Israel quiere poner un bozal a las ONG

La organización pro derechos humanos Human Rights Watch ha expresado su oposición a la campaña que Israel ha iniciado en la Kneset contra las ONG locales y extranjeras que denuncian la violación de la ley internacional por parte de políticos o militares israelíes, incluidos los presuntos casos de crímenes de guerra, así como contra cualquier individuo o entidad que apoye el boicot a Israel como medida de presión para terminar con la ocupación.

Cuatro proyectos y enmiendas de ley se tramitan actualmente en el parlamento y, de ser aprobados, dice HRW, "restringirán los derechos que tienen los israelíes a criticar las políticas y acciones de su Gobierno", blindando a quienes violen la ley.

Uno de los proyectos de ley contempla el cierre definitivo de cualquier grupo que dé cuenta de información que pueda utilizarse en tribunales extranjeros contra miembros del Gobierno o del ejército que presuntamente hayan cometido violaciones de la ley internacional, ya sea mediante crímenes de guerra o mediante crímenes contra la humanidad.

Un segundo proyecto de ley penalizará a las organizaciones o individuos que apoyen o participen en el boicot de Israel. La legislación está dirigida principalmente contra las ONG israelíes y extranjeras que operan en Israel y que recientemente han colaborado con abogados extranjeros para presentar denuncias contra políticos y militares israelíes sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad.

La principal entidad contra la que va dirigida la nueva legislación es la ONG israelí Adalah, un grupo que ha colaborado en la denuncia de políticos y militares, especialmente a raíz de la invasión de la Franja de Gaza de 2009 que costó la vida a unos 1.400 palestinos, la inmensa mayoría civiles. De hecho, fue la invasión de Gaza lo que despertó a numerosas ONG israelíes y extranjeras que desde entonces han tratado de llevar ante los tribunales a los responsables políticos y militares de la invasión.

De ser aprobados, como se espera que ocurra en el futuro inmediato, estos proyectos de ley permitirán que cualquier parte que se sienta señalada por individuos o por una ONG pueda exigir una compensación inicial de 6.000 euros sin necesidad de probar que haya existido el boicot. Y acto seguido, podrá exigir cuantiosas compensaciones adicionales si prueba que el boicot le ha causado daño.

"Esta legislación muestra un grave deterioro de los valores democráticos de la sociedad israelí. Se trata de una gran campaña con la que el Gobierno pretende silenciar las voces críticas. Es muy preocupante, pero al mismo tiempo indica que el Gobierno nos tiene cada día más miedo. No creo que la nueva legislación vaya a detenernos. Seguiremos preparando nuestros informes, aunque nos cueste caro, porque formamos parte de la democracia", dijo ayer Yehuda Shaul, de la ONG Rompiendo el Silencio, que denuncia los excesos que cometen los militares en los territorios palestinos ocupados.