La contienda electoral en Brasil ha estado marcada por la difusión de noticias falsas, la incitación al odio y las amenazas de no reconocer el resultado electoral, e incluso el temor a un golpe de estado. Pero las 48 horas anteriores a las elecciones no pueden sino ser calificadas de criminales.

El pasado viernes fue asesinado un destacado dirigente izquierdista del estado de Sao Paulo. Ya el sábado, una diputada bolsonarista amenazaba a un periodista a punta de pistola. Finalmente, el mismo día de las elecciones, la Policía Federal de Tráfico montaba retenes en históricos feudos de la izquierda, para dificultar la votación.

'Pistoleros por Bolsonaro'

El pasado viernes era asesinado dirigente petista Reginaldo Camilo dos Santos –Zezinho–. Primero fue increpado frente a la puerta de su casa con un "Viva Bolsonaro" a lo que él replicó con otro "Viva Lula". Le alcanzaron tres disparos. Unos aseguran que fue por sus campañas de denuncia de la corrupción, otros que fue la acción de un bolsonarista desquiciado en un ambiente de "polarización"...

Sea como fuere, no ha sido el único caso a lo largo de la campaña electoral brasileña. Y todas las víctimas son del mismo partido. A lo largo de la campaña han sido asesinados tres militantes del Partido del Trabajo.

Hace poco más de un mes, un hombre entró en un bar de una localidad de la periferia de Fortaleza, al noreste de Brasil, y dijo: "¿Quién va a votar a Lula?". Cuando un hombre se levantó para defender al candidato, el agresor lo acuchilló en el pecho, según los testigos. La víctima murió a los pocos minutos.

Encañonado por la calle

Un día después, a menos de 24 horas para el arranque de los comicios, en un nuevo caso de "polarización", el periodista afrodescendiente Luan Aráujo y la diputada bolsonarista Carla Zambelli discutían en plena calle a cuenta de quién ganaría las elecciones. La escena terminó con Araújo siendo perseguido por las calles de Sao Paulo por Zambelli y su séquito mientras le encañonaba con una pistola. ¿Cómo acabaron así?

Hubo un enfrentamiento verbal entre el periodista, partidario de Lula, y la diputada, muy próxima a Jair Bolsonaro; tal y como muestra uno de los numerosos vídeos que recorren las redes sociales.

Tras la discusión, cuando Aráujo ya se marchaba al tiempo que repetía "Mañana será Lula", Zambelli estira el brazo para tratar de alcanzarle y retenerle, pero tropieza. Es entonces cuando comienza la persecución del periodista.

Arranca así una persecución por las calles, cuando un guardaespaldas desenfunda su revólver e instantes después se escucha un disparo. Durante su huida, Araújo es agarrado, pateado y zancadilleado en varias ocasiones.

Más adelante en las grabaciones, se ve a Zambelli, pistola en mano, persiguiendo a Araújo hasta el interior de un bar. Una vez dentro del local, la diputada bolsonarista, aún encañonándole, le exige que grabe un vídeo disculpándose. "Cuando entré en el bar, quisieron que me tirase al suelo como si fueran policías", declaró Araújo al diario Folha de São Paulo.

Poco después de la persecución, y con los vídeos ya recorriendo las redes sociales, Carla Zambelli publicó otro en el que acusaba a Araújo de haberla agredido y escupido: "Utilizaron a un negro para agredirme", "me rodearon y me agredieron cuando salí de un restaurante", aseguraba.

Y en declaraciones a la prensa, la bolsonarista agregó que se trataba de un grupo de "unas seis personas que iban armadas". Algo que las propias imágenes grabadas demuestran que no es verdad. Ni iban armados, ni la rodearon, ni eran seis. Estaban solo Araújo y un amigo, que no iban armados, ni agredieron a nadie. Más bien, lo contrario.

Más allá del esperpento y la peligrosidad, la ilegalidad de la actuación de la diputada, que bromeó con Bolsonaro sobre asesinatos para defender el derecho a portar armas, reside en que existe una prohibición expresa del Tribunal Superior Electoral de Brasil a portar armas o municiones en las 24 horas previas y posteriores a un proceso electoral, incluso aunque se cuente con licencia reglamentaria. Zambelli podría enfrentarse a una condena por esto.

Pese a todas estas evidencias, que desmienten el relato de Carla Zambelli, numerosos medios, influencers y destacados políticos bolsonaristas han difundido la imágenes con la versión de los hechos distorsionada.

La falsa noticia ha llegado incluso a ser difundida por Flavio Bolsonaro, el hijo del derrotado Jair Bolsonaro e investigado por sus relaciones con grupos paramilitares en Río de Janeiro. "Carla fue agredida físicamente, empujada al suelo, escupida y insultada por un grupo de petistas. Así tratan los petistas a las mujeres. Si ella no tuviera un arma habría sido asesinada", dramatizaba en Twitter.

Y éste no fue el único tuit que publicó. Al menos seis han visto la luz desde su cuenta en la red social, haciéndose eco de la versión de Zambelli o haciendo referencia a los hechos falsos.

El 'Gabinete del Odio'

Carla Zambelli no es sólo una diputada bolsonarista próxima al todavía presidente en funciones, Jair Bolsonaro. Es una de las personas sancionadas por su pertenencia al denominado "Gabinete del Odio"; un grupo coordinado y organizado para inventar, publicar y difundir noticias falsas y discursos de odio. Todo con el objetivo de atacar a los adversarios políticos de Bolsonaro en los medios de comunicación y en las redes sociales, incluso mediante el uso de bots.

Este "gabinete del odio" es también protagonista de otro de los actos de violencia ocurridos durante esta campaña electoral. Hace unos días, el ex diputado Roberto Jefferson se atrincheró en su domicilio cuando iba a ser trasladado a prisión por incumplimiento sistemático de las condiciones del arresto domiciliario. Rifle en mano, abrió fuego contra los agentes, hiriendo a dos de ellos, tras realizar más de veinte disparos e, incluso, lanzar una granada. A diferencia de otros integrantes del "gabinete del odio" como Zambelli, Jefferson estaba bajo arresto por amenazas continuadas contra los jueces del Tribunal Supremo.

Retenes en los feudos petistas

Pero el acontecimiento que ha marcado el fin de semana electoral en Brasil ha sido protagonizado por la Policía. Durante la jornada electoral, numerosos agentes montaron retenes en los que detuvieron a más de 500 autobuses que transportaban electores a los centros de votación, precisamente en los graneros de votos del PT y muy especialmente al nordeste del país.

Según informó el diario Folha de São Paulo y han denunciado numerosas ONGs en defensa del cumplimiento de los derechos humanos, como Human Rights Watch, los retenes fueron realizados por la Policía Federal de Tráfico de Brasil (PRF), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, liderado por el bolsonarista Anderson Torres.

Según diversas fuentes, Torres habría estado recopilando numerosa información demoscópica con la que trazar un preciso mapa de los territorios donde Lula contaba con un apoyo electoral más fuerte.

Se trata de una actuación sobre la que, además, ya había advertido la autoridad electoral brasileña. El pasado sábado, el Tribunal Superior Electoral prohibió expresamente a la PRF realizar cualquier operación relacionada con el transporte público de electores para no entorpecer la votación.

Los retenes fueron finalmente disueltos después de que el presidente del TSE amenazara al director de la PRF, Silvinei Vasquez, con una multa de 100.000 reales –unos 18.900 euros– por cada hora que se prolongaran los retenes, la suspensión de sus funciones y el arresto. El propio Vasques publicó, la noche del sábado, en Instagram un post en apoyo a Bolsonaro que borró posteriormente: "Vote 22. Bolsonaro presidente".

Aunque en los últimos días el protagonismo se lo han llevado esta serie de situaciones que se pueden calificar de criminales, con el 51% de los votos, Lula se ha alzado como el ganador de las elecciones presidenciales en Brasil abriéndose paso, una vez más, la democracia sobre la violencia política.