El juez Garzón fija una fianza de 51,4 millones para la viuda y al abogado de Pinochet

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha fijado una fianza de 51,4 millones de euros para que la abonen la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, su abogado y dos ex altos cargos del Banco de Chile imputados por los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto hecho público hoy, en el que da un plazo de 10 días a Lucía Hiriart, al abogado Óscar Custodio Aitken y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo y Hernán Donoso, para que presenten conjuntamente la fianza, y en caso de no hacerlo procederá a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, lo que ascendería a 68,5 millones de euros.

Están imputados por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes

En su resolución, Garzón amplía la querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas  (dentro del sumario que investigaba la 'Operación Cóndor') al de blanqueo de capitales en conexión con uno de alzamiento de bienes respecto a los ex altos cargos del Banco de Chile, ya que a la esposa de Pinochet y a su abogado ya los imputó por estos últimos delitos en 2004, así como al propio dictador y a varios responsables del Riggs Bank, donde Pinochet había ocultado 10 millones de dólares en cuentas secretas.

El magistrado cursa además una comisión rogatoria a Chile para interrogar a los cuatro querellados, en calidad de imputados, para lo que Garzón quiere desplazarse a Chile junto con la comisión judicial correspondiente, "si la legislación chilena lo permite".

La Fundación Española Presidente Allende solicitó ampliar la querella en abril de 2007 y en mayo de 2009. La Fiscalía informó favorablemente respecto al delito de blanqueo de capitales pues entendió que la Audiencia Nacional no es la competente para investigar el alzamiento de bienes.

Sin embargo, el pasado agosto Garzón admitió la ampliación por ambos delitos, aunque no identificó a los "responsables concretos" y señalaba que debían practicarse diligencias para identificar "a los que emitieron las correspondientes órdenes que propiciaron la desaparición de los fondos de la familia Pinochet, el eventual blanqueo de los mismos y las demás circunstancias que determinaron el resultado delictivo".

Para el juez, no obstante, parecía claro que fue "a través de las entidades bancarias que se mencionan (Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos) como se produjeron las maniobras que concluyeron en la desaparición o disimulación de importantísimas cantidades de dinero, de origen presuntamente ilícito".

Tras este requerimiento del juez, la Fundación Española Presidente Allende presentó un "exhaustivo" informe en el que individualizaba la actuación de cada uno de los cuatro imputados, por lo que ahora Garzón amplía la querella y les impone la mencionada fianza.

La causa respecto al Riggs Bank se archivó en febrero de 2005 después de que el banco llegase a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU por el que reconoció haber cometido un delito al no informar a las autoridades de transacciones que apuntaban al lavado de dinero de Pinochet y aceptó pagar una multa de 16 millones de dólares.