El Alto Tribunal de Delhi declaró que la homosexualidad no es un delito, un veredicto que reforzará a los grupos de defensa de los derechos de los homosexuales en su lucha para que el Gobierno retire una ley de la época colonial británica que prohíbe y penaliza las relaciones sexuales "contra natura".

Los dos jueces del tribunal consideraron que las "relaciones sexuales consentidas entre adultos son legales, y ello incluye a las relaciones homosexuales". Este fallo es el resultado de nueve años de iniciativas legales de los grupos defensores de los homosexuales.

Con la actual ley, que prohíbe "el sexo contra natura", las relaciones entre personas del mismo sexo pueden costar hasta diez años de cárcel. Los jueces del Alto Tribunal estiman que la ley en vigor debe circunscribirse a las relaciones sexuales no consentidas. El fallo es válido para toda India, pero puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Con la actual ley, que prohíbe "el sexo contra natura", las relaciones entre personas del mismo sexo pueden costar hasta diez años de cárcel

En un país donde abrazarse y besarse en público incluso entre heterosexuales causa comentarios lascivos e incluso agresiones, la homosexualidad es un tabú arraigado y queda por saber cómo reaccionarán a esta decisión los sectores más conservadores.

Los activistas de los derechos de los homosexuales han declarado que la decisión constituye un momento histórico y algunos han empezado a celebrarlo en las calles. "Por fin hemos entrado en el siglo XXI", declaró Anjali Gopalan, líder de la Fundación Naz, un importante grupo de presión defensor de los derechos de los homosexuales.

Los activistas arguyen que la actual ley, en vigor desde 1861, ha sido un escollo en la lucha contra el VIH/sida porque muchos homosexuales se niegan a confesar su orientación sexual por temor a las autoridades.

Todas las reclamaciones para que se cambie o retire la ley de 1861 han sido rechazadas firmemente por el Gobierno, pero las posturas se han suavizado en los últimos y algunos responsables gubernamentales ya no descartan que se pueda debatir la posible revocación de la norma.