Nuevo problema a la vista para los laboristas británicos. Otros dos ex miembros del Gobierno fueron grabados aceptando dinero a cambio de utilizar sus contactos en el Ejecutivo para favorecer a varios clientes comerciales. La historia se encuadra dentro del denominado lobbygate, un escándalo en el que ha puesto de manifiesto que varios diputados se venden al mejor postor para explotar su posición y presionar al Gobierno en la toma de decisiones.

The Sunday Times desveló ayer que el ex secretario de Defensa Adam Ingram y el ex secretario de Deportes Richard Caborn también aceptaron asesorar a empresas. El primero se comprometió a organizar una reunión con varios secretarios del Gobierno que podrían ser utilizados en un futuro como contacto. El segundo aseguró que podría utilizar su posición privilegiada para obtener información en los pasillos de Westminster. Todo a cambio de una jugosa tarifa de 2.500 libras.

La semana pasada, dicho diario y el canal de televisión Channel 4 mostraron en un reportaje de investigación que estas prácticas están muy extendidas entre los miembros del Parlamento.

La ex ministra de Sanidad, Patricia Hewitt; el ex ministro de Defensa, Geoff Hoon, y el antiguo titular de Transportes, Stephen Byers, se prestaron a hacer labores de lobby por 5.000 libras para una empresa ficticia montada por el programa Dispatches.

El último de ellos se llevó la peor parte de las críticas al decir que estaba disponible "como un taxi que se puede contratar". Byers aseguró que había conseguido cambiar la política del Gobierno hacia la empresa de ferrocarriles, National Express, con una llamada al ministro de Empresa, Peter Mandelson. Este lo negó.

El partido Laborista decidió suspender a los tres después de la difusión del programa. En el caso de Geoff Hoon, las consecuencias políticas han sido nefastas. El ex colaborador de Tony Blair ha perdido también el puesto que ocupaba en la OTAN a petición del primer ministro, Gordon Brown. Por ahora ha sido el único que ha pedido disculpas públicamente.

El líder de los conservadores, David Cameron, exigió una investigación a todo el Gobierno. Cree que las contradicciones en las declaraciones de Byers y Mandelson pueden significar que hay más gente involucrada.

El Gobierno ha zanjado el asunto con una investigación interna. Ayer, Brown dejó caer en una entrevista que es hora de prohibir a los diputados tener ocupaciones distintas a su labor en el Parlamento. "Es importante que cuando la gente elige a un diputado para representarle quede claro que su prioridad es proteger los derechos de su circunscripción", dijo.