecía a una estrategia y a unos fines previamente acordados, bajo el pretexto de unas labores de inteligencia encaminadas a mantener la seguridad", afirma el escrito de la fiscalía. "Labores que en nada se corresponden con este cometido, pues a quienes se estaba investigando, como la Corte Suprema de Justicia y los parlamentarios, cumplían funciones acordes con la Constitución".

"El propósito concluye, contundente, el fiscal era satisfacer intereses oscuros aún no determinados y ponerse al servicio de bandas y mafias criminales".