Una década de antimigración: el 90% de los partidos europeos ha endurecido sus políticas hacia los extranjeros

Se quedó petrificado al ver que aquel bulto contra el que rompían las olas era el cuerpo de un niño pequeño. Aún así, Nilüfer Demir, fotógrafo de la agencia turca Demiroren Haber Ajansi (DHA), apretó el disparador de la cámara, capturando para la historia aquel momento. En el centro de la imagen se encontraba Aylan Kurdi, de tres años, víctima de la mortífera ruta migratoria turcogriega. Era el menor de una familia kurdosiria que huía de la guerra civil que asolaba su país. Su madre y su hermano mayor también murieron en la travesía. Solo su padre logró alcanzar con vida Europa.

Días más tarde de que la foto diera la vuelta al mundo, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Partido Popular Europeo (PPE), pronunció las siguientes palabras en su discurso sobre el estado de la Unión: "Europa es un continente donde casi todo el mundo fue en algún momento refugiado". Para el democristriano, este recuerdo obligaba a los europeos a actuar con "humanidad y dignidad" a la hora de gestionar la "crisis de refugiados" que vivía el continente. "Necesitamos más Europa en nuestras políticas de asilo y más unión en nuestras políticas de refugiados", concluyó el expresidente de la UE.

El consenso por el que rogaba Juncker en 2015 parece estar tomando forma una década después, pero en el sentido contrario al que propuso. Entre 2014 y 2024, el 89% de los partidos políticos de los países europeos ha virado hacia posturas más restrictivas con la inmigración. En definitiva, esto ha desplazado hacia la derecha el marco discursivo y político de este fenómeno en todos los países.

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Este es el resultado del análisis realizado por Público de la encuesta Chapel Hill Survey, diseñada y analizada por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU) entre los años 2014 y 2024. Esta encuesta se basa en entrevistas a un centenar de politólogos que evalúan la ideología de los distintos partidos del continente americano y europeo sobre diferentes ámbitos, incluida la migración.

Estas tendencia ha sepultado la lógica de la solidaridad que subyacía al discurso que pronunció Juncker en septiembre de 2015: "Podemos construir muros, podemos construir vallas. Pero imagina por un segundo que fueras tú [el que huye] con tu hijo en brazos, y que el mundo que conocías se desmoronara a tu alrededor. No hay precio que no pagarías, no hay muro que no escalarías, no hay mar que no cruzarías, no hay frontera que no atravesarías si estuvieras huyendo de la guerra o de la barbarie del llamado Estado Islámico".

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Pero fue esto fue justamente lo que hizo Europa. Solo entre 2015 y 2017 se construyeron unos 900 kilómetros de muros y vallas para impedir la llegada de migrantes a Macedonia, Reino Unido, Eslovenia, Hungría, Lituania o Bulgaria. Así lo evidenció la investigación de la Fundación porCausa, Baynana, El Confidencial y otros medios europeos publicada en 2023. A los muros de más reciente creación se suman los 20 kilómetros de vallas que separan el territorio español de Ceuta y Melilla de Marruecos, levantadas a finales de los noventa.

Además, algunos países europeos han endurecido, a nivel nacional, las condiciones para obtener la residencia en sus territorios y han ampliado las deportaciones. Como han demostrado multitud de investigaciones periodísticas, algunas de estas expulsiones se hacían en caliente. Es decir, en la frontera y sin la correspondiente evaluación de los riesgos inminentes de aquella expulsión ni la evaluación de la solicitud de asilo de quienes llegaban.

En mitad de la proliferación de estas medidas antimigratorias tuvo lugar la invasión de Rusia a Ucrania. El regreso de la guerra a territorio europeo en 2022 activó una red de solidaridad que parecía llevar décadas dormida. Los Estados europeos abrieron vías seguras de evacuación y aceleraron los procesos de regularización de los ciudadanos ucranianos que llegaron a sus territorios.

Aquello evidenció la doble moral que aplicaba Europa con quienes procedían de los países del sur global. Este fue uno de los últimos resortes que hizo saltar los consensos sobre asilo que, teóricamente, habían definido a Europa hasta el momento, explica a Público Carlos de las Heras, responsable de Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional España. "¿Por qué?", cuestiona el experto, para quien nada justifica este agravio comparativo según el cual se hace evidente que, para muchos Estados europeos, "unos migrantes parecen ser más merecedores del sistema de asilo que otros".

En esta línea, a finales de noviembre de 2024, los Estados miembros de la UE acordaron endurecer las políticas migratorias comunitarias. Estas medidas quedaron recogidas en el Pacto de Migración y Asilo que terminará de entrar en vigor en junio de 2026. El nuevo texto regulariza prácticas que hasta el momento habían sido calificadas por expertos y políticos de distinto signo como "inhumanas" y que algunos Estados ya imponían a quienes trataban de llegar a su territorio.

Entre ellas se encuentra la externalización del control migratorio a terceros países acusados de incumplir los derechos humanos, como Turquía. España es pionera en esta medida, que ya se ha cobrado la vida de un número indeterminado de migrantes que tratan de alcanzar la ruta canaria a través de Mauritania.

Pese a la mortalidad generada por estas políticas y su evidente ineficacia -los flujos migratorios no se han detenido, sino que se han modificado-, las formaciones de los Estados europeos continúan promocionándolas, contribuyendo a la normalización del discurso antimigratorio. Esto ha generado un contagio no solo entre las derechas, sino también en el centro y la izquierda política.

Un ejemplo llamativo es el del Partido Socialdemócrata (Socialdemokratiet) de Dinamarca, que defiende reducir al mínimo el número de refugiados que acoge el país y ha promovido cambiar la Convención Europea de Derechos Humanos para promover políticas más restrictivas. Pero ni para el Socialdemokratiet ni para otros partidos que han radicalizado sus posturas sobre la inmigración esto fue siempre fue así.

La rentabilidad electoral de la retórica antimigratoria

El Partido Moderado de Suecia es uno de los más antiguos de las democracias escandinavas. De ideología liberal y conservador, siempre ha tenido posicionamientos sobre la migración relativamente amables. Según la encuesta CHES de 2014, en una escala del 0 al 10 -donde 0 es lo más aperturista y 10 lo más restrictivo- las políticas migratorias de los moderados suecos se situaban en el 2,8.

En esta misma posición se encontraba el partido de los Demócratas Cristianos (KD). Una década después, en 2024, ambos habían radicalizado su visión sobre este fenómeno, protagonizando el volantazo hacia la derecha más significativo de todos los países europeos. En 2024, sus políticas migratorias oscilan entre el 8,3 y 8,5. ¿Qué es lo que ha pasado?

En lo últimos años, la fragmentación política que experimentan, como norma general, todas las democracias europeas, ha obligado a los partidos de todo el arco parlamentario a establecer alianzas y acuerdos de gobierno. Esto ha desplazado el marco ideológico de toda Europa hacia la derecha, como ya explicó Público en un reportaje anterior.

Tras las elecciones de 2022 en Suecia, los Moderados y otros partidos del centroderecha se apoyaron en los Demócratas de Suecia (SD) para llegar al poder. Este partido de extrema derecha populista basa la mayor parte de su retórica en la criminalización de los extranjeros y sus propuestas ultranacionalistas.

Su apoyo a los moderados, basado en una serie de condiciones relacionadas con la cuestión migratoria, arrastró a todo el arco político sueco hacia el discurso antimigratorio. Tal y como ocurrió en el país escandinavo, a medida que otros partidos de extrema derecha han ido ganando importancia en el panorama electoral, la narrativa del resto de partidos del arco parlamentario nacional y supranacional  se ha hecho más xenófobo.

Esta tendencia se ha contagiado de este a oeste de Europa, desde los socialdemócratas a la derecha radical. En la última década, una mayoría aplastante de los partidos políticos del continente han virado hacia posiciones más antimigratorias. En Alemania esta tendencia puede observarse en todos los partidos con representación parlamentaria. También en Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Letonia, Polonia, Rumanía y Suecia.

En el resto de países, como España, esta radicalización hacia posturas más xenófobas se ha dado en casi todos los partidos debido, especialmente, a la presencia de Vox, tal y como contó este periódico en un análisis nacional basado en la misma fuente sociológica.

De esta manera, si bien siguen existiendo partidos europeos a favor de implementar políticas más acogedoras con quienes vienen del extranjero, son más los que no lo hacen. Este fenómeno resulta especialmente explícito si se agrupa a los partidos europeos según su familia política.

De momento, son numerosas las formaciones verdes, socialistas o de la izquierda radical que continúan defendiendo posicionamientos migratorios que reconozcan los derechos humanos. Esto no significa que no existan partidos auto percibidos de izquierdas que tienen posturas antimigratorias. Es más, mientras que hay partidos del espectro de las izquierdas que defienden postulados antimigratorios, ningún partido conservador apoya ideas aperturistas sobre cómo gestionar la migración.

El Partido Laborista de Keir Starmer, actualmente en el poder en Reino Unido ofrece un ejemplo de cómo las formaciones del ala progresista se han desplazado hacia posiciones más xenófobas. De acuerdo con la encuesta Chapel Hill Survey de 2024, los laboristas tenían una postura sobre la inmigración que rondaba el 5,1 en una escala del 0 al 10 donde el 0 era lo más aperturista y 10 lo más restrictivo. Pese a la moderación de esta posición, suponían 0,3 puntos más cerca de posturas conservadoras de las que tenía en 2014.

Durante la campaña electoral, Starmer se apoyó en la crítica a cómo los tories habían llevado a cabo el Brexit y a las políticas restrictivas sobre inmigración que habían desarrollado hacia el final de la legislatura. Sin embargo, poco después de llegar al poder, el Ejecutivo de Starmer comenzó a endurecer las políticas migratorias del país.

Entre otras medidas, aumentó hasta los 20 años el tiempo que una persona refugiada debía vivir en Reino Unido antes de poder obtener la residencia permanente. Además, estableció nuevos criterios para otorgar permisos de trabajo y de asilo. En consecuencia, el número de extranjeros que llegó a las islas se redujo en un 70% entre junio de 2024 y junio de 2025, tal y como recogió El Periódico. Según este medio, este recorte podría tener un impacto negativo en la economía británica, que depende en gran medida de la mano de obra extranjera.

Prueba de ello es el hecho de que los partidos con posicionamientos más xenófobos recabaran en 2024 más votos que aquellos que defendían posturas más progresistas. Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional, considera que este fenómeno está relacionado a su vez con el creciente "autoritarismo" que "se contagia a todos los aspectos de la vida cotidiana" en todo el mundo. Esto, evidentemente, incluye a la inmigración.

Arrestar y deportar: EEUU como experimento

El pasado mes de enero, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó su World Report 2025, en el que recogió ejemplos sobre la situación de los derechos humanos en 17 países del mundo. En todos ellos se evidenciaba un aumento del autoritarismo, especialmente reflejado en las políticas migratorias. Perfilación racial, detenciones extrajudiciales de menores y personas vulnerables, así como deportaciones contrarias al derecho internacional, son algunas de las medidas que más veces se repiten en el informe.

EEUU se encuentra a la cabeza de la implementación de estas fórmulas. En el primer año de mandato de la segunda legislatura de Donald Trump -iniciada en enero de 2025- el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a decenas de miles de personas y ha acabado con la vida de alrededor de 36 civiles. Este número es mayor al de todas las personas que habían muerto bajo su custodia en la década anterior.

La detención de ICE es el paso previo a la expulsión de las personas de origen extranjero a terceros países. A veces, la persona ni siquiera tiene una vinculación con el país al que es trasladado forzosamente. Así les ha ocurrido a algunos venezolanos que residían -legal o ilegalmente- en EEUU y que han terminado encarcelados en prisiones de El Salvador. Casos como el de Daniel Lozano-Camargo o Andry Hernández Romero demuestra que no siempre es así.

Cuando en 2022 la entonces ministra del Interior británica, Priti Patel, promovió una medida similar para llevar a Ruanda a los extranjeros que se encontraran en situación irregular en Reino Unido y a quienes, pese a estar en situación regular, estuvieran a la espera de la resolución de asilo, una parte importante de la sociedad civil y del Parlamento británico puso el grito en el cielo. Pese a que el posterior Gobierno laborista paralizó la medida en 2024, la semilla ya había sido plantada.

El testigo lo recogió la primera ministra de Italia Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia). En 2021, propuso llevar a prisiones en Albania a los extranjeros residentes en Italia. A finales de 2023 firmó el acuerdo de colaboración con las autoridades albanesas y en 2024 fueron deportados los primeros migrantes. Varias instancias judiciales italianas revocaron esta medida basándose en la jurisprudencia creada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El alto tribunal ha dictaminado que los Estados miembros de la UE "no pueden designar países como seguros si no ofrecen protección a toda la población".

Para elaborar su resolución, el TJUE utilizó como base la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y las directivas del Pacto de Migración y Asilo anterior al actual. La derechización de la política en los países de norte global y el buen recibimiento que están teniendo entre las facciones más ultras las medidas aplicadas por Trump, sitúan al modelo europeo de asilo al borde del precipicio. 

A partir de junio de 2026, terminará de entrar en vigor el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que modifica la concepción de "país seguro". Esto podría abrir la puerta definitivamente al plan de Meloni e inspirar a nuevos gobiernos de extrema derecha a llevar a cabo medidas similares.