Esta vez no hubo ningún intento de negar la evidencia. La muerte del iraquí Baha Mousa en Basora en 2003 fue un incidente vergonzoso que ha manchado la reputación del Ejército británico. El primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de Ejército coin-cidieron en reconocer la gravedad de las conclusiones de la investigación oficial dirigida por un juez retirado.

Mousa, de 26 años, empleado de un hotel y padre de dos hijos, pasó 36 horas detenido en una base británica del sur de Irak. Murió tras sufrir torturas y abusos, al igual que otros detenidos. El examen de su cuerpo desveló 93 heridas externas de todo tipo. Ni siquiera estaba justificada su detención. 'Considero altamente improbable que los detenidos estuvieran implicados en actividades insurgentes o terroristas', escribió el juez en su informe final.

Los militares emplearon técnicas de interrogatorio expresamente prohibidas por las normas militares. Ocho soldados aparecen citados como autores de los abusos. El informe también atribuye culpa al coronel al frente del regimiento por su responsabilidad, al médico, por no denunciar los hechos, e incluso al capellán católico de la unidad.

Pero no se trata de los fallos de unos pocos. El juez se refiere en términos críticos 'al fracaso colectivo' del Ministerio de Defensa a la hora de hacer cumplir las normas sobre interrogatorios. Parece difícil que el Ministerio pueda achacarlo a la dificultad de aplicar normas recientes en un escenario de guerra sin precedentes. Algunas de las técnicas utilizadas en Irak ya fueron prohibidas por el Gobierno de Edward Heath en 1972.

Y tampoco puede argumentar que se trató de un caso aislado. El informe demuestra que esas técnicas ocurridas en 2003 eran todavía empleadas en septiembre de 2010. Ahora, la fiscalía deberá decidir si es necesario presentar nuevos cargos. La investigación penal anterior fue un desastre. Sólo un soldado fue declarado culpable en un consejo de guerra cuyo presupuesto 20 millones de libras fue el mayor en la historia militar del país.

'Esto no debería haber ocurrido y no debe permitirse que vuelva a ocurrir nunca más', dijo ayer David Cameron.

El Ejército tampoco pudo refutar la decisión del juez de describir la muerte como 'asaltos violentos y cobardes'. Es cierto que el juez afirma en el veredicto que los hechos denunciados no eran representativos de la conducta de otras unidades enviadas a Irak, pero el jefe del Ejército ha admitido que lo ocurrido arroja una sombra sobre la reputación de todas las Fuerzas Armadas.

El informe detalla 73 recomendaciones para que hechos como estos no se repitan. Los militares deben saber que serán procesados si violan las normas sobre interrogatorios, por ejemplo al colocar capuchas en los detenidos, aplicarles la privación del sueño o negarse a alimentarlos.

El ministro de Defensa ha dicho que aplicará todas esas recomendaciones excepto una. Liam Fox explicó que no prohibirá ciertas 'tácticas verbales', como gritar de improviso a pocos centímetros de la cara del preso, por no considerarlas demasiado violentas.

Los abogados de la familia de Mousa y de los otros presos que fueron detenidos junto a él han reclamado que haya más procesamientos. 'Tienen muy claro que quieren que alguien asuma la responsabilidad', dijo el abogado Dan Leader. 'Hablamos de tortura y asesinato. Y lo único que ha ocurrido es que alguien (un soldado) pasó un año en prisión'.