La presidenta de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), Ana Teresa Bernal, es una de las activistas por la paz más reputadas de Colombia.

¿Cómo valora la aplicación de la Ley de Justicia y Paz?

Ha sido un parto doloroso, pues nace en medio de una gran controversia política. El Gobierno diseñó una ley muy benévola. Los jefes paramilitares nunca pensaron que iba a salir la ley que salió. Creían que sería borrón y cuenta nueva y que tendrían el poder económico y político. Pero la Corte Constitucional la cambió.

¿Cuáles son los logros?

La ley abrió un nuevo escenario, sobre todo si piensas que, antes, las víctimas no existían Algún caso aislado llegaba a un alto tribunal pero no existía lo de hoy, masivo, todo un sistema para que haya juicios, se contabilice el número de delitos... Se empezó a conocer la verdad, los nexos de paramilitares con miembros de la fuerza pública y con empresarios, cómo invadieron, se tomaron tierra y desplazaron a campesinos. Se supo que no eran sólo contrainsurgentes, sino toda una industria del narcotráfico. Llevo 25 años trabajando en temas de paz. Sabía que pasaban cosas graves, pero no sabía que tan graves. ¿Dónde estábamos en 2000 cuando ocurrían estas grandes masacres? Nunca imaginé la magnitud de este problema y el grado de barbarie al que llegamos. Hay víctimas por todo el país, hay hornos crematorios, hubo violaciones, torturas. Vamos a necesitar generaciones para sanar la herida. Pero hemos empezado.

Otros subrayan que no se ha sabido toda la verdad.

La verdad no se conoce de un día para otro. Mira España; cuántos años han pasado y ahora se está sabiendo la verdad, y con dificultades. En Colombia estamos rompiendo un récord y lo estamos haciendo en medio del conflicto, tratando de restituir tierras, de hacer justicia y de conseguir la verdad. Hay ONG que creen que no ha servido para nada, que es una ley de impunidad. Depende del ángulo desde el que lo mires. Yo no quiero ver las cosas en blanco y negro. La ley también ha supuesto cosas buenas y está abriendo camino.

¿Qué mejoraría?

No creo posible juzgar a 30.000 desmovilizados, pero sí acelerar el proceso. Hacen falta sentencias. Tiene que haber detenciones de miembros de los nuevos grupos. Y tiene que haber una acción contundente para juzgar a quienes quieren quedarse la tierra, porque vemos que se empiezan a restituir tierras robadas y ya están matando a sus propietarios.