Lisboa cede a la presión de la calle y se replantea los recortes

El Gobierno de Portugal ha acabado por ceder a la presión de la calle. Tras dos semanas de protestas en las calles ha aceptado echar marcha atrás en su última propuesta de ajustes, dirigida a aumentar la carga fiscal de los trabajadores y reducir la de las empresas.

En un comunicado divulgado por la Jefatura del Estado, el Ejecutivo luso del primer ministro Pedro Passos Coelho admite "estar disponible para, en el marco de la concertación social, estudiar alternativas" a la subida de la Tasa Social Unica (TSU), las retenciones que practica el Estado a las nóminas de los trabajadores y a las empresas, fuertemente criticada por patronal, sindicatos, oposición y grupos civiles. Además, el Gobierno señala que "han sido superadas las dificultades que podían afectar a la solidez de la coalición de gobierno" formada por el Partido Social Demócrata de Passos Coelho y el Centro Democrático Social-Partido Popular.

Así, "los consejeros han señalado la importancia crucial del diálogo político y social y de la búsqueda de consensos para encontrar soluciones que, teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos (...) garanticen la equidad y la justicia en la distribución de los sacrifcios así como la protección de las familias de menores ingresos y permitan avistar un crecimiento económico sostenible".

Con la rectificación el Gobierno consigue estabilidad en su coalición y paz con los sindicatosEl Gobierno conservador también reconoce que "Portugal depende mucho del exterior para la financiación del Estado y de su economía", por lo que el Consejo de Estado "considera que deberá realizarse todos los esfuerzos para que el saneamiento de las finanzas públicas y la transformación estructural de la economía mejoren las condiciones para la creación de empleo y preserven la cohesión nacional".

Durante las ocho horas de reunión del Consejo de Estado, miles de manifestantes expresaron su malestar con los recortes y las medidas del Gobierno de Passos Coelho ante el Palacio de Belém, residencia oficial del presidente portugués. Los concentrados corearon consignas como "¡Cobardes! ¡Cobardes!" a la entrada de los políticos o "El pueblo unido jamás será vencido" y pidieron la dimisión del Gobierno.

"Cavaco, escucha, el pueblo está en lucha" o "FMI fuera de aquí" fueron algunas de las consignas más coreadas por los manifestantes. La protesta discurrió sin apenas incidentes, aunque fueron detenidas cuatro personas acusadas de lanzar petardos y una más por resistencia a la autoridad.

La oposición, los sindicatos e incluso la patronal se oponían a la reforma porque debilitaría el consumo interno

La propuesta del Gobierno luso de subir en 2013 las contribuciones que pagan a la Seguridad Social los trabajadores y bajar la que abonan las empresas por cada empleado fue anunciada por el propio Passos Coelho el viernes 7 de septiembre, con el objetivo de "crear empleo" y frenar así el continuo aumento del paro.

La medida, sin embargo, fue contestada por la oposición, los sindicatos e incluso la patronal, por considerar que podía hundir todavía más el ya de por sí debilitado consumo interno. Este nuevo incremento de la carga fiscal a los trabajadores también causó divergencias entre los dos partidos que conforman el Gobierno conserador, los socialdemócratas del PSD y los democratacristianos del CDS-PP, que juntos permiten a Passos Coelho gozar de mayoría absoluta.

Estas diferencias de criterio entre ambos grupos parlamentarios quedaron finalmente resueltas, según el comunicado hecho público este sábado tras la reunión del Consejo de Estado, que da por "superadas las dificultades que podían afectar a la solidez" de esta alianza y descarta así la posibilidad de una crisis política.

El órgano consultivo, que últimamente sólo ha sido convocado por el jefe del Estado en situaciones de crisis, también incidió en la necesidad de "preservar la cohesión nacional" en un momento en que Portugal se encuentra intervenido por las instituciones internacionales.

El país vive bajo la asistencia financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional desde mayo de 2011, que acordaron prestarle 78.000 millones de euros a lo largo de tres años para evitar la bancarrota, a cambio de un severo programa de ajustes y reformas aplicado a rajatabla por el Gobierno conservador luso.

Los recortes, sin embargo, no han evitado que Portugal afronte dificulades para cumplir con algunos de los compromisos adquiridos con la troika, como el de la reducción del déficit público, lo que obligará a la adopción de nuevas medidas de austeridad.