El Gobierno británico dio ayer un paso decisivo para dejar atrás el terrible legado de los años de Tony Blair en materia de derechos humanos. Dieciséis personas, con nacionalidad británica o derecho a residir en Reino Unido, que pasaron por la prisión estadounidense de Guantánamo, recibirán una compensación millonaria para cerrar sus demandas y que sus casos no lleguen a juicio.

Se trata de un acuerdo de carácter confidencial alcanzado por el Gobierno y los abogados de los ex presos. Doce de ellos ya habían presentado demandas en los tribunales por los abusos sufridos y otros cuatro estaban a punto de hacerlo.

El acuerdo no obliga a Reino Unido a admitir que fueron torturados

El Gobierno no ha querido revelar el montante económico de las compensaciones. Algunos medios las han evaluado en cinco millones de libras (5,8 millones de euros) para todos.

La decisión permite que se ponga en marcha la investigación judicial sobre la complicidad británica en el uso de la tortura por EEUU desde 2001, que había prometido David Cameron y que debía esperar a que se cerraran todos estos casos.

'La alternativa a estos pagos habría sido un litigio extremadamente caro en una situación legal incierta en la que el Gobierno no tendría garantías de poder defender a los ministerios y servicios de inteligencia sin comprometer la seguridad nacional', afirmó el ministro de Justicia, Kenneth Clarke, al comunicar la decisión al Parlamento.

El desenlace era previsible desde que el Tribunal de Apelaciones cerró todas las salidas jurídicas al Gobierno. Los jueces dictaminaron en mayo que no se podían presentar pruebas secretas a puerta cerrada en un juicio que tenía que ser público. Por eso, los jefes de los dos servicios de inteligencia el MI5 y el MI6 han apoyado de forma expresa el acuerdo alcanzado.

Sus espías no tendrán que declarar en esos juicios. Tampoco correrán el riesgo de tener que mostrar sus técnicas ni de verse avergonzados por su complicidad con la CIA en el secuestro de sospechosos de terrorismo.

Binyam Mohamed fue interrogado en Marruecos tras su captura en Pakistán

Clarke no dijo en la Cámara cuánto cobrarán los antiguos presos, pero sí fue más explícito al decir que el Estado británico se ahorrará entre 30 y 50 millones de libras en un proceso judicial que podría haberse alargado durante tres años.

Más de 60 abogados y funcionarios del Gobierno han estado trabajando en un lugar secreto mientras examinaban unos 500.000 documentos relacionados con estos casos.

Como es habitual en estos acuerdos, ninguna de las partes está obligada a abandonar su posición.

El Gobierno no tiene que admitir que los presos fueron torturados ni que sus agentes utilizaron la información obtenida por la CIA en los interrogatorios. Los antiguos presos no deben retractarse de la denuncia de que fueron torturados.

Clarke insistió varias veces en que el Estado no ha comprado el silencio ni admitido haber cometido ningún delito. Varios diputados se preguntaron después por qué los ex presos van a recibir tanto dinero, una cantidad probablemente superior a la que percibieron las víctimas de los atentados del 7-J en Londres.

No sólo la Administración norteamericana respirará aliviada al conocer el final del caso. Un juicio habría puesto sobre la mesa los nombres de otros países cuyos servicios de inteligencia colaboraron en la entrega a la CIA de los detenidos.

El Gobierno se ahorra tener que revelar información secreta ante un juez

Martin Mubanga fue capturado en Zambia. Jamil el Banna, en Gambia. Binyam Mohamed, en Pakistán, y alega que fue trasladado a Marruecos, donde fue torturado e interrogado con información facilitada a los marroquíes por agentes británicos.

Todos los documentos relacionados con estos casos serán entregados a Peter Gibson, el juez retirado que presidirá la investigación judicial prometida por el Gobierno. Será él quien decida cuáles de ellos pueden ser conocidos por la opinión pública. Los gobiernos británicos suelen nombrar para estos cometidos a ex altos cargos muy comprensivos con las razones de seguridad nacional y muy poco predispuestos a crear problemas a las principales instituciones, incluidos en este caso los servicios de inteligencia.

Shami Chakrabarti, de la organización de derechos humanos Liberty, dijo que el acuerdo es un paso positivo. 'No habrá un reconocimiento expreso de culpabilidad o responsabilidad, pero no habríamos llegado a esta situación si las autoridades no fueran conscientes de haber estado implicadas en un negocio muy sucio en la guerra contra el terrorismo'.

En el Parlamento, el ex ministro laborista David Miliband apoyó el acuerdo. Si bien le beneficia que Londres no acepte ninguna culpabilidad, su reputación se ha visto arrastrada en todas las sedes judiciales que han examinado la complicidad británica con EEUU. El Gobierno laborista perdió todos los juicios en los que se vio inmerso y ahora un Ejecutivo conservador le permite no sufrir mayores vergüenzas.