Desde que Marruecos rompiera el alto el fuego hace algo más de un año en el Sáhara Occidental y estallara de nuevo la guerra, la represión en los Territorios Ocupados por el reino alauita se ha recrudecido. Hasta 160 vulneraciones derechos civiles y políticos han sido cuantificadas y contextualizadas en el informe Visibilizando la ocupación en el Sáhara Occidental elaborado por la Federación de Asociaciones Catalanas Amigas del Pueblo Saharaui (ACAPS), que agrupa a las entidades catalanas solidarias con la lucha del pueblo saharaui en Cataluña, y NOVACT (Instituto Internacional para la No-violencia Activa).

"Se ha dado una vulneración cada dos días, lo que es una cifra bastante escandalosa", advierte Nora Miralles, coordinadora de este estudio que ha contado con el apoyo de la Asociación de Familiares de Presos y Desparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y del Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. "La dinámica de represión por parte de Marruecos que venía existiendo se ha recrudecido", afirma Miralles.

Este estudio, que es fruto del trabajo colectivo de una veintena de activistas de los Derechos Humanos (DDHH) que arriesgan sus vidas para documentar estas vulneraciones en los Territorios Ocupados, revela cómo la represión se extiende a mujeres y menores; 17 de los 20 menores víctimas de esa hostigamiento han sido detenidos arbitrariamente, siendo especialmente llamativo el caso de una niña de 12 años sacada de su escuela. La mitad de los menores afectados por vulneraciones afirman haber sido torturados o agredidos físicamente a manos de la policía.

Según se detalla en el documento, buena parte de las vulneraciones, que mayoritariamente se producen en las localidades de El Aaiún, Bojador, Smara y Dajla, coinciden con acontecimientos específicos; así el 17% de ellas se produjo como reacción a la ruptura del alto el fuego, del 13 al 30 de noviembre de 2020. Otras fechas en las que se registran picos violentos han sido el aniversario de la fundación del Frente Polisario o las protestas de apoyo a la presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa los DDHH y en Contra del Expolio de los Recursos Naturales, Sultana Jaya, que permanece en arresto domiciliario en Bojador desde hace más de un año.

Violaciones a mujeres

El informe detalla cómo en el 61,3% de los casos las víctimas del hostigamiento fueron hombres, frente al 38,7% de las mujeres. Miralles indica que "muchas mujeres han visto vulnerados sus derechos no por el hecho de ser mujeres sino por ser activistas, pero al producirse en el ámbito privado, sus familiares también se han visto afectadas". Y es que las detenciones arbitrarias -incluyendo el arresto domiciliario- suponen cerca de un tercio de las vulneraciones, a las que hay que añadir el allanamiento e injerencia ilegal en domicilio. Sólo entre los días 13 y 15 de noviembre de 2020 se allanaron las casas de 23 familias saharauis y de miembros del medio de comunicación Équipe Média.

Miralles explica que "las amenazas de violación son algo común en las detenciones arbitrarias pero en las mujeres tiene mucha más incidencia la agresión sexual, es decir, no la amenaza sino la consumación de la misma". El caso de Sultana Jaya, que llegó a ser violada por paramilitares marroquíes, tan sólo es la punta del iceberg.

El informe detalla hasta 83 denuncias por torturas, trato inhumano, cruel y degradante o agresión física por parte de las fuerzas de seguridad, como sucedió con los activistas Ali Saadouni y Noureddin El Aargoubi, arrestados el 10 de noviembre de 2020 por agentes de paisano, para ser sometidos a torturas físicas y psicológicas y ser arrojados del coche posteriormente en una zona remota a las afueras de El Aaiún, en condiciones deplorables.

En otro caso, el relato de las víctimas describe cómo los policías les vendaron los ojos, les pusieron cinta adhesiva en la boca y les golpearon en la cara y el cuerpo, antes de llevárselos a dependencias policiales, donde continuaron siendo torturados durante horas, amenazados con ser violados o, incluso, asesinados. Terminarían siendo abandonados, por separado, en una zona desértica a 120 kilómetros de Bojador. En 19 de las 53 detenciones arbitrarias recogidas en el informe se denunciaron torturas, malos tratos u otros tratos degradantes e inhumanos.

Muchas Sultanas Jaya

Mina Baali, miembro de Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos (ASVDH) y de la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), es junto con Sultana Jaya una de las caras de las víctimas de esta represión que ha conseguido romper el silencio mediático. Tal y como se refleja en el informe, el pasado mes de mayo fue sometida a un arresto domiciliario ilegal en su casa de El Aaiún tras haberse sumado a la campaña Mi bandera encima de mi casa, ondeando la bandera saharaui desde la azotea de su casa.

Baali relata a Público cómo "tan sólo una hora después, los agente marroquíes irrumpieron en mi casa, rompiéndolo todo y llevándose cualquier cosa con la que pudieran incriminarme manipulándola". Los hechos sucedieron delante de su hijo de 14 años, que presenciaba la escena aterrorizado, viendo cómo la policía marroquí forcejeaba con su madre.

Baali, que cuenta con una larga trayectoria como activista y fue detenida en dos ocasiones, cuando tan sólo contaba con 16 y 18 años, afirma que "no recordaba una violencia así desde 1992", en una de las ocasiones que terminó en prisión. La saharaui tomó la decisión de mandar a su hijo con su tía y, de ese modo y pese al arresto, seguir subiendo a la azotea para ondear la bandera. La policía, entonces, optó por amenazar a la tía con quitarle la pequeña paga que reciben las familias saharauis que tienen prohibido trabajar, a menos que Baali cesara sus manifestaciones.

Fueron días en los que las autoridades marroquíes no sólo dejaron sin luz a la activista, sino a todo el vecindario para que no pudiera retransmitir –también le sustrajeron los dispositivos electrónicos–, atrancando desde fuera puertas y ventanas. "Perdí la noción del tiempo, guiándome únicamente por algunas vecinas y por el llamamiento al rezo", indica.

El asedio a Baali ya ha sido levantado, si bien continúa con estrecha vigilancia y tiene prohibido visitar a Sultana Jaya en Bojador. A Baali le atormenta sentir que "estoy haciendo madurar a mi hijo antes de tiempo".

Romper el muro de silencio

Por otro lado, una de cada tres vulneraciones recogidas supone la privación de libertad resultante del ejercicio de derechos como la libertad de expresión y reunión pacífica. Hasta 44 vulneraciones de estos derechos, que afectarían a más de 70 personas, se incluyen en este exhaustivo documento, en el que también se llama la atención sobre el ataque a los medios de comunicación.

Tras la aprobación en 2016 del artículo 267-5 91 del Código Penal marroquí, cualquier expresión que pueda constituir una amenaza a la integridad territorial del Reino, en el que se incluye el Sáhara Occidental ocupado, puede ser castigado con la suspensión y el bloqueo de los medios de comunicación y penas de prisión de 6 meses a 2 años de cárcel y/o a una multa de 20.000 a 200.000 dirhams. Periodistas y activistas de Équipe Média, RASD TV, Nushatta Foundation, Smara News o Al Gargarat, además de numerosos blogueros y blogueras, terminan siendo hostigados, amenazados y detenidos.

Este muro de silencio se ve reforzado con el que se extiende en Europa. Miralles lamenta cómo se ignoran las denuncias de violaciones de DDHH que emiten diversas organizaciones con informes similares a este. "Ya no es que nos pase a nosotras, sino que también le sucede a las propias relatoras de la ONU y no se genera un cambio". La coordinadora del estudio hace referencia a la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, que el pasado mes de julio emitió un informe denunciando la "intimidación, acoso, amenazas de muerte, criminalización, abusos físicos y sexuales, amenazas de violación y vigilancia" por parte de Marruecos, al que instaba a "dejar de atacar a los defensores de Derechos Humanos y a los periodistas por hacer su trabajo y a crear un ambiente en el que puedan realizar dicho trabajo sin miedo a represalias".

"Ahora mismo no interesa dar una respuesta a eso para que no les comprometa bilateralmente con Marruecos", continúa Miralles, que se sorprende de que, incluso con los pocos casos que saltan a la prensa como los de Jaya, no exista una respuesta por parte de la Comunidad Internacional. "Con ello se está lanzando un mensaje de impunidad, de que se pueden seguir cometiendo este tipo de vejaciones sin que ello implique ni sanciones ni un cuestionamiento público por parte de la UE, EEUU, Francia, España…".

Como resultado de ello, Miralles teme la aparición de cierto hastío, no sólo en las filas de las ONGs sino de las propias activistas saharauis, "que dejen de verle el sentido a que realmente se sistematice toda esta información, porque no hay una respuesta a la altura". No es el caso aún de activistas como Mina Baali, que concluye que "tanto el mensaje de Sultana como el de todas las que la apoyamos es que la gente y muy especialmente la prensa sepan lo que está sucediendo por lo que nosotras retransmitimos jugándonos la vida, y se pregunten por qué ellos no pueden venir siquiera hasta aquí para contarlo en primera persona. Nosotras agrietamos así el muro de silencio, pero solas no podremos derribarlo".