El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, ha firmado la solicitud de extradición de Rafael Correa a la Justicia de Bélgica, país que le ha concedido el asilo al expresidente ecuatoriano. Correa fue condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho.

El pasado 15 de abril, el Comisariado General de Refugiados y Apátridas (CGRS) otorgó el estatus de refugiado a Correa, quien ha negado en todo momento las acusaciones que le han imputado, además de acusar a la oposición convertirlo en objeto de una persecución política.

El exmandatario de Ecuador fue condenado por cohecho a una inhabilitación política de 25 años tras el Caso Sobornos 2012-2016. Una trama en la que su antiguo partido, Alianza País, recibió financiación irregular a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la brasileña Odebrecht.

En este mismo caso de corrupción también fueron condenados una veintena de personas, entre ellas altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus.

Correa fue presidente de Ecuador entre los años 2007 y 2017 y se instaló en Bélgica al poco tiempo de concluir su mandato. El expresidente no ha regresado a su país desde el 2018, cuando comenzaron a abrirse procesos judiciales contra él, en los que en dos de ellos se emitieron órdenes de arresto preventiva.

El abogado de Correa, Christophe Marchand, explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro en Colombia en 2012 del opositor político, Fernando Balda. Por aquel entonces, Correa ya había sido requerido por la Justicia ecuatoriana.

En aquella ocasión, la Interpol rechazó la solicitud de arresto con fines de extradición desde Bélgica al considerar que "la retención de los datos no era compatible con su obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Sin embargo, en relación al proceso del plagio del activista político, el exjefe de la inteligencia ecuatoriana Pablo Romero sí fue arrestado por las autoridades españolas tras ser ubicado por Interpol, y extraditado a Ecuador en 2020, donde fue condenado a nueve años de cárcel por el delito de secuestro.