Italia da un primer paso para eliminar el delito de inmigración ilegal tras la tragedia de Lampedusa

La comisión de Justicia del Senado italiano dio este miércoles un primer paso para eliminar el delito de inmigración ilegal en Italia, con la aprobación de una enmienda presentada por el partido Movimiento 5 Estrellas (M5S). El subsecretario de Justicia, Cosimo Ferri, anunció la aprobación de la enmienda, que contó con el apoyo del Ejecutivo, según recogen los medios de comunicación italianos.

En Italia la inmigración ilegal está tipificada como delito desde 2009 y puede ser sancionada con multas de entre 5.000 y 10.000 euros, toda vez que la ley prevé un proceso ante el juez en el que las personas en situación irregular podrán ser expulsadas del país de forma inmediata.

"La sanción penal se perfila desproporcionada e injustificada -dijo Ferri- y la sanción pecuniaria es, de hecho, imposible de llevar a cabo, considerando que los inmigrantes no cuentan con ningún bien". Asimismo, destacó que "el Estado debe regular los flujos migratorios de forma compatible con las concretas posibilidades de acoger a los inmigrntes por razones de orden público y humanitarias" y agregó que "es necesario garantizar una hospitalidad digna a aquellos que huyen de situaciones de extrema indigencia o inhumanas".

El debate en Italia sobre su ley migratoria se ha reabierto en el país, tras el naufragio, el pasado jueves, de un pesquero con más de 500 inmigrantes a bordo ante las costas de la isla de Lampedusa (sur), en el que el balance de muertos supera ya los 300, mientras aún siguen las tareas de rescate de los cadáveres atrapados entre los restos hundidos de la embarcación.

El delito de inmigración ilegal entró en vigor en 2009, tras su aprobación por parte del Ejecutivo conservador de Silvio Berlusconi, que en aquel entonces tenía como aliado de Gobierno al partido federalista con tintes xenófobos de la Liga Norte, uno de cuyos miembros ocupaba la cartera de Interior.

Según esa ley, con la que se obliga además a los funcionaros públicos a denunciar a los indocumentados (los médicos y los directores de centros educativos quedan exentos de esa obligación), los inmigrantes que consiguieron sobrevivir el pasado jueves al naufragio podrían tener que enfrentarse a multas de varios miles de euros.

Al delito de inmigración ilegal se suma la llamada ley "Bossi-Fini" de 2002, que adquiere ese nombre por sus ministros conservadores promotores y que prevé el delito de complicidad con la inmigración clandestina para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros.

Mientras el Partido Demócrata (PD), del primer ministro Enrico Letta, y el M5S expresaron su satisfacción por la decisión adoptada hoy por la comisión del Senado, desde la Liga Norte se ha tachado la medida de "vergüenza". "Es un mensaje que lanzado en este momento puede desestabilizar la seguridad y los flujos migratorios hacia Italia. Lucharemos en el pleno del aula para reintroducir el delito", declaró el portavoz de la Liga en el Senado, Massimo Bitonci.