Los magistrados rechazan la reforma judicial de Sarkozy

El presidente francés Nicolas Sarkozy desveló este miércoles planes para reformar del sistema judicial francés. Y las peores pesadillas de las asociaciones y de sindicatos de magistrados se cumplieron: Pretende suprimir la única figura realmente independiente del aparato jurídico, el juez de instrucción, sin plantar garantías sobre la creación de nuevos futuros contrapesos para aquellos acusados que no pueden pagarse abogados privados caros.

Una manifestación de unos cien magistrados esperó a Sarkozy a su llegada a la Corte de Casación dónde pronunció el discurso que fue filtrado al diario Le Monde y había corrido como un reguero de pólvora. Un diputado de la oposición alertó sobre la "tentación autoritaria" del presidente.

Actualmente, para ese 4% de casos que tienen que ver con crímenes, delitos graves, escándalos financieros o políticos, terrorismo o temas de sanidad pública, todo el edificio jurídico francés reposa sobre la independencia estatutaria del juez de instrucción, que dispone del inmenso poder de dirigir las investigaciones relacionadas con un sumario.

El juez de instrucción tiene una obligación sacrosanta frente a los fiscales, que en Francia reciben el nombre de "Parquet". Estos dependen directamente del ministro y a menudo buscan inculpar al máximo y cargar las máximas penas. El juez de instrucción debe dirigir las investigaciones con imparcialidad, buscar "la manifestación de la verdad" y trabajar tanto las pistas que cargan la posible culpabilidad del sospechoso, como las pistas que disculpan al presunto inocente.

El sistema que debe garantizar una relativa equidad con los acusados que no tienen dinero para pagar una buena defensa privada, está lejos de ser perfecto. Por ejemplo, se decía que el juez de instrucción, figura existente desde hace 200 años, era "el hombre más poderoso de la República". Un error judicial espectacular de un juez de instrucción en 2004 con un caso de supuesta pedofilia abrió la caja de pandora de la reforma lanzada ahora.

Según los sindicatos de magistrados, la reforma es un remedio peor que la enfermedad. El presidente quiere que, a partir de ahora, el juez de instrucción no dirija las investigaciones del sumario, sino que sólo supervisaría esas pesquisas. Estas quedarían enteramente bajo la responsabilidad del Parquet, es decir, de los fiscales que reciben órdenes directas del ministro.

Los sindicatos y asociaciones de derechos civiles temen que se introduzca un sistema al estilo anglosajón, en el que todos los ministerios públicos instruirían de forma "acusatoria", y sólo los acusados con medios suficientes podrían pagarse una defensa seria.

Los sindicatos de magistrados insistieron en un punto: Si Sarkozy hubiera anunciado la supresión del juez de instrucción y, en paralelo, medidas para garantizar la independencia de la fiscalía, la reforma hubiera sido aceptable. Ahora los franceses se encuentran frente a "un ataque a los fundamentos de la separación de poderes", dicen.