La Cámara de Diputados de Brasil ha acordado que la aprobación definitiva de la reforma del régimen de pensiones propuesta por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro quedará pendiente hasta agosto, lo cual puede atrasar los planes del líder de la ultraderecha para la economía del país.

La impopular reforma, la única iniciativa concreta en materia económica presentada por Bolsonaro desde que llegó al poder, el pasado 1 de enero, recibió la primera sanción en la Cámara baja, pero por tratarse de una enmienda constitucional requiere de una segunda, que sólo será intentada el mes próximo.

"El proceso de la segunda votación comenzará el 6 de agosto", dijo el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, en tanto que el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, un gran defensor de la reforma, consideró que "es mejor así, porque si se acelera mucho uno se puede chocar contra un muro".

El atraso fue forzado por la oposición, que se valió de todas las maniobras previstas en las normas para alargar los debates después de la primera sanción, dada por el pleno de los diputados el pasado miércoles con una amplia mayoría de 379 votos frente a 131.

El problema radica en que el Parlamento entrará en receso entre el próximo día 18 y el 1 de agosto y el grupo oficialista no logró garantizar la presencia de sus diputados para una segunda votación la semana próxima, por lo que optó por postergarla frente al riesgo de una derrota que llevase el proyecto a los archivos.

Los puntos clave: edad mínima

El texto prevé una edad mínima de jubilación, pero algunas categorías, como la de los profesores o de los cuerpos de seguridad federales, contarán con un régimen diferenciado.

El requisito de una edad mínima no existía en el actual sistema, que permite a las mujeres jubilarse con 30 años de cotización y a los hombres con 35, de tal forma que hay casos en los que es posible acceder a esa prestación con unos 50 años.

Edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años años.

Trabajadores del sector privado en zonas urbanas. Edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años años.

Trabajadores de zonas rurales. Edad mínima de jubilación de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años años.

Funcionarios públicos federales. Edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 25 años años.

Cálculo de beneficio

El valor de la jubilación será calculado teniendo en cuenta la media de contribución del trabajador.

Al alcanzar el tiempo mínimo de contribución, los trabajadores del régimen general tendrán derecho al 60% del beneficio integral, con un aumento de dos puntos porcentuales para cada año más de contribución.

De esta forma, para obtener el 100% del beneficio será necesario alcanzar la edad mínima exigida, así como 35 años de contribución para las mujeres y 40 para los hombres.

Transición de 14 años con diferentes opciones

La propuesta recoge un periodo de transición de 14 años. Durante ese periodo, el trabajador tendrá diferentes opciones para jubilarse siguiendo diferentes fórmulas, dependiendo de si prefiere optar por la edad mínima o el tiempo de contribución, o hacer una media entre ambos factores.

Millonario ahorro para las cuentas públicas

El Gobierno había previsto inicialmente un ahorro fiscal equivalente a unos 265.000 millones de dólares en 10 años. Esa cifra, sin embargo, pudiera ser menor debido a los cambios que el proyecto ha sufrido en la Cámara baja, cuyo impacto aún no ha sido completamente calculado.

Exclusión de estados y municipios

El documento aprobado en la primera votación por la Cámara de los Diputados no modifica las reglas para la jubilación de los funcionarios públicos de los estados y municipios, solo para los federales.

Según el Atlas del Estado Brasileño, lanzado en 2017, los funcionarios públicos municipales representan el 57% del total en el país, mientras que los regionales equivalen al 33% y los federales apenas al 10%, aunque poseen los sueldos y las pensiones más elevadas.

Quien gana más paga más

La reforma establece cambios en las retenciones de los trabajadores. Serán, además, progresivas. Los que tengan un salario mayor, contribuirán más al sistema y los que perciban un sueldo menor, se les retendrá menos.

En el sector privado, las alícuotas efectivas varían del 7,65% al 11,68%, mientras que las de los funcionarios van del 7,5% al 16,79%, dependiendo de la franja salarial.

La reforma excluye el régimen de capitalización

La reforma deja fuera el sistema capitalización individual, similar al chileno y en el que la jubilación de cada trabajador dependerá de su capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral. El Gobierno, no obstante, pretende insistir en el asunto y podría proponer un proyecto de ley específico sobre ese punto, con el fin de que sea opcional para cada trabajador.

Largo camino por delante

La reforma todavía necesita ser aprobada en una segunda votación en la Cámara de los Diputados, la cual está prevista para el mes de agosto, tras el receso parlamentario. Después, deberán ser realizadas otras dos votaciones en el Senado, donde el Gobierno necesitará los votos de 3/5 tanto de los legisladores al tratarse de una enmienda constitucional.