Israel cancela su controvertido plan para deportar a migrantes y refugiados africanos

El Gobierno israelí ha anunciado este lunes que cancela su controvertido programa para deportar a miles de migrantes y solicitantes de asilo africanos.

Según el Ejecutivo, ha alcanzado un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que implica la cancelación."El Estado de Israel y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) unen fuerzas para implementar este esquema, para dejar en Israel al menos a 16.250 inmigrantes", confirmó la oficina del primer ministro israelí en un comunicado oficial. 

Según el acuerdo, ACNUR trasladará a países occidentales a 16.250 inmigrantes africanos y el Gobierno israelí formalizará el estatus del resto, otros 16.000, que permanecerán en territorio israelí, informó en un comunicado la Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El acuerdo permitirá "que salga un mayor número de inmigrantes de Israel bajo patrocinio de la ONU", señala el comunicado.

El plan contemplaba que los migrantes fueran encarcelados de manera indefinida si no aceptaban marcharse a un tercer país africano

El pacto fue aprobado por el Fiscal General israelí y cumple con las regulaciones establecidas por el derecho internacional.

El Gobierno israelí anunció también un plan de rehabilitación para el sur de Tel Aviv, donde se concentra la mayoría de inmigrantes, y se comprometió a hacer "una distribución geográfica más equilibrada de las poblaciones que permanecerán en Israel, con orientación laboral, formación profesional, adaptación de puestos de trabajo, etc".

Según el comunicado, tanto el primer ministro como el Ministerio del Interior trabajaron para mantener el plan anterior, que suponía la expulsión de los africanos a terceros países, pero debido a limitaciones legales y dificultades políticas "fue necesario llegar a un entendimiento nuevo y mejorado que asegure la partida continua de miles de inmigrantes de Israel".

El plan de deportación afectaba a 32.000 inmigrantes africanos, en su mayoría procedentes de Eritrea y Sudán y fue vetado temporalmente a mediados de marzo por el Tribunal Supremo de Israel, que ordenó impedir la expulsión de cualquier persona que no quisiera marcharse de manera voluntaria a un tercer país africano.

El programa de expulsiones, aprobado en enero, contemplaba que miles de inmigrantes, en algunos casos solicitantes de asilo, fueran encarcelados de manera indefinida si no aceptaban marcharse a un tercer país con incentivos que incluían pagos de efectivo y un billete de avión, aunque de los 38.000 que hay eximía a unos 6.000 niños y progenitores con menores a cargo.

La ONG Hotline para Refugiados y Migrantes asegura que Israel había firmado acuerdos con Ruanda o Uganda para que aceptasen los expulsados, algo que las autoridades de estos países habían negado