Los ciudadanos del estado de Kansas, en Estados Unidos, estaban llamados a decidir sobre el futuro del aborto en su territorio en un referéndum que se celebró este pasado martes. Era la primera consulta a la ciudadanía tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que suprimió el derecho constitucional al aborto y otorgó a los estados la facultad de legislar sobre el tema. Los votantes de Kansas se pronunciaron abrumadoramente a favor de mantener intacto el derecho al aborto tal y como está regulado actualmente en la Constitución del estado, en una derrota para los conservadores que buscaban restringirlo.

Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, con un 90% del voto escrutado, más del 60% de los electores rechazó cambiar la Constitución estatal para restringir el derecho al aborto. 

La consulta, que se celebró coincidiendo con las elecciones primarias en el estado este martes, podría haber abierto la puerta a que el Gobierno estatal legislase para restringir el derecho al aborto, que sin embargo ahora seguirá siendo legal hasta las 22 semanas. Se trata de una consulta especialmente relevante porque podría haber sentado un precedente para otros estados.

En el caso de se hubiese impuesto el "sí" a la reforma constitucional, habría sido el legislativo estatal el encargado de aprobar leyes sobre el procedimiento, que habrían podido apostar por una mayor restricción de tiempos o excepciones o por la prohibición total, como está sucediendo en otros estados.

"Los votantes de Kansas acudieron a las urnas en números de récord para rechazar los esfuerzos extremistas para enmendar la Constitución estatal para quitar a la mujer el derecho a elegir", indicó en un comunicado el presidente estadounidense, Joe Biden. "Esta votación deja claro lo que ya sabemos: que la mayoría de estadounidenses están de acuerdo con que las mujeres deben tener acceso al aborto y deben tener el derecho a tomar sus propias decisiones de salud", añadió el mandatario.

Pese a tener una gobernadora demócrata, Laura Kelly, el central estado de Kansas tiene una gran tradición republicana y este partido controla las oficinas del fiscal general, del secretario de estado y ambas cámaras de la legislatura estatal.

Además, en las presidenciales también dominan los republicanos y Donald Trump fue el candidato a la presidencia favorito en las dos últimas elecciones, con el 56% de los votos.

El referéndum de este martes había sido duramente criticado por las organizaciones civiles: habían denunciado que el texto de la pregunta no era suficientemente claro. Una de estas asociaciones, Planned Parenthood, acusaba a las autoridades de un intento de "desinformar y confundir por parte de quienes se oponen al aborto".

Desde que el 24 de junio el Tribunal Supremo -con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales- acabara con la protección federal del derecho al aborto (vigente desde 1973 gracias a la sentencia Roe contra Wade), muchas mujeres de estados como Texas, Oklahoma y Missouri han viajado a Kansas para poder abortar, ante las restricciones impuestas en estos estados.

Demanda del Gobierno federal contra Idaho

Unas horas antes este mismo martes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció una demanda contra el estado de Idaho por considerar que su ley contra el aborto "criminaliza a los médicos" e impide que practiquen con libertad las interrupciones del embarazo cuando la salud de la mujer está en riesgo.

Con esta denuncia se busca poner freno a esta ley de Idaho que entra en vigor el próximo 25 de agosto e impone a los médicos la carga de probar en el juicio que no son penalmente responsables, después de ser arrestados y acusados.

Se trata de la primera acción del Departamento de Justicia contra un estado desde el fallo del Supremo, y no será la única, según explicó en rueda de prensa el propio Garland.

Todo ello para "hacer todo lo posible para garantizar el acceso legal continuo a los servicios reproductivos" en estos "tiempos aterradores e inciertos para las mujeres embarazadas y sus proveedores", apuntó por su parte la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Vanita Gupta.