Indonesia aborda una reforma de su industria de aceite de palma marcada por una corrupción que ha costado pérdidas millonarias, dañado la imagen del país y provocado la detención de varios altos cargos.

La falta de transparencia es uno de los obstáculos de la reforma de un sector, criticado por organizaciones como Greenpeace, que lo vincula a la deforestación de millones de hectáreas, y la Unión Europea.

Bruselas se ha opuesto especialmente al uso como combustible del cultivo, y esta semana impuso restricciones a los agrocombustibles que proceden de este aceite dentro de su Directiva para las Energías Renovables (RED).

"Hay muchos vacíos legales que fomentan la corrupción en el sector del aceite de palma desde la preproducción hasta la posproducción", denunció el año pasado el vicepresidente de la agencia anticorrupción (KPK), Laode Muhamad Syarif.

"Las compañías llevan a cabo las operaciones pero no informan de sus ingresos, ni de las imposiciones ya sean en forma de impuestos u otras que tienen que pagar", indicó Syarif.

Cerca del 12% de las hectáreas dedicadas al aceite de palma no cuentan con permisos, según la estimación del investigador de la KPK, Sulistyanto, quien dijo a Efe que esto priva al estado de los impuestos derivados de la explotación de las tierras.

Sulistyanto denunció además que un fondo estatal dedicado a fomentar la reforestación o investigación destinó el año pasado el 70% de su presupuesto a incentivos para agrocombustibles generados con aceite de palma en un opaco esquema del que se beneficiaron grandes compañías e intermediarios.

Por otra parte, el lucrativo negocio de los permisos de explotación maderera suponen otro de los puntos vulnerables de esta industria, y por el que los últimos años han sido detenidos varios gobernadores provinciales y municipales en las islas de Borneo y Sumatra.

El año pasado, 3,4 millones de hectáreas –de un total de 16,6 millones– de plantación de aceite de palma se encontraban ilegalmente dentro de zonas de bosque, tanto protegido como abierto a la explotación, según la KPK.

El aceite de palma es uno de los motores de la economía rural y la principal exportación de Indonesia, país que concentra más de la mitad de la producción mundial de este producto que, junto a sus derivados, se utiliza en productos de alimentación, limpieza, higiene o agrocombustibles.

Ante los problemas del sector, el presidente indonesio, Joko Widodo, estableció en septiembre una moratoria de tres años a las plantaciones de aceite de palma con el objetivo de incrementar la producción y certificación de los pequeños agricultores, mejorar la sostenibilidad y resolver las disputas territoriales.

El momento elegido para la moratoria buscaba también dar un respiro a los agricultores, sobre todo los más pequeños, y compañías productoras que se enfrentaron en 2018 a una sobreproducción que ha hecho caer los precios globales del aceite.

En diciembre, Joko Widodo anunció la finalización de un "mapa único" sobre el uso de tierras en el archipiélago de más de 17.000 islas que busca resolver los conflictos y disputas territoriales provocados por mapas oficiales que se superponen.

Para el secretario general del la asociación de pequeños agricultores (SPKS), Mansuetus Darto, la moratoria es una oportunidad para agruparse y mejorar el rendimiento de las cosechas para ganar capacidad de negociación frente a las grandes compañías.

"Los pequeños agricultores pueden desarrollar organizaciones como cooperativas y vender directamente, ya que hay 3 millones de personas que venden sus racimos de fruta a intermediarios", dijo Darto a Efe.

El vicepresidente de la KPK aseguró que la reforma del aceite de palma "puede aliviar la pobreza y reducir las desigualdades en el desarrollo" pero advirtió del peligro de no tomar medidas. "Esperamos que el aceite de palma indonesio pertenezca a la gente y no sea monopolizado por ciertas compañías que tienen la mayoría de su capital invertido fuera del país", dijo Laode.