El Gobierno del presidente Lula ha declarado la guerra a los accidentes de tráfico. Y su estrategia no es otra que poner en jaque el consumo de alcohol en las carreteras federales, las principales y más usadas del país.

La Medida Provisional 415, que entró en vigor justo antes del carnaval del pasado febrero, prohíbe la venta de alcohol en cualquier establecimiento que se encuentre en los márgenes de las carreteras federales.

El centro de la estrategia no son los alcoholímetros para medir el grado de ebriedad de los conductores, sino las multas de hasta 1.500 reales (unos 600 euros) que se imponen a los establecimientos que vendan alcohol.

La medida pretende disminuir el elevadísimo número de accidentes de tráfico que registra Brasil. Cada año, la carretera se lleva la vida de35.000 personas.

Durante la Operación Carnaval, que coincidió con el inicio de la aplicación de la Medida Provisional, el número de muertos en accidentes de carretera (128) descendió un 11,7% con respecto a 2006. Ante el éxito de la medida, la Policía Rodoviaria, encargada de velar por la ley seca de las carreteras, anunció que reforzaría los controles durante la Semana Santa, y así lo hizo.

La ley seca ha provocado una tormenta en Brasil. La polémica que crece cada día. De un lado están los que celebran la medida y confían en su eficacia. De otro, los comerciantes que denuncian pérdidas millonarias. A la imagen hay que añadir el mercado del soborno. Y todo un caos judicial donde cada Estado, municipio o juez se cree con derecho a derogar la medida federal.

"La medida es una señal de alerta para los conductores", afirma el director de la Asociación Brasileña de Medicina de Tránsito, Alberto Sabagg. Para Sabagg, la norma "podría reducir a la mitad el número de accidentes de tráfico al año". Según un estudio de su asociación sobre la relación entre la ingesta de alcohol y la siniestralidad en la carretera, el 84% de los muertos en accidentes en 2006 habían bebido más de lo permitido. El límite está en 0,6 mililitros de alcohol por litro de sangre.

Por otro lado están quienes reivindican que la ley seca pase a mejor vida. Hoteleros y comerciantes piden directamente que se elimine la MP 415. "Desafortunadamente, el Gobierno se precipitó adoptando una medida sin implicar a la sociedad en el debate", asegura el presidente de la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes, Paulo Solmucci.

La ley seca está siendo especialmente ruinosa en ciudades como Aparecida, en el interior de Sao Paulo, donde se encuentra el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, el más visitado del país. Las vías de acceso y avenidas principales de Aparecida son consideradas carreteras federales. Y los 107 establecimientos que venden alcohol en los márgenes de la avenida Presidente Dutra, que cercena Aparecida, han declarado la guerra al Gobierno.

Incluso el Ayuntamiento tramita una ley para municipalizar la carretera y que ésta no se vea afectada por la ley. Como en Aparecida, en todos los rincones de Brasil han surgido movimientos contra la ley seca.

Desde que la polémica MP 415 entró en vigor, varios jueces de Brasil han emitido sentencias que la anulan parcialmente. El juez Roberto dos Santos, del Juzgado Federal de Marília, emitió una liminar que autoriza la venta de bebidas alcohólicas a los bares y restaurantes situados a lo largo de la carretera BR-153, entre Ourinhos y Lins, en el interior del Estado de Sao Paulo.

En plena Operación Semana Santa, el propio ministro de Justicia, Tarso Genro, se ha visto en la disyuntiva de anunciar mayores controles, pero también una "flexibilización" con los establecimientos situados dentro de perímetros urbanos. Los accidentes le cuestan a las arcas públicas brasileños 8.301 millones de euros anuales -un 1,14% del PIB-, de acuerdo con cifras del Instituto de Investigación Económica Aplicada.

Al final, puede que sea el alto número de violaciones de la norma -principalmente en forma de sobornos que la Policía pide a los establecimientos a cambio de hacer la vista gorda y que puedan vender saltándose la ley- el que en última instancia lleve al Gobierno a estudiar la posibilidad de modificarla.