Italia y Dinamarca piden centros de deportación en terceros países ante lo que califican como "inmigración descontrolada"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han publicado este lunes un comunicado conjunto en el que rechazan "la inmigración descontrolada" y piden centros de repatriación en terceros países.

Meloni ha publicado un comunicado por redes sociales en el que expresa que ambas entienden "que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur. La otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa". Las dos mandatarias han rechazado la "inmigración descontrolada a Europa" y califican de "rigurosa" sus políticas migratorias promovidas tanto a nivel nacional como en el conjunto europeo. 

Italia introdujo controles fronterizos en aeropuertos y puertos para los viajeros procedentes de España, suspendiendo el espacio Schengen, tras la crisis en Ceuta. Posteriormente, el Gobierno español impuso la misma medida para los pasajeros que lleguen a España desde Italia.

Las mandatarias aseguran que "nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades" y se mantienen firmes al relacionar inmigración con los índices de delincuencia, una supuesta mayor presión sobre los servicios públicos y la "erosión de la confianza pública". Una situación que, agregan, "resulta especialmente grave" cuando las personas migrantes, "privadas del derecho a permanecer en nuestros países, cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual".

Es por ello que solicitan que se establezcan centros de repatriación de personas migrantes en terceros países, "así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa", un proyecto que Italia ya ha realizado en Albania y ahora se piensa en algunos países africanos.

Ambas mandatarias aseveran que "el respeto a nuestras leyes debe ir de la mano del respeto a los valores europeos. Esto se aplica tanto a los inmigrantes irregulares como a los millones de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestros países y en toda Europa".

Enarbolan, asimismo, "el patrimonio cultural cristiano de Europa" que debe protegerse, aseguran, para que las personas migrantes "no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos".  Para ambas mandatarias "esta es la manera correcta de proteger a Europa y nuestros valores comunes".