MOSCÚ.- Dos motivos hacen que Estonia, Letonia y Lituania vuelvan a ser noticia: el primero, la presencia de tropas de la OTAN en el Báltico ante una supuesta amenaza de desestabilización, o incluso invasión militar, procedente de Rusia; el segundo, su negativa, junto a la de los países del grupo Visegrád (compuesto por la República checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia), a aceptar el plan de la Unión Europea de relocalización de refugiados. En suma, de las tres repúblicas bálticas, de cuya independencia de la Unión Soviética pronto se celebrará el 25 aniversario, sólo sabemos por su papel instrumental en cuestiones que afectan a los grandes Estados de la Unión Europea.

“20 años, sano, deportista, no bebo alcohol. Vendo mi riñón.” Éste es el texto de uno de los anuncios en Internet consultados por periodistas del diario letón Diena para un reportaje publicado el pasado 17 de febrero. No es el único de este tipo. Los anuncios vienen acompañados de una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Los periodistas de Diena decidieron contestar a varios de estos anuncios haciéndose pasar por un potencial comprador, una mujer de 25 años llamada Sarah, cuya madre hospitalizada requería urgentemente un trasplante de riñón.

Según el relato del periódico, en menos de un día recibieron la primera respuesta: una adolescente de 19 años dispuesta a donar su órgano a cambio de una suma de entre 15.000 y 20.000 euros. Los periodistas, haciéndose pasar por Sarah, le contestaron que, después de trabajar varios años en Noruega, disponía de la cantidad y estaba dispuesta a pagarla. En el intercambio de correos la joven ofrece más información sobre su vida privada: está casada, reside en las afueras de Riga, le preocupa el procedimiento y si la operación la llevarán a cabo en Letonia. Los periodistas, haciéndose pasar por Sarah, la tranquilizan: el trasplante lo realizarán médicos profesionales en el hospital universitario Pauls Stradiņš (PSCUH). La mujer se compromete a un encuentro personal para acudir juntos a los análisis previos la operación.

“20 años, sano, deportista, no bebo. Vendo mi riñón.”

Otro potencial vendedor, un joven de 20 años que también vive en las afueras de la capital, es el siguiente en contestar. Tras un rápido intercambio de correos, acepta el mismo precio y envía su número de teléfono para concretar una cita. El tercero en responder es un adulto que actualmente reside en el extranjero y que se contenta con una cantidad inferior de dinero: unos 6.000 euros.

Los periodistas de Diena organizan un encuentro con el joven de veinte años en un café próximo a la estación central de trenes. Nervioso y visiblemente agitado, confiesa que utiliza el nombre de otra persona por motivos de seguridad y afirma que no tiene miedo a la operación. Tras un breve diálogo, los periodistas deciden finalmente poner fin a la reunión y al reportaje e informar a la Policía para que investigue los hechos. A diferencia de otros países, el código penal de Letonia, explican los periodistas de Diena, no contempla castigos para quienes tienen la intención de vender de sus órganos, aunque sí para los médicos que se presten a la operación –con penas de hasta siete años de prisión y la prohibición de trabajar por un período de cinco años– y para los intermediarios en la venta.

El reportaje termina con las declaraciones del jefe del departamento de trasplantes de riñón del PSCUH, Jānis Bicāns. “Muchos vienen aquí al departamento. Si en los medios aparece la noticia de que faltan donantes de órganos, aparecen quienes los quieren vender. Por supuesto, los rechazamos.” Bicāns sólo puede hablar de lo que ocurre en el hospital. Fuera de él, añade, es imposible saber si este tipo de transacciones se llevan finalmente a cabo. Los motivos alegados por los donantes contactados por Diena iban desde cubrir deudas hasta conseguir el capital necesario para poner en marcha un negocio propio.

El reportaje de Diena presenta un retrato bastante menos brillante de esta república báltica de los que habitualmente pueden leerse en los medios de comunicación occidentales. Letonia fue uno de los primeros países europeos en verse arrastrados por la crisis financiera de 2008. La política neoliberal de su gobierno hizo que la burbuja inmobiliaria alcanzase un tamaño mayor al de otros países y su estallido fue, en consecuencia, todavía más lesivo para la economía del país: el gobierno tuvo que nacionalizar el segundo mayor banco del país, Parex, el PIB de Letonia se contrajo un 10,5% en 2008 y en tan sólo un año –de diciembre de 2008 a diciembre de 2009– el desempleo pasó del 7% al 22,5%. El ejecutivo –que carecía de reservas suficientes para rescatar Parex y mantuvo el cambio del lat, su divisa nacional, fijado al euro con miras a su incorporación a la Eurozona– pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea, que aprobaron un rescate de emergencia de 7.500 millones de euros condicionado a la aplicación de un programa de ajuste estructural.

Las repúblicas bálticas han perdido en conjunto un 22% de su población desde 1990

En 2011, Letonia volvía a registrar crecimiento, un 5,4%. Al año siguiente también, aunque algo menos: un 4,4%. El desempleo se redujo. Los periodistas económicos loaban la moral luterana de los letones a la hora de apretarse el cinturón frente a las reticencias de los mediterráneos a aceptar medidas de austeridad. El país, decían, salía finalmente del bache gracias al esfuerzo de la población. “Como resultado del duro trabajo, Letonia ha puesto su déficit presupuestario bajo control y la economía ha regresado a la senda del crecimiento, lo que ha sido recompensado con su regreso, con éxito, a los mercados financieros. Se necesitan nuevas reformas para garantizar su progreso y lidiar con los desafíos que quedan, pero lo que hemos visto hasta la fecha es ciertamente un muy buen comienzo”, declaraba el director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Marco Buti, el 1 de marzo de 2012. En junio de ese mismo año, Christine Lagarde se congratulaba en Riga de los resultados conseguidos. Letonia, según la directora gerente del FMI, había demostrado fuerza y disciplina, y ella estaba personalmente orgullosa de que el FMI fuese parte de esa historia de éxito.

Pero sobre esta historia de éxito se proyecta una alargada sombra. Los economistas estadounidenses Jeffrey Sommers y Michael Hudson recogían en un artículo significativamente titulado “El desastre económico de Letonia como historia neoliberal de éxito” todo lo que se perdía entre las líneas de los discursos de la Comisión Europea y el FMI. Letonia, escribían, “es presentada como el país donde el movimiento obrero no luchó, sino que simplemente emigró, en silencio y educadamente”. “Los letones –continuaban– abandonaron la protesta y empezaron a votar con sus pies, emigrando, cuando la economía se contrajo, los salarios cayeron y las cargas impositivas permanecieron sobre las espaldas de los trabajadores (…) mientras las ganancias de capital apenas son tasadas, convirtiendo el país en un destino para la evasión de capitales y fiscal para los cleptócratas de Rusia y de otros Estados post-soviéticos”.

El único cambio de estar en la Eurozona es que los riñones se compran en euros

Tras las fachadas de esta “aldea Potemkin” de los partidarios de la austeridad, como la definen Sommers y Hudson, se esconde, pues, una dura realidad. En un texto para la revista Forbes, el analista Mark Adomanis recordaba hace unos meses que las repúblicas bálticas han perdido en conjunto un 22% de su población desde 1990. En el caso de Letonia, ese porcentaje asciende hasta el 25,5%, principalmente debido a la emigración y la baja natalidad, lo que en el futuro podría hacer tambalear su sistema de pensiones. La entrada del país en la Unión Europea no frenó esta hemorragia demográfica, de la que apenas existen equivalentes en el mundo: en 2013 hasta un 10% de la población había abandonado el país desde 2004, el año en que Letonia entró en la UE.

Hudson y Sommers describen gráficamente este proceso como una “eutanasia” y concluyen que el modelo letón sólo puede “funcionar” si se aplica “a un país pequeño dispuesto a llevarlo a cabo y capaz de permitir que emigre al menos un 10% de su población, comenzando por los titulados, los más aptos y los que tienen un mayor conocimiento de idiomas”. Las tres condiciones restantes son “una demografía segura para gantizar el desplome de las tasas de formación de familias, matrimonios y nacimientos”, “una población dividida étnicamente que permite a los políticos jugar la carta étnica para distraer a la población de los problemas económicos” y “una población despolitizada dispuesta a ceder la protesta después de un breve período de tiempo”.

En su discurso de 2012, Lagarde dijo que, recuperado el crecimiento, el país debía preparse para dar el siguiente paso: entrar en la eurozona. Una posibilidad que muchos letones veían más bien con temor, ya que una nueva crisis dejaría al país sin una moneda propia que devaluar y con la “devaluación interna” una vez más como única salida. Algunos diputados del Saeima, el parlamento letón, reclamaron un referendo, pero el primer ministro letón, Valdis Dombrovskis, se negó a convocarlo, argumentando que el país había votado a favor del acceso a la Unión Europea en 2003 y que el tratado firmado obligaba a adoptar el euro tran pronto como el país cumpliese con los criterios de convergencia. Los intentos de la oposición por lograr la convocatoria de una consulta no fructiferaron y Letonia adoptó el euro el 1 de enero de 2014. Desde entonces no parece que a Letonia le hayan ido mucho mejor las cosas, pero los riñones ya se pueden vender y comprar en euros.