Kast pone en marcha un plan con muros y zanjas para frenar la migración en el norte de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajó este lunes a la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte del país, para inaugurar el denominado Plan Escudo Fronterizo, un conjunto de medidas que contempla la excavación de zanjas y la construcción de muros con el objetivo de frenar la migración irregular. 

Acompañado de una amplia comitiva oficial, el mandatario recorrerá bases militares y complejos fronterizos para coordinar la puesta en marcha del plan, que ya comenzó con la instalación de barreras en distintos puntos de la frontera.

La iniciativa incluye profundizar las fosas ya existentes y excavar nuevas zanjas, además de levantar muros y rejas de hasta cinco metros de altura, instalar alambradas y desplegar tecnología de vigilancia, como equipamiento militar y drones autónomos.

Horas después de asumir la Presidencia, Kast firmó varios decretos centrados en la migración "irregular", en los que instruyó a sus ministros a impulsar cambios legales para desincentivar el ingreso "irregular" al país, modificar las normas sobre el uso de la fuerza para reforzar el control fronterizo y construir barreras físicas en los sectores considerados más críticos.

En esa misma línea, el mandatario suscribió un segundo decreto, denominado Política Nacional de Cierre Fronterizo, que encarga a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales reforzar la presencia militar en la frontera norte, mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos y fortalecer los sistemas de comunicación.

La migración en Chile se ha duplicado desde 2017 y actualmente supera el 8% de la población, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más de 330.000 los migrantes en situación "irregular", en su mayoría procedentes de Venezuela.

En total, cerca de un millón de ciudadanos venezolanos residen en Chile, la mayoría integrados en la sociedad y con un aporte a los ingresos fiscales equivalente al 1,03% del total —alrededor del 0,15% del PIB—, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

De acuerdo con cifras oficiales, las entradas irregulares al país han descendido un 54% en comparación con el pico registrado durante la crisis migratoria de hace cuatro años.