SAO PAULO.- La noticia cayó como un balde de agua fría en el Congreso de los Diputados, pero al poco de darse a conocer desapareció de las portadas de los grandes periódicos. El pasado 22 de marzo la Policía Federal filtró un documento obtenido a través de la operación Lava Jato, en el que aparecía una lista de 316 políticos de 24 partidos diferentes que habrían recibido sobornos de la constructora Oderbrecht. Según el periodista Fernando Rodrigues, sería el acervo más completo de contabilidad paralela descubierto en el país, aunque las planillas no lleguen a especificar claramente el dinero legal del negro, conocido en Brasil como “caja 2”.

Este documento fue requerido en la casa de Marcelo Oderbrecht, preso de manera “preventiva” desde junio de 2015 por mandato del juez Sérgio Moro, debido a su relación directa con el escándalo de Petrobras. Días después de que el magistrado condenara al constructor a 19 años de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y asociación criminal, se hizo pública esta lista en la que ninguna sigla sale indemne.

Oderbrecht, a sus 48 años, ha sido uno de los primeros condenados de la operación Lava Jato que investiga desde 2014 el esquema de desvío de dinero de la petrolera estatal a funcionarios y políticos de diversos partidos. Esta constructora al igual que otras como OAS, Andrade Gutiérrez, Mendes Júnior o Queiroz Galvão, han sido el hilo del que ha tirado Moro y la Policía Federal para averiguar qué políticos recibían sobornos cuando las empresas ganaban la licitación de una nueva obra.

Desde que esta operación se puso en marcha, el juez Moro ha usado la técnica de la prisión preventiva para conseguir las conocidas delaciones premiadas, donde si el detenido colabora puede reducir su pena o eliminarla. En 2015 la Lava Jato impuso la Medida Provisional 703, que también permite que las empresas como personas jurídicas puedan beneficiarse de una colaboración a través de un acuerdo de lenidad. Oderbrecht ha sido la primera de una larga lista. Andrade Gutiérrez al igual que OAS también ha declarado, por lo que se espera que en los próximos meses aparezcan nuevos escándalos.

A principios del 2015 cuando los primeros dueños de constructoras fueron detenidos, hubo un clima de alegría entre la población, un sentimiento de que por primera vez los poderosos también podían ir presos. A su vez la operación Lava Jato ha sido clave para poner a Dilma Rousseff contra las cuerdas, ya que tanto su partido (PT) como el PMDB (hasta esta semana aliado del gobierno) son después del Partido Progresista (PP), los dos más citados en las delaciones premiadas.

Sin embargo, las detenciones de los políticos petistas han sido las más mediáticas, incluso los simples interrogatorios como el del pasado 4 de marzo cuando se llevaron al ex presidente Lula, han servido para crear un relato en el cual el Partido de los Trabajadores aparecería como el principal beneficiado del esquema.

La lista filtrada hace unas semanas demuestra que el sistema de corrupción es mucho mayor que el partido de la presidenta

La lista filtrada hace unas semanas demuestra que el sistema de corrupción es mucho mayor que el partido de la presidenta. Los documentos mencionan a muchos políticos de la oposición como el presidente del PSDB, Aécio Neves. En la planilla vuelven a aparecer nombres habituales de las delaciones premiadas, como el del líder de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, o el del Senado, Renan Calheiros. Pero también sorprenden otros como el de la diputada del Partido Comunista Brasileño (PCdoB) Manuela D’Avila. El PSOL (Partidos Socialismo y Libertad), a la izquierda del PT y muy crítico con el Gobierno, es de los pocos partidos que pueden presumir de no haber recibido nada de parte de este conglomerado.

La mayoría de los citados alegó ante los medios que lo que aparecía en la lista era dinero legal. Hasta que las investigaciones continúen no se puede demostrar lo contrario, pero lo que sí está confirmado es que en estas planillas se incluían los pagos paralelos ejecutados por el “departamento de propina” que existía dentro de la constructora.

Pocas horas después de publicarse el polémico documento, el juez Moro solicitó sigilo sobre la lista de pagos. Su decisión fue toda una sorpresa ya que hasta ahora el modus operandi del magistrado se había basado en ofrecer el máximo de información a los medios, de modo que los acusados fueran juzgados por la prensa antes que por los tribunales.

Los grandes medios tampoco insistieron en la noticia. El informativo de la noche de Globo, el más visto en el país, apenas le dedicó cinco minutos a la información y se justificó por no tener tiempo de nombrar a tamaña cantidad de partidos involucrados. Los medios independientes denunciaron la diferencia de trato respecto a otros informativos como el dedicado al interrogatorio de Lula que ocupó 30 minutos del telediario. El portal Pragmatismo Político se quejaba de la decisión de Moro: “Es curioso que pida sigilo justo en un documento donde ni Lula, ni Dilma son citados, mientras que sí lo son conocidos políticos de oposición”.

La lista Oderbrecht que filtró la Policía Federal hacía referencia a pagos hechos para la campaña municipal de 2012 y para la presidencial de 2014. En la primera, la constructora donó poco más de 6 millones de euros a partidos y comités de campaña. Mientras que para los comicios de 2014 el presupuesto dividido entre candidaturas individuales y comités de partidos, ascendía a 12 millones de euros.

El documento de pagos demuestra que la empresa no le negaba ayuda a prácticamente ningún partido con silla en el Congreso o con municipios relevantes. Las cantidades donadas aumentaban o disminuían en función de las posibilidades de victoria. El periodista Antonio Martins, denunciaba en uno de sus editoriales del site Outras Palavras, que la planilla de Oderbrecht “es sólo la punta del iceberg en el secuestro de la democracia que han hecho los grandes conglomerados económicos en nuestro país”.

"El sistema de propinas y fraude de licitaciones siempre existió en la empresa, sucedía en todas las grandes constructoras"

Este “secuestro” ya estaría presente desde la redemocratización de Brasil. Así lo confirmó el site UOL que tuvo acceso a 400 documentos internos de la constructora, enviados por Conceição Andrade, una ex funcionaria de Oderbrecht que los tenía consigo desde los años 80: “El sistema de propinas y fraude de licitaciones siempre existió en la empresa, sucedía en todas las grandes constructoras. Es muy parecido a lo que estamos viendo estos días en la operación Lava Jato, aunque en aquella época no era tan organizado como ahora, que disponen de un departamento específico para eso”, decía Andrade a los periodistas de UOL.

Estos nuevos documentos citaban una vez más a políticos de todos los partidos, especialmente del PSDB y casi ninguno del PT, ya que en esos años esta sigla estaba lejos de estar en el Gobierno. Algunos nombres se repiten antes y ahora como es el caso del ex presidente José Sarney, y del también ex mandatario y actual senador Fernando Collor de Mello.

Pero la simbiosis entre el poder público y privado, constructoras y políticos, parece haber comenzado incluso antes. El periodista Fernando Rodrigues basándose en la tesis “La Dictadura de las constructoras”, del historiador Pedro Henrique Pedreira Campos, afirma que la relación entre las empresas y el estado comenzó durante el periodo militar. El decreto presidencial 64.345 de abril de 1969 firmado por el entonces presidente Artur da Costa e Silva, obligaba a las administraciones públicas a contratar exclusivamente a empresas nacionales. Según Rodrigues, a finales de los 60 Oderbrecht era una pequeña empresa local de Bahía y tras este decreto construyó, entre otras muchas obras, el mítico edificio de Petrobras de Rio de Janeiro. A finales de la dictadura estaba entre las tres empresas mayores del país, y hoy es una de las primeras del continente americano con proyectos en casi una treintena de países.

"Ha permitido concretar la promiscua relación entre el oligopolio de la construcción que se creó en la dictadura y los directores de Petrobras"

El profesor de Ciencias Políticas, Bruno Lima Rocha, señalaba en una entrevista a IHU que la operación Lava Jato “ha permitido concretar la promiscua relación entre el oligopolio de la construcción que se creó en la dictadura y los directores de Petrobras”. Según el politólogo la lista de Oderbrecht demuestra como “los grandes agentes económicos tienen un poder que supera de lejos a cualquier representación colectiva, y explicita la relevancia del aparato del Estado como factor de acumulación de poder y capital en Brasil”.

Para el director de Outras Palavras, Antonio Martins, la lista Oderbrecht además “acabaría con las bases morales de la campaña del impeachment” ya que la mayoría de los partidos del Congreso formarían parte del esquema de corrupción. Según este periodista, las calles deberían luchar tanto para evitar el cese de la presidenta como para exigirle una reforma política que corte definitivamente el cordón umbilical del Gobierno con las constructoras. Una ardua tarea por delante, especialmente para una izquierda cada vez más divida y desnortada.