Ni las numerosas voces críticas alzadas desde la sociedad rusa, ni las demandas de organizaciones pro derechos humanos, ni siquiera la oposición del Partido Comunista, ni la del ex presidente de la perestroika, Mijaíl Gorbachev, impidieron que la Duma de Estado (la cámara baja del Parlamento ruso) aprobara este viernes el controvertido proyecto de ley por el que se otorgan más poderes al Servicio Federal de Seguridad (FSB), sucesor del KGB. Un resultado obvio, dada la amplia mayoría del partido Rusia Unida del ex presidente y actual primer ministro, Vladímir Putin.

Varias organizaciones proderechos humanos han pedido al presidente ruso Dmitri Medvédev que negara su firma para ratificar el proyecto. La nueva ley permitiría al FSB detener a cualquier individuo por la mera intuición de que parezca sospechoso. Además prevé imponer severas sanciones de hasta 50.000 rublos (1.300 euros) a personas que actúan de modo que causa alerta en los agentes o que obstruyan la Justicia. Hacen falta 'poderes necesarios para luchar contra el terrorismo y el extremismo', explicó Vladímir Vasiliev, presidente de la comisión parlamentaria responsable del proyecto.

La ley cuenta con el aval de Medvédev. El mandatario tuvo que comentar el asunto durante una rueda de prensa junto con la canciller alemana Angela Merkel el pasado miércoles, cuando declaró que hay 'diferentes evaluaciones sobre los derechos humanos'.

Estas palabras de Medvédev han causado una gran decepción en algunos sectores de la sociedad que lamentan que el presidente rompiera la promesa de una mayor apertura política y mejora del imperio de la ley. Con esta medida aumentaría el control estatal, volviendo hacia el régimen autoritario, según la opinión de Lev Ponomaryov, activista pro derechos humanos. Muchos opinan que en este cambio de actitud por parte del dirigente ruso se encuentra la mano del primer ministro Putin, quien siempre ha apostado por un férreo control estatal.

Los opositores a la ley han convocado para el próximo 31 de julio protestas por todo el país en defensa del derecho a reunión, protegido por la Constitución. La última manifestación celebrada por este motivo el 31 de mayo, considerada ilegal por las autoridades, terminó con más de cien detenciones. Hubo duros enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad que, según las denuncias de los organizadores, actuaron con una dureza desmesurada.

El defensor del pueblo, Vladímir Lukin, denunció el maltrato perpetrado por los agentes estatales en la protesta. Según aseguran varios analistas, estas declaraciones han creado gran malestar en el seno del Kremlin y ya hay informes de que será cesado en los próximos días.