El posible frenazo de la economía británica, la caída de la libra y la imposición de aranceles aduaneros que produciría un brexit sin acuerdo amenazan los intereses de las empresas españolas en el Reino Unido.

El valor de las inversiones españolas en suelo británico alcanza los 77.000 millones de euros, el 16,8% del negocio en el extranjero. En 2018, el Reino Unido fue el segundo Estado de la Unión Europea (UE) que más inversión bruta recibió desde España, solo por detrás de los Países Bajos.

Si abandona el bloque comunitario el próximo 31 de octubre sin un acuerdo, el Reino Unido se convertiría en un país tercero a todos los efectos de la noche a la mañana. Estaría fuera del mercado único, de la unión aduanera, y las regulaciones compartidas hasta ahora quedarían en un limbo.

Contracción económica

El Banco de Inglaterra calcula que un brexit abrupto recortaría en torno a un 5,5% el PIB británico y dispararía la inflación hasta más allá del 5%. "Una contracción de la economía británica afectaría directamente a las empresas españolas que se dedican al turismo, la exportación agroalimentaria y los servicios financieros", señaló a Efe Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido.

Entre los sectores que se verían más afectados por esa desaceleración, las firmas financieras son las que más avanzadas están en cuanto a planes para mitigar los riesgos, subraya Barrachina.

"Las grandes empresas -las cotizadas y las entidades financieras- pueden invertir millones en planes de contingencia y prepararse para varias hipótesis y escenarios, algo que no pueden hacer las pymes españolas", indica.

Caída de la libra

La divisa británica ha perdido en torno a un 15% de su valor respecto al euro desde junio de 2016, cuando los británicos votaron en referéndum abandonar la UE, y podría seguir cayendo si se produce un brexit duro.

Esa depreciación tiene un impacto en las compañías españolas con filiales en el Reino Unido, dado que se reducen las ganancias que pueden repatriar en euros, y también puede obstaculizar las importaciones desde las islas británicas.

"Si las empresas hosteleras españolas o las que se dedican al turismo cobran en libras van a ingresar mucho menos. También las empresas españolas de construcción, infraestructuras o inmobiliarias que invierten directamente en el Reino Unido y cobran en libras lo van a sentir", afirmó el presidente de la Cámara de Comercio.

Imposición de barreras comerciales

El día después de un brexit sin acuerdo, los intercambios comerciales entre ambos lados del canal de la Mancha pasarían a regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Comenzarían a aplicarse aranceles e inspecciones aduaneras.

La balanza comercial entre ambos favorece al mercado español, por lo que España quedaría especialmente perjudicada en ese escenario. El Reino Unido importó desde España el año pasado 32.300 millones de libras (35.750 millones de euros) en bienes y servicios, y exportó por valor de 17.600 millones de libras (19.480 millones de euros), según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS).

Las empresas de distribución, como aquellas que se dedican a exportar piezas para la industria de la automoción, el sector agroalimentario, así como las empresas que comercian con productos industriales y químicos, estarían entre las más afectadas, según Barrachina.

"Las empresas españolas que están reguladas, como los bancos, o bien los despachos de abogados que prestan servicios profesionales, los contables y las empresas de transporte también van a tener que reorganizarse y adaptarse", agrega.

Planes de contingencia

Algunas de las grandes compañías españolas con intereses en el Reino Unido han hecho cambios en su estrategia británica desde que se inició el proceso del brexit. Ferrovial ha tomado medidas para mantenerse bajo el paraguas de la legislación europea tras la ruptura.

La compañía ha trasladado desde Óxford a Ámsterdam la sede de su estructura internacional, que comprende las sociedades Ferrovial Agroman Internacional (construcción), Ferrovial Airports International (aeropuertos), Cintra Global (concesiones) y Ferrovial Services Internacional (servicios).

Telefónica frenó la salida a Bolsa de su filial británica O2 el pasado octubre, poco después de que la consultora EY advirtiera en un informe de que la incertidumbre del brexit había desplomado el valor de las ofertas iniciales públicas (IPO, en inglés) en el mercado de Londres.

Este verano, EY ha vuelto a alertar de que la volatilidad va a continuar aumentando a medida que se acerca el 31 de octubre, por lo que prevé que las salidas a bolsa en los próximos meses se centren en sectores económicos tradicionales, mientras que las tecnológicas esperarán previsiblemente a que se aclare el horizonte político.

El grupo IAG, matriz de Vueling, Iberia, British Airways y Aer Lingus, ha atravesado por su parte un complejo proceso para mantener sus derechos de vuelo en caso de un brexit duro.

"Tanto la Unión Europea como el Gobierno del Reino Unido han garantizado que los vuelos entre las islas británicas y los 27 países de la Unión Europea continuarán incluso si se produce un brexit sin acuerdo, señaló a Efe una portavoz de IAG.